La Corte debe atraer el caso del jueves de Corpus, indican

Interpretación estrecha del juez Flores: ONG

VICTOR BALLINAS

La decisión del juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, de negar las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez; el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y otros diez acusados por la masacre del 10 de junio de 1971 se debió a "una interpretación estrecha y a que sólo se tomó en consideración la legislación nacional", sostuvo ayer Adriana Carmona, del departamento jurídico de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos (CMDPDH).

Por su parte, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, manifestó que en México, como en otros países, la lucha contra la impunidad es un camino lleno de obstáculos. Ahí está, ejemplificó, el caso de Chile, donde después de décadas y por el trabajo de la sociedad se logró llevar al ex dictador Augusto Pinochet ante la justicia.

Cortez abundó: "esperamos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) recurra a la Corte, para que esa instancia atraiga el caso y establezca el criterio para fundar los hechos de 1968 y 1971".

Lo que está en riesgo "es ver si va a ser una decisión de Estado conocer la verdad y sancionar a los responsables. Hablar de decisión de Estado implica que la Procuraduría general de la República (PGR) solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso", añadió.

Aunque el fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto, dijo que recurrirá a la SCJN, "el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, no se ha manifestado al respecto; se requiere que dé su apoyo a la fiscalía para que se haga justicia por los hechos del pasado", puntualizó Carmona.

La abogada del departamento jurídico de la CMDPDH consideró que "con base en la legislación nacional una salida era la prescripción, pero ésa es una interpretación estrecha; se denegó la justicia y el juez no quiso referirse a la legislación internacional".

Para Cortez, la decisión del juez Flores Rodríguez "contradice los criterios ya construidos con base en el derecho internacional, mismo que considera que, por su gravedad, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles".

Las organizaciones defensoras de derechos humanos subrayaron que "no compartimos el criterio del juez; seguiremos en la lucha, aunque sabemos que esto es apenas el inicio de un largo camino".

Cortez resaltó que en estos casos el riesgo de defensa de los derechos humanos es que los gobiernos, en particular, el del presidente Vicente Fox son "más de discurso que de acciones efectivas, pero ahí es donde el papel de la sociedad tiene que ser muy firme. El gobierno tiene obligaciones respecto a los derechos humanos, pero sabemos que en muchísimos casos los gobiernos sólo tratan de cubrir las apariencias".

Ambos defensores de los derechos humanos coincidieron, en entrevistas por separado, en que "no es esta resolución lo que estábamos esperando, pero ya se veía venir una situación como ésta".

Exigen actuar contra Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo

Mientras tanto, el diputado federal del PRD por Guerrero Juan García Costilla denunció que sigue vigente la exigencia a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para que consigne a los generales retirados Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo por su participación en delitos cometidos durante la guerra sucia, en los años setenta.

Entrevistado en el ayuntamiento de Acapulco poco antes de reunirse en privado con el alcalde Alberto López Rosas, el ex preso político dijo también que el ex procurador de Justicia del Estado Carlos Acosta Vique -actual notario público número dos en la ciudad de Iguala- tiene una denuncia en su contra ante la Femospp por delitos de desaparición forzada. "No sabemos por qué la fiscalía no lo ha tomado en cuenta y no lo ha detenido", indicó.

García Costilla consideró que la Femospp cumplió con su deber, "porque por lo menos solicitó que le obsequiaran la orden de aprehensión en contra de Luis Echeverría Alvarez". Sin embargo, el diputado federal perredista señaló que seguirán insistiendo en que la fiscalía especial lleve a cabo la aprehensión del ex presidente de México.

Finalmente expresó que hasta el momento no se han detenido "peces gordos" y sí "peces flacos", por lo que demandó actuar contra Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Acosta Viques.

En Monterrey, Nuevo León, Tomas Pérez Alvarez, ex integrante de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, señaló que la defensa que ha hecho el PRI de Luis Echeverría Alvarez, Mario Moya Palencia y sus cómplices en la guerra sucia es porque el ex presidente de la República "es un icono de la corrupción, la impunidad, la infamia y el cinismo" que han caracterizado a ese partido político.

CON INFORMACION DE MISAEL HABANA DE LOS SANTOS Y DAVID CARRIZALES, CORRESPONSALES