Guillermo Almeyra

Bolivia, al rescate de los hidrocarburos

La guerra del agua en Cochabamba no sólo hizo retroceder la privatización de ese recurso sino que también marcó el comienzo del desarrollo de un doble poder (las calles enfrentadas al palacio) que condujo a la huida del presidente gringo Gonzalo Goni Sánchez de Lozada, a la derrota de los planes de la embajada de Estados Unidos y a la inestabilidad extrema del gobierno actual de Carlos Mesa. La mezcla entre la economía moral y el nacionalismo antimperialista que constituye el bagaje político de los trabajadores bolivianos es el combustible que alimenta la radicalización y masificación de los movimientos campesinos-indígenas y sindicales que se extienden por todo el país.

Una expresión de ambas es lo que sucedió en Ayo Ayo, pequeña ciudad a 80 kilómetros de La Paz, donde el pueblo mató al alcalde, al que acusaba de corrupción y abusos, y expulsó de la provincia a la policía y a los procuradores, remplazándolos por una "policía sindical" y por procuradores nombrados, como el alcalde, en asamblea. Hay que recordar al respecto que en Bolivia, desde la revolución de julio de 1952, los sindicatos obreros, la Central Obrera Boliviana y las centrales departamentales y los sindicatos campesinos, de amas de casa, hasta de contrabandistas, fueron instrumentos de organización de la vida social de los trabajadores, centros de su resistencia, órganos de su poder dual y, por lo tanto, en Ayo Ayo formar un Estado paralelo desde abajo lleva a recurrir a la forma "sindical", que representa el peso ideológico de los obreros en la vida política boliviana y la especificidad de la misma.

Otra expresión es el boicot activo al referéndum sobre los energéticos, repudio que fue decretado por la Central Obrera Departamental del Alto y las asociaciones vecinales, a pesar de que la mayoría de la población y de las tendencias y partidos de izquierda participarán, pero con sus propias posiciones, en el referéndum convocado por el gobierno para tratar de legitimarse con un voto eventualmente favorable a su política frente a las petroleras privadas.

Los votos por la nacionalización del petróleo, contra la venta del mismo a las trasnacionales, por un control sobre éstas, probablemente serán mayoritarios en un referéndum que será resolutivo y no consultivo. Mesa podrá servirse sin embargo del resultado para negociar con las empresas y con las direcciones políticas de oposición, así como con los sectores de la burguesía boliviana, particularmente en las zonas petroleras de Tarija y de Santa Cruz, que quieren exportar el petróleo a cualquier costo y constituyen una derecha poderosa, antindígena y partidaria de la represión.

Queda en pie, sin embargo, el hecho de que, sobre una política que afecta el futuro mismo del país, se recurrió al instrumento democrático del referéndum popular resolutivo. Y que, en la misma línea, la modificación de la ley electoral permite que asociaciones o comunidades indígenas actúen en igualdad de condiciones políticas con los partidos, sin tener que subordinarse a éstos. Aunque es evidente que la fragmentación del campo indígena y popular favorece incluso el enfrentamiento entre los diferentes sectores políticos o étnicos del mismo (y, por lo tanto, al gobierno), una ampliación de las actividades políticas de las comunidades y de los diversos grupos de la sociedad civil boliviana la politiza y plantea el problema de la construcción de un frente popular por la alternativa, con una política antimperialista que preserve los recursos naturales del país y los ponga al servicio del desarrollo de sus pobrísimos habitantes, a los que la crisis argentina y brasileña les cierra incluso la válvula de la emigración.

Aún no existen en Bolivia partidos controlados por las bases y con funcionamiento horizontal y democrático que ponga límites al verticalismo y el autoritarismo de los caudillos políticos o sindicales (como el ex diputado aymara Felipe Quispe, líder de la Central Campesina, o Evo Morales, líder campesino cocalero y presidente del partido Movimiento al Socialismo). Las divergencias en cuanto a qué política proponer ante el referéndum de este domingo 18 aumentan la confusión política entre los trabajadores y favorecen, por lo tanto, al gobierno de Mesa, que todavía debe enfrentar las elecciones municipales antes de alcanzar su meta ambicionada, llegar a las elecciones presidenciales todavía en el gobierno, batiendo récords. Cualquiera que sea el resultado del referéndum, ni el gas ni el petróleo podrán ser regalados a las trasnacionales como pretendía Goni. Queda, por consiguiente, la necesidad de formular un plan energético alternativo común con Argentina y Brasil, obligando a los gobiernos de esos países a discutir con su población respectiva y ofreciendo a Perú su participación en el mismo. También existe la necesidad de organizar directamente una asamblea constituyente autoconvocada para estabilizar el país y evitar los enfrentamientos entre los diversos sectores de la oposición de izquierda.

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