Deben conocer todos el proyecto de ley de cultura del CNCA, dice el especialista

Embate de multinacionales podría acabar con industrias culturales, alerta Cottom

ARTURO JIMENEZ

No es un mito afirmar que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) es ''ilegal", o al menos es una ''verdad a medias", dice el antropólogo y jurista Bolfy Cottom, para quien ''ha faltado humildad y ha sobrado soberbia" al querer imponer una propuesta de ley de cultura que se erija por encima del fenómeno cultural y de la propia realidad.

Según Cottom, director del Seminario sobre Patrimonio Cultural de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es ''inaceptable" que se argumenten ordenamientos legales para no dar a conocer dicho documento a la comunidad cultural, artística, académica y laboral del país.

El investigador y profesor coincide con la necesidad de legislar sobre las industrias culturales, pero advierte que debe hacerse con precisión porque las multinacionales podrían acabar con las industrias cinematográfica, editorial y musical de México.

Cottom comenta en entrevista sobre el polémico proyecto de la ''Ley de Fomento y Difusión de la Cultura", propuesto al Ejecutivo por la titular del CNCA, Sari Bermúdez, para su posible aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, y cuyos puntos principales reveló este diario (La Jornada, 1/07/ 04).

Coautor con el maestro Julio César Olivé de INAH, una historia y Leyes estatales en materia de patrimonio cultural, cada uno en tres tomos, señala:

''Quizá el CNCA esté perdiendo, si no es que ya ha perdido, la oportunidad de abrir un diálogo franco, serio, profesional, incluyente y democrático para poder normar la cultura en este país junto con los involucrados, afectados y beneficiados que están inmersos en el quehacer cultural nacional."

Y argumenta: ''El proyecto de ley de cultura lo deben conocer todos. Eso sería un elemento democratizador y no tendría nada de malo. Justamente la fuerza, la credibilidad y la legitimidad de un ordenamiento legal, es su capacidad de confrontarse con la realidad".

Sí puede darse a conocer

Argumentar que existen ordenamientos legales que impiden al CNCA consultar su propuesta de ley con la comunidad cultural, dice, es ''inaceptable".

No se está pidiendo, continúa, que se cambie el procedimiento jurídico para impedir el cabildeo legislativo, sino que se critica la falta de una discusión abierta previa y posterior a la redacción de dicho documento.

Además, aclara que aún se trata de ''un documento de trabajo que se está construyendo" y que por ello puede someterse a la consideración de la comunidad cultural y artística mientras no comience el procedimiento formal de entrega.

Lo criticable, abunda, es cómo se construyen argumentos, pues una cosa es el procedimiento legal que deberá seguir esa propuesta y otra es la necesidad de que la ciudadanía conozca y opine sobre dichos planteamientos.

''En técnica legislativa, una ley guiará la conducta de la sociedad gobernada, a decir qué puede y qué no puede hacer. Lo mínimo, entonces, es que una propuesta que va a normar conductas, debe ser conocida por los beneficiados, los perjudicados y los involucrados en esa materia."

Sobre todo, indica, en un sistema democrático y con un gobierno que se asume como del cambio y quiere marcar distancia de la forma como se hacían las cosas en los gobiernos priístas.

Las autoridades del CNCA, comenta, dicen que se consultó a ciertas personalidades del medio cultural, pero debe verse qué de lo que se consultó está reflejado en la propuesta de ley de cultura. El riesgo, señala, es que se podría legitimar un proyecto que en el fondo no tiene esa legitimación.

''Hoy ya no es suficiente consultar a dos o tres personajes, que son fundamentales y sin duda se tienen que escuchar. Tiene que avanzarse hacia escuchar a órganos de representatividad y atenderse el desafío de crear métodos de escucha y de atención a las instituciones culturales.

''Es el momento de tratar de remediar el asunto, de que haya mesura. No se trata de condenar a nadie ni de despotricar en contra de nadie, sino de llamar a la cordura en el sentido de que la cultura es fundamental para la vida del país."

Grave situación de las zonas arqueológicas

Respecto de la necesidad de legislar sobre el apoyo a las industrias culturales, dice que comparte la atención a ese rubro tan importante. Pero el problema no es ése, sino cómo se legisla, agrega.

''Si hay un interés justamente en este momento es fortalecer, estimular y coadyuvar al funcionamiento de las industrias culturales de carácter nacional, como la cinematográfica, la editorial y la musical, las cuales viven un embate impresionante por las multinacionales y están en situación de apremio."

Y menciona también el ejemplo de la ''grave" situación que viven las zonas arqueológicas del país.

''Están surgiendo empresas que manejan la idea de parques temáticos y se están aprovechando de esos espacios culturales de todos los mexicanos para montar una especie de feria o parques de diversión al estilo Disneylandia, que definitivamente matan su carácter cultural e histórico."

Verdad y mentira

''El CNCA -explica Cottom- no es ilegal, porque deriva de una facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo en el artículo 89 fracción I de la Constitución, para crear un órgano mediante decreto presidencial.

''El CNCA es legal en tanto que deriva de una facultad prevista la Constitución. Pero el problema no es ése, pues se trata de un argumento que se convierte en una especie de falacia. El problema es que en el desempeño de sus funciones, sí actúa de manera ilegal."

Cottom dice que existe un estudio de los trabajadores del INBA que demuestra jurídicamente cómo el CNCA duplica funciones en rubros como la educación artística o la promoción de las artes. ''Ahí hay una cuestión que jurídicamente es, por lo menos, discutible en relación con las funciones que desempeña el CNCA".

En el decreto de creación de esa instancia, sigue, se menciona que va a desempeñar funciones de coordinación respecto de las entidades paraestatales.

''Pero después, en un concepto genérico, dice que también desarrollará las mismas respecto de las instituciones culturales del país. Pero en ningún momento menciona explícitamente órganos desconcentrados de la administración pública que desempeñen funciones en materia de cultura.

''Dice 'conjuntar' esos esfuerzos, pero no 'suplantar' la personalidad jurídica ni 'decidir' respecto de estos órganos que tienen personalidad jurídica, autonomía técnica e inclusive autonomía de gestión."

El INAH, el INBA y el propio CNCA dependen del secretario de Educación Pública. Y no es posible, opina Cottom, pensar que el CNCA desempeñe funciones del titular de la SEP.