Adela Mac Swiney González, Madrid

En los últimos años se han registrado avances significativos en la corrección de los problemas estructurales del mercado de trabajo en España, esto se advierte en hechos como el aumento de la población activa y del empleo, en la reducción de las tasas de desempleo y de temporalidad. Pero persisten problemas en los fenómenos que expresan estos indicadores y a ellos se suman otros, desarrollados bajo el signo de la precariedad, como la población trabajadora inmigrante.

Los indicadores laborales nacionales revelan que, tras 15 años de reformas en el mercado de trabajo y de modernización productiva, España continúa siendo el país de la Unión Europea (UE) que presenta la mayor tasa de paro, compartiendo con Italia y Grecia las más bajas tasas de actividad y ocupación. Tal combinación da cuenta del grado de fracaso alcanzado en la provisión de empleo, de tal forma que la proporción de personas que no encuentra trabajo con respecto a los ocupados, es el doble del promedio europeo.

De hecho, España encabeza actualmente el listado del desempleo con una tasa del 11.2 por ciento en relación con el conjunto de la Europa de los 15 (8 por ciento), es decir, sin contar los 10 países que se incorporaron a la UE a partir del 1° de mayo pasado, y triplica la tasa de temporalidad, que alcanza 30 por ciento.

Tan sólo en este mes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señaló en su informe Perspectivas de empleo que España debe reformar su legislación laboral para crear "más y mejores puestos de trabajo". Según el informe, "la alta tasa de temporalidad, junto con la protección del empleo permanente, ilustran la fuerte dualidad del mercado laboral español, sólo igualada por Corea del Sur".

En relación con los salarios, fijados por convenios colectivos que amparan a 80 por ciento de los trabajadores y que "a menudo no reflejan las condiciones de cada empresa", la organización aboga por que se fomente la utilización de "cláusulas de salvaguarda" que permitan a las empresas con dificultades no aplicar los convenios. "En general, se trata de formular una agenda de reformas que faciliten la adaptación al cambio estructural y a la vez promuevan objetivos de empleo y sociales", concluye.

En los últimos 10 años, España ha creado más de la cuarta parte de todo el empleo generado en la UE de los 15, pero sólo 60 por ciento de las personas en edad de trabajar tienen un trabajo, comparado con 70 por ciento en países como Australia, Holanda, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido. Además, la OCDE ha señalado que la proporción de personas que tienen un empleo es "especialmente baja entre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores mayores".

Respecto del poder adquisitivo, el salario bruto medio anual de los españoles se quedó en 19 mil 800 euros en 2002, el de los asiáticos fue de 14 mil 739 euros (25.58 por ciento inferior), el de los africanos de 13 mil 317 (32.76 por ciento menos), el de los sudamericanos y centroamericanos se situó en 12 mil 953 euros (34.6 por ciento más bajo) y el de los europeos no comunitarios en 13 mil 522 (31.73 por ciento menor). Por el contrario, el de los trabajadores de América del Norte residentes en España ascendió a 30 mil 339 euros al año (50 por ciento más), y el de los extranjeros procedentes de la UE se situó en 19 mil 972 euros, al nivel de de los españoles.

De hecho, la mano de obra más cara se encuentra en Noruega, donde los costos laborales en 2000 alcanzaron 48 mil 856.21 euros anuales por trabajador. Le siguieron, muy de cerca y por este orden, Suecia, Dinamarca, Inglaterra y Alemania. En el número 13 de los 15, se situó España, con 24 mil 366.81 euros, y detrás, Grecia (18 mil 842.9) y Portugal (14 mil 269.94).

Para las organizaciones sindicales en España, los gobernantes han tenido la tendencia a querer resolver los problemas del empleo exclusivamente mediante de la modificación de las normas laborales (negociación colectiva, modalidades de contratación, causas y costos del despido, etcétera), pero los problemas de escasez y calidad del empleo no dependen fundamentalmente de la normativa laboral, sino del tipo de tejido productivo, del modelo de competencia, de las políticas sectoriales y, aunque en menor medida, de las políticas activas de promoción del empleo.

La diversidad organizativa del sindicalismo en España se ha configurado fundamentalmente en el eje ideológico tras la muerte del dictador Francisco Franco. Es la tradición ideológica la que separa a los dos mayores sindicatos implantados en el país: la Unión General de Trabajadores (UGT), vinculado de manera más cercana al socialismo, y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), que en su momento estaba más dispuesta a llegar a acuerdos con el Partido Popular (PP).

Ambas confederaciones se definen como "sindicatos de clase" ­de ahí que, en términos organizativos, sean sindicatos generales­ y, al hacerlo, se inscriben en un contexto ideológico-político que atribuye al conjunto de los trabajadores asalariados unos intereses comunes enfrentados a la clase capitalista y les asigna, bajo la dirección de las "organizaciones de clase", el objetivo estratégico de llevar a cabo una "transformación social". Estas diferencias aparecen, por supuesto, en los estatutos y documentos programáticos de cada confederación.

Lo que es un hecho, es que la tasa de afiliación global española actual se sitúa entre las más reducidas de los países desarrollados. Las tasas de afiliación de algunos países de la entonces Comunidad Europea, referidas a 1988, son las siguientes: Bélgica, 90.8 por ciento; Dinamarca, 85.6; Reino Unido, 46; Italia, 39.6; Alemania, 39.4; Países Bajos, 30.6; Portugal, 30; Grecia, 18; Francia, 10. España se sitúa entre estos dos últimos.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre "Actitudes y demandas sindicales de los trabajadores españoles" en julio de 1988 dio como resultado una tasa de afiliación de 16.5 por ciento; y una segunda, aplicada a principios de 1991 la calculó en 12.1 por ciento. Dado que estas son las dos muestras disponibles, se puede, pues, estimar que la tasa de afiliación real gira entre ambas cifras: entre 12 y 17 por ciento de la población asalariada.

Ahora, en el inicio del nuevo gobierno del Partido Socialista Obrero Español, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero firmó el 8 de julio pasado un pacto social con los líderes sindicales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, José María Fidalgo, y los representantes empresariales José María Cuevas y Jesús Bárcenas.

Este acuerdo se basa en 13 puntos referidos a problemas detectados en el ámbito laboral español: la temporalidad, acciones en favor de jóvenes y mujeres, inmigración, formación, reformas en el Instituto Nacional de Empleo, la mejora del funcionamiento de la inspección de trabajo, potenciar la política industrial, revisar el salario mínimo, participación de los trabajadores en decisiones empresariales, accidentes laborales, negociación colectiva, papel de los agentes sociales y pensiones §