El sindicato emplaza a huelga; caso semejante en el IPN

Insisten las autoridades de la UAM en eliminar los Cendis

JOSE GALAN Y PATRICIA MUÑOZ

Los trabajadores de dos importantes instituciones públicas de educación superior enfrentan las políticas de restricción presupuestal impulsadas por autoridades educativas y universitarias. En la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN persiste la amenaza de cerrar los centros de desarrollo infantil (Cendis) o jardines de niños "por falta de dinero", en detrimento no sólo de la preparación de los pequeños sino también de los acuerdos plasmados en los contratos colectivos de trabajo.

En el Cinvestav se manifestaron ayer padres de familia -catedráticos, trabajadores de apoyo y administrativos- frente al jardín de niños en busca de una actitud conciliadora por parte de las autoridades del centro, sin respuesta positiva hasta el momento, mientras que en la UAM el sindicato tuvo que doblar las manos ante la presión de sus agremiados y emplazar a la universidad a huelga a partir de octubre en caso de que persista en su intención de cerrar los Cendis en las tres unidades.

En el caso de la UAM, el problema tiende a crecer, ya que no sólo están incluidos los Cendis sino también las autoridades buscan afectar seis secciones en tres bibliotecas; el sindicato critica también la disminución en el monto de las becas por permanencia de los académicos, además de violaciones a los derechos laborales en el departamento de intendencia de la unidad Azcapotzalco.

Por ello, el secretario general del SITUAM, Rodolfo Pérez Ruiz, anunció en conferencia de prensa que la organización de trabajadores decidió, en el pasado 28 congreso general de trabajadores, emplazar a huelga a esa casa de estudios para el 21 de octubre a las 23 horas, y que los próximos 14 y 15 de julio realizará una consulta a la comunidad universitaria sobre la gestión del rector Luis Mier y Terán.

"En el conflicto de los Cendis la postura de las autoridades ha resultado inamovible, y han reiterado su pretensión de cancelar esos centros -que atienden a 452 niños de edades entre 3 meses y 6 años-, con lo que se violaría el contrato colectivo de trabajo, particularmente la cláusula 193. A pesar de haber mantenido cinco rondas de negociaciones, no hay avance, y la estrategia de las autoridades se centra en simular una negociación a fin de justificar el cierre de esos tres centros educativos para el mes de agosto, en pleno periodo vacacional".

En el caso de las bibliotecas, las autoridades han anunciado su intención de cerrar seis secciones y afectar a 60 trabajadores pero, además, "han diseñado un esquema laboral para que la materia de trabajo que realizan esos mismos trabajadores de base se contrate con empresas ajenas a la institución".