Gobierno de las empresas

Georgina Howard

A raíz de los escándalos de Enron, Merck y WorldCom, el Congreso de Estados Unidos elaboró y aprobó en 2002 la Ley Sarbanes-Oxley, con la que se establece un sistema de supervisión aplicado a las empresas inscritas en la bolsa de valores de ese país.

Tras los grandes quebrantos financieros de algunas corporaciones y para evitar más crisis empresariales, la administración del presidente George W. Bush, así como algunos países de la Unión Europea, buscaron replantear el papel de la reglamentación en lo que se conoce como gobierno corporativo (corporate government, en inglés).

Aunque el marco legal se considera indispensable, la regulación por sí misma no garantiza un buen gobierno corporativo. Este se asocia con el resultado de lo que debería ser el propósito fundamental de la empresa, es decir, la supervivencia de la organización a largo plazo, la rentabilidad para los accionistas y la responsabilidad con la sociedad.

Una de las prioridades actuales de las grandes empresas en todo el mundo es la creación de estrategias de gobierno corporativo, en especial las dirigidas a generar fortalezas económicas y financieras. Tan es así que, según revela un estudio de Price Waterhouse Coopers, una de las mayores firmas de auditoría del mundo, más de la mitad de los grandes corporativos están invirtiendo en ello.

Esta ola de transparencia en la administración de las empresas también llegó a México; en 1999 se formó el Comité de Mejores Prácticas Corporativas a instancias del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Las bases de esta práctica se insertaron en la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, con aplicación obligatoria para las empresas.

Sin embargo, no todas han avanzado en la aplicación de los conceptos del gobierno corporativo, que incluyen un más elevado estándar reglamentario, la transparencia en la información y la protección al accionista minoritario.

De las 23 recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) diseñadas para buscar el cumplimiento de las normas de gobierno corporativo, México sólo ha cumplido con tres: los mecanismos de adquisición del control accionario de las empresas; la prohibición para que empleados, directivos o accionistas usen información privilegiada en beneficio propio, y el acceso a información divulgada de manera más precisa y con oportunidad sobre los hechos relevantes que afectan a la compañía.

Otras recomendaciones se han cumplido parcialmente y en dos no hay avance: el costo-beneficio del voto de los accionistas y la divulgación de intereses de los integrantes de consejos de administración.

Para la firma Spencer Stuart, que elaboró un diagnóstico del estado actual del proceso de gobierno corporativo en el país, uno de los problemas de México es la falta de institucionalidad de las empresas y una clara división entre las funciones y atribuciones de la asamblea de accionistas y del consejo de administración, pues está constituido generalmente por los mismos accionistas.

Florencio López de Silanes, director del Instituto de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale (Estados Unidos), señala que una efectiva entidad de este tipo permite incrementar el valor de la empresa y asegurar los intereses de los accionistas.

No es raro encontrar en México consejos formados por secretarios de Estado, presidentes de los grandes consorcios que no contribuyen de modo real al mejor manejo de la empresa.

El esfuerzo de las empresas mexicanas al respecto ha cristalizado en la creación del Centro de Excelencia de Gobierno Corporativo, cuya misión es promover las acciones entre los consejeros y directivos que permitan acceder y aplicar las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo.

Pero en las instituciones del sector público -organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal mayoritaria- la aplicación de dichos conceptos no se ha dado como debiera, indica Adalberto Palma, especialista en el tema.

Hace falta, comenta, modificar la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que ingresen en los consejos de administración personas independientes para que se exprese la visión moderna del gobierno corporativo que prevalece en el entorno mundial. No es cuestión de números, insiste, sino de ética y de rendición de cuentas claras.

Se refiere a casos como el de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la banca de desarrollo, donde el gobierno elude la aplicación de las reglas que, en cambio, sí exige a las empresas que cotizan en el mercado de valores.

Hasta ahora, salvo la propuesta que el presidente Vicente Fox impulsó al inicio de su gobierno para que ingresaran en el consejo de administración de Pemex personas conocidas en el ámbito de los negocios -como Carlos Slim y Lorenzo Zambrano- que no tenían relación ni con el gobierno ni con el sector y que, por cierto, no prosperó pues la legislación lo impide, no se ha hecho un esfuerzo para que dichas entidades mejoren sus sistemas de rendición de cuentas.

Tan es así, apunta Adalberto Palma, que la mayoría de las empresas estatales carecen de la figura de consejeros independientes; la toma de decisiones recae en una sola persona que es propuesta por el Presidente de la República y ratificada por el Senado.

Además, se genera un verdadero conflicto de intereses, porque hay instituciones que participan en los consejos de dichas empresas descentralizadas, que son las que regulan y vigilan, lo que influye de manera importante en la información que se hace pública. Claro ejemplo de ello es lo que pasa en la Lotería Nacional, donde el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, es responsable de aplicar regulaciones a esa entidad, de la que también es integrante del consejo directivo.

Otro caso se refiere a la crisis por la que atraviesa el IMSS y que pudo haberse prevenido con una adecuada rendición de cuentas mediante la participación de consejeros independientes, de acuerdo con el experto consultado.

Todo ello, explica Palma, impide una adecuada evaluación del funcionamiento de los órganos de gobierno y no se asume la responsabilidad de rendir cuentas claras a la sociedad y a los mercados, ya que muchas entidades emiten bonos.

En algunos organismos públicos sí hay consejeros independientes, como en Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el IMSS, pero éstos no tienen el número suficiente para constituir un contrapeso a las decisiones que toman los funcionarios públicos.

De acuerdo con Palma, las debilidades actuales del gobierno corporativo en las empresas públicas surgen por falta de disciplina impuesta por los mercados y por carencia de incentivos económicos para los participantes.

Explica que hay una débil presión externa por parte de los mercados internacionales, ya que se considera la deuda emitida por entidades como Nafin, Bancomext o Pemex de carácter soberano, o sea, garantizada por el Estado, así se tiene un acceso indiscriminado a los fondos públicos para no caer en la quiebra, y la contradicción entre los objetivos que se plantean y la situación financiera devienen en asunto de decisiones políticas.

De acuerdo con Price Waterhouse Coopers, de 100 empresas mundiales entrevistadas para una encuesta, 81 por ciento se dijo interesada en las prácticas del gobierno corporativo, ya que lo consideran importante para ser sustentables y lograr buenas condiciones económicas que beneficien también a los empleados.

Mark Watson, ejecutivo de McKinsey, agencia de consultoría empresarial internacional, sostiene que aun cuando en México y otros países de América Latina se ha avanzado en estos temas, tratando de acercarse a los estándares internacionales, prevalece un gran rezago.

Si bien México tiene una posición sobresaliente entre los mercados emergentes por la transparencia de sus empresas, la composición de los consejos de administración de las firmas locales limita la posibilidad de que reciban inversión extranjera, debido a que no todas las compañías presentan de manera clara y con estándares internacionales su contabilidad y los resultados de sus operaciones.

Un factor importante, señala Watson, es que hay poca protección para los pequeños accionistas, porque una gran mayoría de los consejos de administración en México son controlados de manera familiar.

De acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), los consejos de administración no deben estar conformados en su mayoría por consejeros independientes, ya que la ley sólo habla de 20 por ciento. Además, porque muchas veces no conocen el negocio y si una mayoría son independientes pueden tomar una decisión errónea y poner en riesgo el futuro de la empresa.

En América Latina, dice Watson, todavía es muy marcada la presencia de miembros de familias en los altos puestos de dirección y gerencia de las empresas.

La AMIB acota en este sentido mediante una certificación del funcionamiento del mercado que evite el surgimiento de un conflicto de intereses. Así, la BMV tiene la capacidad de suspender a las emisoras que no entregan información con criterios de transparencia, con la finalidad de resguardar la situación de los inversionistas minoritarios.

Para ello se elevó a nivel de ley la obligación de las empresas de presentar reportes anuales, con la descripción del negocio y de los factores apreciables de riesgo que enfrenta. A ello se agrega, comenta Watson, que en México, a diferencia de otros países, se exige a las empresas señalar el grado de adhesión que tienen al Código de Prácticas Corporativas que emitió el CCE para dar mayor confianza a los inversionistas.

Existen también, según señala la AMIB, cambios específicos en la Ley del Mercado de Valores para reglamentar las ofertas públicas de adquisiciones, con la exigencia a los accionistas (los insiders) de informar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre los movimientos que afecten las condiciones de oferta y sobre las posiciones personales que mantienen en la empresa.

El relativismo cultural

La consultoría McKinsey ha resaltado que muchos países de América Latina tienen buenas leyes, pero están todavía por debajo de los estándares internacionales en materia de gobierno corporativo.

Ello obedece, señala, a que muchas empresas siguen siendo controladas por un puñado de familias, lo que dificulta su acceso a los mercados de capital. Por eso es que algunas compañías, como Telmex, Cemex o Femsa (embotelladora de Coca Cola y de las cervezas de la línea Cuauhtémoc-Moctezuma), buscan tener las mejores prácticas de gobierno corporativo.

No obstante, empresas como Peñoles y General Electric, aun cuando han sido reconocidas mundialmente por sus buenas prácticas de gobierno corporativo y por fomentar la conducta ética, enfrentan señalamientos de afecciones serias a la ecología y la economía, conforme al relativismo cultural de la OCDE, al cual define como la justificación para las empresas cuando incurren en actos que faltan a la regulación existente.

Un caso es el de General Electric, en Salamayuca II (Chihuahua), central termoeléctrica licitada en 1992. En ese entonces, la firma contó con 20 días para que firmara los contratos de la operación, pero la CFE y la otrora Secretaría de la Contraloría acordaron que el plazo se incrementara a mil 233 días.

Se le permitió, además, el ingreso de equipo no licitado y al final se aceptó una planta de menor capacidad de generación y se pagó una cantidad adicional de 350 millones de dólares.

Por cuanto hace a Met Mex Peñoles, el mayor productor y exportador de plata en el país, fue multado en 2001 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con 800 mil pesos por incumplir el plan de contingencias ambientales en Torreón (Coahuila). No sólo no pagó ninguna multa, sino que adquirió supuestamente un equipo anticontaminante por el que erogó 45 millones de dólares.

Rodolfo Loya Vera, autor de La corrupción gobierno-empresas en México investigación auspiciada por el Centro de Estudios Estratégicos de ITESM y que se presentó a la OCDE, destaca que el relativismo cultural es un fenómeno perfectamente arraigado como una manera de vivir. Estos son asuntos que corresponden al ámbito de la redefinición de las formas de gobierno corporativo.

En ese documento se hace ver que en México 22 por ciento del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales. Eso hace un monto anual de 228 mil millones de pesos. Según el estudio, poco menos de una tercera parte, esto es, unos 68 mil 400 millones de pesos, está asociado a costos de la corrupción.

Pero si a la suma se añade el costo de la corrupción en el ámbito privado, la cifra puede alcanzar 300 mil millones de pesos, casi 5 por ciento del producto interno bruto §