Kevin P. Gallagher*

Los promotores del TLCAN sostenían que el acuerdo mejoraría automáticamente las condiciones ambientales en México.

Los opositores afirmaban lo contrario. ¿Qué ha pasado luego de 10 años?

Durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los promotores del mismo argumentaban que el libre comercio llevaría a mejoramientos automáticos de las condiciones ambientales de un país como México. Los opositores señalaban que el ambiente empeoraría automáticamente porque México tenía estándares más bajos que atraerían empresas contaminantes de Estados Unidos. En efecto serviría como paraíso contaminante para la industria de aquel país. ¿Qué ha pasado luego de 10 años?

Aquellos que defendían el librecambio partían de una generalización de la llamada hipótesis de la curva ambiental de Kuznetz (CAK). Esta se deriva de la curva de Kuznetz original, que indica que la desigualdad social en un país aumenta primero y luego disminuye, en la medida en que el ingreso per cápita crece en el curso del tiempo. Estudios elaborados al inicio de la década de 1990 mostraban una relación similar entre la degradación ambiental y los niveles de ingreso; aquélla podía aumentar rápidamente en las etapas iniciales del desarrollo económico, pero con el aumento del ingreso per cápita luego de cierto "punto de inflexión" parecía reducir gradualmente el daño ambiental.

Los economistas suponían que el mejoramiento ambiental luego del punto de inflexión ocurría por tres razones: por los efectos de escala (1): un mayor crecimiento se asocia con mayor contaminación. Pero, estos efectos de escala pueden contenerse por los llamados efectos de composición (2) y de técnica (3); unos ocurren cuando las economías se mueven a la producción de servicios, y los otros cuando el aumento del ingreso lleva a una mayor consideración por el ambiente y a políticas más severas de control.

Los primeros estudios sobre la CAK sugerían que el punto de inflexión en el que una economía empezaba a ser menos intensiva en contaminación era cuando alcanzaba un ingreso de 5 mil dólares per cápita. Esto llevaba a una prescripción de política que decía que la ecología puede esperar, ya que el crecimiento económico propiciará eventualmente (y de modo natural) un mejoramiento. Estudios recientes han cuestionado tanto las propuestas específicas como las generalizaciones derivadas de la CAK.

México alcanzó los 5 mil dólares de ingreso per cápita (medidos conforme al poder de paridad de compra del peso y el dólar) en 1985, cuando empezó la apertura comercial. Los datos indican que los aumentos subsecuentes del ingreso han sido menores y que la degradación ambiental ha sido grande. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) muestran cómo esa degradación ha sido mayor que los beneficios del crecimiento por la vía de las exportaciones.

Desde 1985 los ingresos reales (descontada la inflación) han aumentado sólo 2.5 por ciento al año y menos de 1 por ciento per cápita. De acuerdo con el INEGI, los problemas ambientales han empeorado desde que se inició la liberalización económica. Aunque se alcanzaron niveles de ingreso por encima de lo predicho por el punto de inflexión de la CAK, los grados de erosión de los suelos rurales subieron 89 por ciento; los desechos sólidos municipales 108 por ciento; la contaminación urbana del aire 97 por ciento, y del agua 29 por ciento entre 1985 y 1999.

Los resultados han sido costosos para las perspectivas mexicanas de desarrollo. El INEGI estima el costo financiero de la degradación ambiental en 10 por ciento del PIB entre 1988 y 1999, un promedio anual de 36 mil millones de dólares en daños (47 millones de dólares sólo en 1999). Este costo debe ponerse frente al crecimiento productivo, que tuvo una tasa anual promedio de 2.5 por ciento o 14 mil millones de dólares por año.

¿Se degrada el ambiente porque México es un paraíso para industrias altamente contaminantes? Una serie de estudios analiza la medida en que la actividad económica de industrias intensivas en contaminantes se expandió hacia México antes y después de la entrada en vigor del TLCAN. Lo que se encuentra, sin embargo, es que la cantidad de industrias sucias creció en Estados Unidos más que en México.

México es un país abundante en mano de obra poco calificada que se emplea en plantas de manufacturas de ensamblaje. En promedio, esos procesos de producción son menos intensivos en contaminantes que los que dependen más del capital, como el cemento, la pulpa y el papel, o la industria metálica. Estos sectores tienden a contraerse en México. En términos de costos, aun en el margen, los asociados con la contaminación son muy bajos para entrar de modo significativo en las decisiones de localización de las empresas. Además, muchas de ellas son muy grandes y de organización compleja para cambiar de ubicación y alejarse de sus mercados.

Aunque se ha demostrado que la mayor parte de las firmas que se mueven a México no lo hacen por los bajos estándares ambientales, eso no implica que cuando se desplazan a este país se comporten como modelo de prácticas ambientales. En efecto, el Banco Mundial desarrolló un sondeo con 200 empresas en México y encontró que, al contrario de lo que se suponía, las firmas extranjeras no eran más proclives que las nacionales a cumplir con las leyes ambientales.

Se requieren instituciones fuertes

Si el ambiente en México se deteriora, pero no a causa de que sea un paraíso contaminante, ¿qué es lo que genera la degradación? Un alto costo ocurre porque no existen mecanismos apropiados para administrar el crecimiento económico de una manera sustentable. En el proceso que llevó al TLCAN, México duplicó su gasto en protección ambiental y comenzó un programa de inspección industrial. Pero poco después de firmado el tratado y desatada la crisis de 1995 se relajó la atención en las cuestiones ambientales. De acuerdo con el INEGI, desde 1994 el gasto real en protección del entorno bajó 45 por ciento, aproximadamente 200 millones de dólares. Aun en sus niveles más altos, las asignaciones para proteger el ambiente eran bajas en comparación a otros países de la OCDE, como porcentaje del PIB sólo eran una quinta parte de aquéllos.

La institución correspondiente creada en el TLCAN han sentado algunos importantes precedentes, pero no estaba equipada para atender estas cuestiones. México recibe sólo una tercera parte de los 9 millones de dólares del presupuesto anual de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Esta ha sido eficaz para cumplir su limitado mandato, permitiendo a los grupos ciudadanos el monitoreo del progreso en esta área mediante la información y la investigación conjunta entre los países de la región §

 *Instituto del Desarrollo y Medio Ambiente Globales, Universidad de Tufts, Estados Unidos

Metalclad, compañía estadunidense dedicada al tratamiento y confinamiento de residuos peligrosos, en agosto de 1993, sin atender los ofrecimientos del gobierno potosino de invertir en sitios alternativos, adquirió Coterin. La firma se comprometió a limpiar La Pradera a cambio de que se le autorizara la reapertura del depósito. Sus planes consistían en tirar 30 mil toneladas de desechos anualmente, con ganancias esperadas de 12.5 millones de dólares en su primer año.

Después de causar descontento entre la población, y a espaldas del gobierno del estado, Metalclad firmó en noviembre de 1995 un convenio con el gobierno federal para la reapertura del depósito tóxico. La autoridad local desconoció públicamente el convenio y reafirmó su rechazo a permitir la operación de la empresa.