Opinó antes de que se resolviera un juicio de amparo, denuncia la defensa

Recomienda juez extradición de 6 vascos

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En violación a una suspensión definitiva que impedía emitir una opinión jurídica en tanto no terminara un juicio de amparo, y sin tomar en cuenta diversas irregularidades, el juez segundo de distrito en materia penal, César Flores Rodríguez, consideró procedente la extradición de seis ciudadanos vascos (uno de ellos naturalizado mexicano), detenidos durante la llamada Operación Donosti, que emprendieron de manera simultánea autoridades de México y España en julio de 2003.

La defensa de los ciudadanos de origen vasco anunció que este mismo jueves presentará un recurso jurídico ante el Poder Judicial Federal, denunciando la violación a una suspensión definitiva y las irregularidades cometidas dentro del juicio de extradición.

Pasadas las siete de la noche, Asier Arronategui (naturalizado mexicano), Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Juan Artola, María Asunción Gorrotxategui y José María Urquijo fueron notificados por el juzgado segundo de distrito que la decisión final de su extradición queda en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tras conocer la decisión judicial, la abogada Bárbara Zamora, defensora de los seis ciudadanos de origen vasco, expresó: ''el juez Flores Rodríguez es un lacayo de la Procuraduría General de la República (PGR); hizo todo lo que Ministerio Público Federal le solicitó, incluyendo la no revisión de las excepciones presentadas por esta defensa y en las cuales existen muchas pruebas de que los acusados por el gobierno español no son, como dicen, colaboradores de ETA ni tampoco sus lavadores de dinero".

La abogada criticó la actuación del representante del Poder Judicial, pues aseguró que en el juicio de extradición existe un cúmulo de irregularidades, que van desde la aceptación de un documento que sólo tenía validez si lo firmaba la embajadora de España en México, pero que fue signado por un representante comercial de ese gobierno.

Los seis ciudadanos de origen vasco fueron detenidos por la PGR -junto con tres mexicanos- acusados de formar parte de una célula de ETA que operaba desde México y que habían participado en la adquisición de 180 temporizadores electrónicos que servirían para la elaboración de artefactos explosivos.

Pese a que en un principio la PGR aseguró que los tres mexicanos habían colaborado con los vascos para realizar operaciones de lavado de dinero y otras actividades ilícitas, fueron puestos en libertad al no tener elementos de prueba.

Sin embargo, los seis ciudadanos de origen vasco fueron solicitados en extradición acusados de formar parte de una red de financiamiento de ETA, aunque en términos legales se tradujo en "pertenencia a banda armada y blanqueo de capitales".