Ricardo García Sainz

No permitamos que nos vuelvan a engañar

Con el sólo fundamento de un mayoriteo irracional, la iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social sigue avanzando al ritmo del fast track. Ya fue mayoriteada en las tres comisiones de la Cámara de Diputados: Hacienda, Trabajo y Seguridad Social, sin que ninguno de los firmantes originales, ni de los votantes, haya sido capaz de concretar un solo beneficio para el equilibrio del Seguro Social.

El propósito es inventar nuevos responsables de la innegable crisis de las instituciones de seguridad social y seguir ganando tiempo, ya que cada día que transcurre se acentúa el deterioro de los servicios médicos institucionales, carentes estructural y deliberadamente de los recursos monetarios necesarios para prestarlos. Este es el fondo del problema y lo sabemos todos los interesados en el tema, lo sabemos desde hace muchos años y también desde entonces el gobierno, primero de Zedillo y continuado por Fox, ha mantenido una campaña mediática para engañar a todo el país y debo decir que hasta ahora lo han logrado.

En este sistemático mentir, la reforma propuesta, a pesar de que se reitera que sólo afectará a los nuevos trabajadores, permite desde el Congreso modificar el monto de recursos destinados al régimen de jubilaciones y pensiones en el presupuesto del IMSS, dentro del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Si lo anterior no es cierto, propongo que se sustituya el final del segundo transitorio con una redacción igual a la que obliga a la Cámara de Diputados a asignar los recursos que anualmente defina el IPAB para poder cubrir sus obligaciones.

Esta reforma para el futuro remoto también afecta gravemente al IMSS al inmovilizarlo aún más, por la imposibilidad de contratar nuevos trabajadores, por la exigencia de las reservas y eliminar como fuente de aportaciones a ellas las cuotas obrero patronales y las aportaciones estatales, únicas fuentes de ingreso.

El gran engaño ha sido construido a partir de un falso discurso en el que los gobernantes de estos dos tristes sexenios han expresado su convicción de fortalecer la medicina social y en los hechos han tomado todas las medidas para destruirla junto con las instituciones. Solo así se puede encontrar el hilo conductor de lo ocurrido, que se inicia con las mentirosas reformas de Zedillo, que no sólo no resuelven el problema de insuficiencia de las cuotas, sino que lo agudizan en la privatización de las pensiones, entregando los recursos a la banca transnacional; en el aparatoso engaño de las reformas de 2001; en el discurso catastrofista del director del IMSS, en su exigencia de inmovilizar recursos en la constitución de reservas, en la silenciosa parálisis que Levy y el consejo técnico corporativo muestran frente al gobierno federal para exigir que éste cubra con su obligación legal de pagar el costo de transición de pensiones solidarias a pensiones basadas en el ahorro individual, que ya rebasa 50 mil millones por prestación de servicios médicos durante el periodo 1997-2004, y por su impasible actitud de ver cómo día a día los servicios se destruyen, el rezago tecnológico se acentúa, la inversión diferida se acumula, el desabasto se aumenta y el equilibrio financiero se mantiene a cargo del dolor y de la muerte de los trabajadores y de sus familias.

Cuando describo esta realidad me preguntan que si yo creo que alguien es capaz de hacer eso, y mi respuesta es afirmativa, porque en eso es en lo que creen. Están siguiendo al pie de la letra los dogmas o recetas de cocina del famoso neoliberalismo: el Estado es mal administrador, luego hay que sustituirlo; el bienestar social no compete al Estado sino al esfuerzo individual, luego hay que desobligarse y eliminar la solidaridad; los sindicatos, particularmente los grandes sindicatos, constituyen un estorbo, luego hay que eliminarlos; el equilibrio financiero debe preservarse aún a costa de recortar, reducir o destruir. Vamos avanzando por este camino, a mi juicio, rumbo a un precipicio con el respaldo y apoyo de muchos indolentes y miopes compañeros de viaje.

La iniciativa es un estímulo más, muy oportuno para decidir si queremos recuperar las instituciones de seguridad social con reformas del tamaño que la realidad exige, o si debemos privatizar con transparencia lo que es atractivo para el mercado, trabajadores de altos ingresos, y derivar a la asistencia pública al grueso de ellos, que no son costeables por el deplorable nivel salarial vigente, fruto de un modelo económico impuesto hace 20 años y escrupulosamente continuado por el gobierno conyugal de cambio.