José Blanco

Lento y conservador

Hace poco, en un artículo referido a las aspiraciones imprudentes de Marta Sahagún, el Corriere della Sera se refirió a México, en un paréntesis, al paso, y como un dato por todo mundo conocido, como un país "lento y conservador".

La imagen es correcta, si bien la lista de sus defectos está muy lejos de agotarse en ese par de adjetivos. Todo lo dejamos para mañana, la semana entrante, el mes que entra, o ai vemos cuándo: con frecuencia, nunca.

En los primeros años 60, el gobierno y el segmento de la sociedad enterado, admitió, a partir de un estudio riguroso del socialdemócrata Nicholas Kaldor, afamado economista keynesiano de la London School of Economics, que una reforma fiscal profunda -que propuso-, era indispensable: aún no la hacemos. Hoy está a discusión en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pero la política no es más el arte del acuerdo para el gobierno de la diversidad que es hoy toda sociedad, sino sólo el espacio del cálculo electoral de los partidos. Ni nos hemos puesto de acuerdo en qué puede consistir la reforma fiscal ni sabemos cómo ha discutido el punto la Conago. Cuarenta años han transcurrido y no tenemos reforma tributaria, mientras México continúa siendo uno de los países con menor carga fiscal en el mundo.

La reforma integral de la educación es una asignatura pendiente hace décadas. Nos hemos planteado mil veces la šreforma del Estado!, la renovación de las instituciones, la necesidad imperiosa de revertir la infame desigualdad social que priva en la República, la superación efectiva de la desigualdad de géneros, la no discriminación de los grupos étnicos. La lista puede llenar todos los pliegos de este periódico. Todo está pendiente; nunca son "tiempos políticos" para hacer nada. Llevamos a cabo un complejo proceso de reforma electoral exitoso, al que al final dimos una (interesada) empeoradita, y ya. No podemos ir más allá.

Ya se sabe: los intereses partidistas por ganar o retener el poder nos paralizan; nos hacen un país que se mueve en cámara ultralenta y un país ultraconservador: nada queremos cambiar. En muchos casos, ampliamente discutibles, alabamos y hasta exaltamos la conservación de "nuestras tradiciones" como un valor de primer orden. El cambio y la innovación continuos, eje de las mentalidades de las sociedades desarrolladas y que se desarrollan, que acrecientan la alta cultura, la ciencia y la tecnología, la calidad de la vida y el futuro de sus ciudadanos, nos son ajenos.

Hace varios lustros que el gobierno y una parte probablemente significativa de la sociedad sabía que el "sistema" de pensiones y jubilaciones estaba férreamente instalado en unos carrilles que conducen a una crisis de gran magnitud. Pero para qué menearle, ai después vemos. El futuro nos alcanzó ya en esta materia, y no tenemos una solución digna de tal nombre.

El "sistema de reparto" (base de los sistemas de pensiones y jubilaciones) entró en crisis en todo el mundo, aunque con ritmos muy distintos, debido centralmente a la transición demográfica y epidemiológica. Mientras las pirámides poblacionales tenían una amplia base y una cima reducida, el sistema estaba asegurado. Pero en los países desarrollados y en muchos que no lo son, como México, la pirámide poblacional está invirtiéndose con rapidez y se vuelve imposible que pocos trabajadores sostengan a muchos más jubilados. En diversos países, como en México, estos sistemas empeoraron sus crisis, debido a situaciones y problemas adicionales: mala administración, burocracia excesiva, corrupción, jubilación demasiado temprana frente a una fuerte ampliación de la expectativa de vida, prerrogativas especiales y privilegios en los hechos, como las jubilaciones de los trabajadores del IMSS -llamadas "conquistas históricas"-, suspensión de las aportaciones del gobierno en los largos años de crisis económica, reformillas mal hechas. No hay un sistema unificado, sino una aglomeración de sistemitas para diferentes grupos de asalariados: los burócratas, los trabajadores de las empresas privadas, los académicos, los ferrocarrileros, etcétera. Adicional e inexplicablemente, mezclamos los sistemas de pensiones y jubilaciones, con los sistemas de atención a la salud.

El colmo de estos problemas es que pensiones y jubilaciones, de todos tipos, estén pagándose con recursos fiscales. Lo que esto significa es que una amplísima capa de población pobre, que no pertenece a ningún sistema de seguridad pública, contribuye desde hace años -a través de los impuestos al gasto-, al pago de las pensiones y jubilaciones de quienes sí cuentan con ellas, que resultan así, en el contexto nacional, privilegiados.

Frente a esa problemática, la ilegal reforma de dos artículos de la Ley del Seguro Social (que se intenta al margen de los acuerdos de la Conago, que tiene este asunto en su agenda) resulta un ridículo parto de los montes, que acaso resulte en aborto. Pero nos morimos de terror de pensar en tomar el entero problema por los cuernos y darle una solución satisfactoria y justa para el conjunto de la nación. Mejor ai luego vemos.