Combi de la ruta 105 provocó carambola el 21 de junio; resultaron heridas 11 personas

Funcionarios de Nezahualcóyotl evitaron que un conductor supuestamente ebrio pisara la cárcel

La madre de un joven que tuvo 14 fracturas denuncia la complicidad del MP y del médico legista

RENE RAMON CORRESPONSAL

Nezahualcoyotl, Mex., 17 de julio. A pesar de que durante más de 23 días Rosa María Velasco fue vejada, humillada e ignorada por los agentes del Ministerio Público de Nezahualcóyotl y del Hospital de Traumatología de La Villa, del Distrito Federal, pudo recabar pruebas suficientes para comprobar que en un accidente de tránsito en que su hijo resultó con 14 fracturas hubo complicidad entre varios funcionarios para que el conductor responsable del percance no pisara la cárcel.

La madrugada del lunes 21 de junio le avisaron a Rosa María Velasco Zaragoza -de 48 años, vecina de la colonia El Sol de esta localidad- que su hijo José Israel Díaz Velasco, de 28 años, había sufrido un accidente y que estaba en la Cruz Roja La Perla.

De acuerdo con la averiguación NEZA/III/4489/04, iniciada por Elfego Alpízar González, antes de las 23 horas del domingo, una combi de la ruta 105 se impactó en la parte trasera de una camioneta de pasajeros y provocó una carambola con otros tres autos, en la que 11 personas resultaron lesionadas.

José Israel Díaz Velasco, de 28 años, quedó prensado entre los hierros retorcidos del vehículo del transporte público en que viajaba. Rescatistas partieron la unidad para sacarlo, y de acuerdo con el parte médico del Hospital de Traumatología de La Villa, presentó fracturas expuestas en tibia y peroné, pelvis, muñeca, fémur y rodilla, en total 14.

Según Rosa María, las irregularidades en la integración de la averiguación previa fueron inmediatas, "con la clara intención de favorecer a Roberto Roldán Xingu", conductor de la combi matrícula 50JXP, número económico 160 de la ruta 105, con derrotero del Metro Pantitlán a la colonia El Sol.

Entre las anomalías están que la médico legista Dolores Guzmán Vicuña certificó con ligereza las lesiones. En su parte médico asentó que José Israel presentaba "fractura no expuesta de tibia y peroné izquierdo", lesiones "que por su naturaleza no ponen en peligro su vida", cuando en realidad estaba con contusiones múltiples, refirió.

Comentó que al chofer nunca se le practicó el examen de orina, a pesar de que fue el único de los tres conductores involucrados en el choque que presentó aliento alcohólico. "Seis de los 11 lesionados lo señalaron como único responsable del accidente".

Además, el perito Raúl Ochoa Hernández determinó que las causas del accidente fue "la falta de precaución" del conductor de la combi, pero no realizó una inspección mecánica de la unidad, pese a que Roberto Roldán Xingu declaró que se había quedado sin frenos.

También en la averiguación previa quedó asentado que el chofer era afecto a las bebidas alcohólicas y se contradijo, pues según dijo trabaja de las 14 horas a las 24 horas, pero el día de los hechos señaló que se tomó una michelada "muy de mañana, ya después me fui a trabajar", cuando en realidad su turno es vespertino.

En su indagación, Rosa María Velasco encontró que las anomalías siguieron con Romualdo Arzate Olascoaga, titular de la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos relacionados con el Transporte, con sede en Nezahualcóyotl, pues a pesar de que había 36 constancias ministeriales, "en ninguna de ellas se solicitó al Ministerio Público en turno adscrito al Hospital de Traumatología de La Villa la declaración de José Israel, ni el parte médico, porque sabían que contradecían los dictámenes de la Procuraduría de Justicia estatal".

La denunciante sostiene que hubo complicidad entre gente de la ruta 105 y el agente del Ministerio Público en turno, la médico legista y el perito de Nezahualcóyotl, para evitar que al conductor se le aplicara el artículo 238 por el delito de lesiones, el cual establece que se agrava la penalidad cuando éstas provoquen una incapacidad permanente.

De acuerdo con el Código Penal vigente en el estado de México, en su artículo 196, que habla de la penalidad al conducir en estado de ebriedad: "Si se trata de conductores de vehículos de transporte público se duplica la sanción económica y penal, imponiéndosele de dos a cuatro años de prisión y de 30 a 200 días de multa y suspensión de su licencia por un año".

Señaló que en el hospital de la ciudad de México no quisieron levantar denuncia alguna, y en lugar de apoyarla, la agente del Ministerio Público en turno la regañó porque su hijo tiene tatuajes en su cuerpo.

Este es el segundo caso documentado, en menos de cuatro meses, donde la víctima pone en entredicho al Ministerio Público, médico legista y perito en turno adscritos a la agencia de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes presuntamente alteran pruebas, omiten testimonios y abusan de su autoridad.

En marzo pasado, Luisa Ortega Escobar investigó por su propia cuenta durante tres meses, tiempo durante el cual encontró los elementos para demostrar que su hijo, Ernesto Garduño Ortega, fue asesinado y no se suicidó, como aseguraba el agente del Ministerio Público en turno de Chimalhuacán.

De ese hecho, la Procuraduría General de la República (PGR), bajo la averiguación previa PGR/NEZA/46/04-2, investiga actualmente al médico forense Antonio Pilón Vargas y a Luis Angel Ceja Pérez, perito en criminalística de campo, así como a José Manuel Ocaña González, agente del Ministerio Público de la mesa de responsabilidades, y al Ministerio Público en turno, que iniciaron las actas NEZA/MR/194/03 y CHIM/I/5812/03 por hechos ocurridos en diciembre pasado en Chimalhuacán, donde se presume que policías municipales asesinaron a Ernesto Garduño. El procurador de Justicia estatal, Alfonso Navarrete Prida, fue notificado del caso y ordenó el inicio de la averiguación REL/TOL/DR/I/242/04, ante la Dirección de Responsabilidades, para investigar a los funcionarios de las agencias ministeriales que tomaron conocimiento de este caso.