Mafias y jerarquías administrativas, en contubernio con trasnacionales, acusan

En Pemex se despide a todo el que estorbe en la privatización silenciosa: trabajadores

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Con tal de defender los contratos de servicios múltiples (CSM) y de seguir entregando el sector energético del país a las trasnacionales, el gobierno mexicano no sólo viola la Constitución, sino que le perdona el pago de impuestos a algunas empresas como a Repsol y ha emprendido una burda persecución contra los trabajadores que se oponen a la participación del capital extranjero en esta actividad.

Armando Etcheverry, de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, y Carlos Rodríguez Canchola, secretario general de la sección de refineros del mismo sector, denunciaron ayer una serie de violaciones legales y laborales en que está incurriendo el gobierno de Vicente Fox con tal de seguir abriendo las puertas del sector energético a los extranjeros.

Establecieron que los trabajadores de confianza de Pemex afiliados a esta organización, al presentar una demanda de nulidad del contrato que el gobierno firmó con Repsol, provocaron una fuerte reacción de las autoridades contra sus miembros. Esto, y el haberse atrevido a solicitar el registro sindical, ha generado que se estén haciendo un sinnúmero de despidos y de rescisiones de contratos contra ingenieros, técnicos y otros trabajadores de nivel medio.

Etcheverry planteó que en el contrato de Repsol se establece que la empresa no va a pagar el impuesto al valor agregado (IVA); que el plazo del convenio puede ir más allá de los 20 años según lo estime pertinente esta compañía; que Pemex puede rechazar algunas partes del convenio ''pero no puede imponer su punto de vista'', y que el perito para dirimir diferencias será un agente extranjero, que es la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París.

Adicionalmente, con estos contratos México pierde el control de la exploración, algunos servicios pueden a su vez ser subcontratados por la empresa, y no se le ponen límites de obligación de mantenimiento cuando hay plantas que están en riesgo inminente, como en el sector de Salamanca, donde se han detectado fallas en mil 200 tubos de distribución.

Además, a esta compañía se le entregó la licitación prácticamente sin concurso y sin importar que esta trasnacional tuviera demandas laborales en Argentina por incumplimientos, o que en Colombia se le asocie con negocios no transparentes e incluso que haya contratado guardias blancas para que se cuiden sus instalaciones.

Pero todas esas agravantes no importan para los funcionarios mexicanos, porque lo que buscan es proteger al capital extranjero y arremeten contra los trabajadores, entre los cuales se lleva a cabo una ''represión que no tiene precedentes''.

En los últimos meses se despidió a los principales dirigentes de la unión, así como a todo el comité ejecutivo de la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, como señaló Carlos Rodríguez Canchola.

Planteó que en realidad las autoridades de la Secretaría del Trabajo y de Pemex están en contubernio, no sólo para evitar la organización de los empleados al negarles el registro de los sindicatos que han propuesto, sino también para despedir ''a todos los que les estorben'' en el camino de la privatización silenciosa de Pemex.

Señaló que realmente es preocupante lo que está sucediendo al interior de Petróleos Mexicanos, donde las grandes mafias y la jerarquía administrativa están en plena complicidad con las trasnacionales. La respuesta ante tanta irregularidad en la paraestatal, donde el capital privado internacional está tomando el control de posiciones estratégicas, es una: se está violentando el estado de derecho del país, remarcó este trabajador.