REPUBLICA DE PANTALLA

Jenaro Villamil

Las fronteras de la inseguridad

Ciudad Juárez, "problema de imagen"
Asesinatos contra periodistas, la otra narcoguerra sucia

MIENTRAS UN ESPECTACULAR y telegénico operativo policiaco se realizaba en nueve entidades con el despliegue de 25 mil efectivos y el Presidente de la República desgranaba en el Consejo Nacional de Seguridad Pública el ofertón de mil millones de pesos más para combatir la delincuencia (menos de uno por ciento de la deuda adicional autorizada para "salvar" a los grandes grupos financieros que cometieron el mayor atraco a las arcas públicas, sin que ninguna televisora convocara a marcha alguna por esta razón), en Ciudad Juárez, Chihuahua, el nuevo alcalde electo del PRI, la clase empresarial y las autoridades ministeriales daban una pequeña y tenebrosa muestra de la verdadera frontera de la inseguridad pública en el país: criticaron a distintos medios porque "dañan la imagen" de esta localidad y pretenden "lucrar" con los asesinatos de más de 360 mujeres.

EL NUEVO ALCALDE electo, Héctor Munguía, declaró que "no es correcto que esta ciudad sólo sea conocida a escala mundial por el asunto de las mujeres que han sido asesinadas (...) las muertes ocurrieron hace 12 años" (nota de Víctor Ballinas, La Jornada, 16 de julio de 2004, página 50). Sólo le faltó sugerir, con buen talante echeverrista, que ya "proscribieron" los delitos.

AL MISMO TIEMPO, Victoria Caraveo, en otra época una de las iniciadoras de la denuncia cívica de los crímenes, ahora como directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer denunció a Tv Azteca por su serie Tan infinito como el desierto, que a lo largo de la semana recreó en el horario de mayor audiencia, con exceso de lágrimas y no poca moralina, distintos pasajes de los expedientes del feminicidio, incluyendo el hallazgo de ocho cuerpos en un lote algodonero en noviembre de 2001. Según Caraveo, "las mamás de las víctimas están angustiadas porque en el documental se utilizan testimonios y fotografías que han sido presentados de manera inadecuada". Para la ex activista y ahora funcionaria la serie fue concebida "solamente como negocio, como forma de obtener dinero generando amarillismo informativo". Ella dice representar a 52 familiares de víctimas.

LOS ARGUMENTOS DE Caraveo no difieren, en esencia, de la posición de los maquiladores, de la Cámara Nacional de Comercio, de las autoridades ministeriales y del alcalde electo, quienes se indignan profundamente porque los recientes reportajes, documentales, libros y películas en torno a los crímenes (como la nueva cinta La virgen de Juárez o como sucedió con la obra Señorita extraviada, de Lourdes Portillo, quizá el mejor videodocumental realizado hasta ahora sobre los crímenes) "dañan la imagen" de la localidad. Para ellos ése es el fondo del problema: frenar el creciente interés mediático e informativo, invisibilizar y minimizar lo que consideran una "mancha", un "obstáculo" para que sigan fluyendo las inversiones. A final de cuentas, opinan en privado, muchas de las asesinadas son corresponsables de su destino, son simple "mano de obra" sustituible.

ESTA CONTRAOFENSIVA DE la "gente bien" juarense nos demuestra las dimensiones de la inseguridad pública en esta ciudad fronteriza y la expansión del feminicidio hacia otras como Nogales, Matamoros, Chihuahua, Agua Prieta, Nuevo Laredo y León, donde los expedientes de secuestros, crímenes y violencia contra las mujeres apuntan a un creciente clima de odio, prejuicio y misoginia que no se resuelve con ostentosos operativos de seguridad (buen número de policías y agentes judiciales son cómplices de las redes criminales que se han apoderado de esas ciudades) ni con el nombramiento de instancias cuyo objetivo sigue siendo el mismo: administrar el escándalo y no procurar justicia. El pasado 6 de julio la fiscal nombrada por la Procuraduría General de la República (PGR), María López Urbina, aseguró, sin aportar pruebas, que de las 4 mil 454 reportadas como desaparecidas en Ciudad Juárez, "sólo hay 35" y "las demás están vivas". El informe de la fiscal se suma a una cada vez más agresiva estrategia de intimidación y división entre las organizaciones no gubernamentales y la intención de maquillar las dimensiones del problema. La ruta de colisión ha llevado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a tomar una posición más firme en la denuncia de los delitos cometidos en torno al caso Ciudad Juárez y a que los medios radicalicen su cobertura frente a la contraofensiva de los grupos de poder juarense.

POR SI FUERA poco, en días pasados fue embargado el periódico El Norte de Ciudad Juárez, el cual se caracterizó por denunciar la fabricación de chivos expiatorios y sus reporteros fueron permanentemente hostigados para que revelaran sus fuentes sobre las investigaciones de los crímenes contra mujeres. Por su osadía, el rotativo enfrentó boicoteos publicitarios y amenazas tanto de autoridades panistas como priístas.

La narcoguerra sucia contra periodistas

EL CIERRE DE El Norte de Ciudad Juárez y los crímenes contra los periodistas Roberto Mora, director editorial de El Mañana, de Tamaulipas, el 19 de marzo, y del subdirector del semanario tijuanense Zeta, Francisco Ortiz Franco, serán por lo menos tres casos de nuevas agresiones contra informadores que se presentarán ante el relator especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Bertoni, que iniciará la próxima semana una visita extraoficial a México para entrevistarse con representantes de distintas organizaciones no gubernamentales y autoridades.

EN SU ESTANCIA anterior, al relator de la OEA le documentaron las violaciones constantes al secreto profesional de decenas de periodistas mexicanos que han sido citados por la PGR para que revelen sus fuentes. También se documentó el acoso a las radios comunitarias, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la inequidad prevaleciente ante el modelo de concentración mediática en la radio y la televisión mexicanas.

AHORA ES MUY probable que se enfrente a estos casos, que apuntan a una creciente narcoguerra sucia contra periodistas que han documentado la corrupción de las autoridades estatales y los cárteles de la droga.

LOS CRIMENES CONTRA Roberto Mora y Ortiz Franco han trascendido en la prensa internacional. Organizaciones como Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional han insistido en la trama de corrupción judicial que rodea ambos homicidios. En el primer caso, ha derivado en una soterrada crisis diplomática con Estados Unidos tras el asesinato de Mario Medina, un joven de origen estadunidense que fue torturado junto con su pareja, Hiram Oliveros, para incriminarse como autor de un "crimen pasional" contra Roberto Mora. El 23 de mayo, Mario Medina fue brutalmente apuñalado en el centro de readaptación social número 2. Su cuerpo presentaba 88 lesiones con arma punzocortante e indicios de abuso sexual. Las autoridades tamaulipecas y los medios estatales afines han promovido la versión de que los homicidios de Mora y de Medina fueron "crímenes entre homosexuales", negándose a investigar las constantes denuncias del directivo de El Mañana, en su columna firmada con el seudónimo El Puente. Esta intención de minimizar la gravedad del caso no difiere en mucho de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez con los expedientes de las mujeres desaparecidas y asesinadas.

TANTO EN TAMAULIPAS COMO en Tijuana, la mayor presencia delictiva se atribuye a dos poderosos cárteles -el de los Arellano Félix y los herederos de Amado Carrillo- y al grupo de sicarios conocido como Los Zetas. En su edición del primero de julio, el semanario Zeta publicó un amplio reportaje en el que señalaba a los principales sospechosos del homicidio de Ortiz Franco: tres miembros de Los Zetas, un equipo del barrio Logan y Jorge Hank Rhon, el señor de las apuestas que ahora pretende gobernar Tijuana.

EN MAYO PASADO, Ortiz Franco publicó en el número 1564 del semanario, dirigido por Jesús Blancornelas, un reportaje titulado: "Más de 70 mil dólares costaron las credenciales a sicarios del cártel Arellano Félix", en el cual reveló que personal de la procuraduría estatal intervino junto con un sicario de Ismael Higuera Guerrero, El Mayel, para comprar las "charolas" que protegieran a los sicarios.

EN SU ARTICULO "El odio contra periodistas", escrito poco después de conocerse el homicidio de Roberto Mora y antes del crimen de su colega Ortiz Franco, Jesús Blancornelas insistió en que desde agosto de 2002 "un reducido grupo insistimos ante el Presidente de la República: crímenes y agravios a periodistas deben tipificarse como delito federal. Mientras permanezcan bajo investigación estatal, se dificultará. En muchas ocasiones los crímenes fueron ordenados por gobernantes. El y/o los autores son personas importantes de la comunidad. Influyentes".

Los güeros ante la otra guerra sucia

LA GÜERA RODRIGUEZ Alcaine y El Güero Castañeda nos regalaron esta semana dos maravillosas perlas, cuyo cinismo opacó hasta la ronda de autojustificaciones de Luis Echeverría en los medios electrónicos.

PARA EL LIDER de la Confederación de Trabajadores de México, la guerra sucia de los años 70 fue algo así como un megaoperativo de seguridad pública y no un acto de represión. Ante la prensa justificó las acciones emprendidas en los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría, porque "fue un acto de Estado en defensa de la soberanía nacional ante unos bandidos que operaban a través de una guerrilla de tipo político, que mataban a sus propios compañeros y los enterraban en forma clandestina".

Y COMO EN la ronda del cinismo todo cabe, el ex canciller y ahora candidato en busca de las intenciones perdidas del voto útil escribió en un sesudo artículo titulado "Verdad y justicia con perdón" que "lo mejor es que la verdad se conozca e incluso que se dicten condenas pero no se cumplan, precisamente para preservar la concordia entre los mexicanos. Que se haga justicia, entonces, pero que al final se produzca el indulto presidencial". En otras palabras, el Consejo Político Nacional priísta ya puede contar con otro asesor de cabecera para que Lampedusa demuestre su vigencia en la era del "gobierno del cambio".

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