México D.F. Martes 27 de julio de 2004
Dicen que no hay compromiso para aprobar la iniciativa como está ni línea del partido
Senadores priístas convocarán a periodo extraordinario para discutir ley del IMSS
ANDREA BECERRIL
Los senadores del PRI acordaron anoche, luego de una discusión de más de ocho horas, aprobar que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, a fin de analizar el dictamen sobre reformas a la Ley del Seguro Social, aprobado ya en comisiones en la Cámara de Diputados, pero sin compromiso alguno de aprobar la iniciativa como está y sin aceptar línea ni presiones de la directiva priísta.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI "no vota en la Permanente; quienes votamos somos los legisladores", respondió el legislador Enrique Jackson, cuando se le cuestionó sobre la actitud de la cúpula de su partido de expresar pleno respaldo a la cuestionada reforma del Seguro Social, justo en los momentos en que los senadores discutían su postura. Antes de la reunión, el senador Carlos Rojas formuló una expresión similar.
Al concluir la plenaria, Jackson Ramírez precisó que en ese periodo extraordinario se incluirá además un paquete de leyes en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, prioritario para los priístas, además de la reforma a la Ley del Seguro Social, pero en este último caso se podría llegar al 30 de agosto, sin que necesariamente se hayan aprobado los cambios pretendidos a la legislación del IMSS, pues hay dudas en torno al alcance de la propuesta y la determinación "de no lesionar uno solo de los derechos de los trabajadores de ese instituto".
El también presidente de la Comisión Permanente informó que habrá todavía un largo proceso de discusión en torno a esa iniciativa, e independientemente de ello, los senadores determinaron que es necesario hacer un último esfuerzo para que las partes se pongan de acuerdo en una solución integral y de fondo, ya que es un tema de carácter estrictamente laboral.
De tal forma, explicó, seguramente el miércoles la Comisión Permanente cite al periodo extraordinario de sesiones, el cual podría iniciarse el viernes, pero sin que ello signifique que en los próximos días se podría ya discutir el dictamen en torno a la reforma a la Ley del Seguro Social, en cuanto al sistema de pensiones de los trabajadores de esa institución.
Jackson resumió así la determinación a que llegaron los integrantes de su bancada, luego de ocho horas continuas de discusión y de debate, en las que se perfilaron dos posiciones encontradas: la de los legisladores del llamado sector obrero, fundamentalmente del cetemista Netzahualcóyotl de la Vega, y de los llamados legisladores "duros" de la fracción, entre ellos Manuel Bartlett, Laura Alicia Garza y Carlos Rojas, entre muchos otros, quienes advirtieron que la propuesta es inconstitucional, lesiona derechos laborales y ni siquiera resuelve la problemática financiera del IMSS.
Carlos Rojas señaló que no queda claro que la reforma sea urgente, como algunos han argumentado, sobre todo porque en la propia iniciativa se reconoce que sus efectos supuestamente no podrían verse hasta dentro de 28 años y, que se sepa, el sistema de pensiones del IMSS no está en una situación crítica inmediata.
ƑPor qué creer ahora que con esta propuesta se van a resolver los problemas del IMSS, cuando en las modificaciones que se hicieron en 2001 se aseguró exactamente lo mismo y la realidad es otra?, cuestionó Rojas.
Frente a la insistencia de Netzahualcóyotl de la Vega y de Emilio Gamboa, quienes defendieron a ultranza la iniciativa, con los argumentos que han venido trabajando con la dirección del IMSS, en el sentido de que las pensiones de los sindicalizados del Seguro Social son una fuerte carga para la instituto que no le permitirá sobrevivir a futuro, sus compañeros Laura Alicia Garza y Manuel Bartlett advirtieron que el controvertido proyecto no resuelve nada.
Bartlett recalcó además que se trata de una iniciativa inconstitucional, pues violenta el apartado A del artículo 123 constitucional, y otros de la carta magna, entre ellos el artículo 13, donde se establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Se violenta también, insistió, el principio de consideración como instrumento fundamental para la solución de los conflictos laborales.
Laura Alicia Garza cuestionó la responsabilidad de los legisladores al aprobar una reforma que tiene tras de sí tantos cuestionamientos. El propio Genaro Borrego, otros de los impulsores de la iniciativa, coincidió también en que lo mejor sería una solución pactada.
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