Reportero de Time, a la cárcel por no revelar fuentes

Se negó a informar cómo logró la identidad de una espía; fallo "escalofriante", el sentir

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 10 de agosto. Un juez federal en Washington ordenó el encarcelamiento de un reportero de la revista Time por negarse a revelar a un gran jurado los nombres de sus fuentes oficiales en torno a la divulgación de la identidad de una agente de la CIA. El hecho preocupó a defensores de periodistas, quienes advirtieron que el caso podría erosionar aún más la prerrogativa de los reporteros para proteger sus fuentes confidenciales.

El juez Thomas Hogan, del tribunal federal de distrito en Washington, rechazó los argumentos legales de la revista y de otros medios, los cuales aducen que los reporteros están protegidos por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza que no pueden ser obligados a revelar fuentes confidenciales, y ordenó el encarcelamiento del reportero Matthew Cooper por desacato.

También impuso una multa de mil dólares diarios contra Time, aunque suspendió la aplicación de ambas penas mientras procede la apelación de su fallo en tribunales superiores.

"Este caso legal probablemente llegará hasta la Suprema Corte", declaró Lucy A. Dalglish, directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad, en entrevista con La Jornada. No existe legislación federal que de manera definitiva y explícita proteja el derecho de periodistas de no revelar sus fuentes confidenciales, pero Dalglish argumenta que 64 leyes estatales y regionales sí reconocen ese "privilegio" de los reporteros para cumplir con su trabajo. "El problema son las variaciones en estas leyes entre diferentes estados y también depende de si se trata de un caso criminal o civil", explicó.

Inicialmente el juez giró la orden para obligar a Cooper, de la revista Time, y al periodista de televisión de NBC Tim Russert a presentarse a declarar en torno a las conversaciones que sostuvieron con funcionarios de la Casa Blanca sobre el caso de Valerie Plame, la ex agente clandestina de la CIA cuya identidad fue revelada por Robert Novak, un columnista conservador, quien citó fuentes del gobierno de George Bush.

El caso se convirtió en un escándalo político, ya que revelar la identidad de una agente de la CIA puede ser delito federal. En este caso, el esposo de la agente, un ex embajador, acusó al gobierno de Bush de cometer ese acto en venganza por sus críticas a las políticas de inteligencia. Ahora un fiscal independiente realiza una investigación para determinar si hubo delito e identificar a los responsables.

Cooper se negó a acatar la orden, pero Russert aceptó presentarse al interrogatorio el sábado pasado, insistiendo en que él no tenía información confidencial que revelar, ni violaría ningún acuerdo con sus fuentes.

En su fallo, el juez Hogan declaró que "Cooper y Russert no cuentan con privilegio alguno ni se les excluye de declarar ante el gran jurado". El juez rechazó explícitamente argumentos de que los reporteros tienen prerrogativas especiales por su profesión y afirmó que "tienen que cumplir con sus obligaciones, como todo ciudadano, de responder a una orden válida".

Dalglish caracterizó el fallo como "escalofriante" y advirtió que forma parte de una tendencia reciente en los tribunales federales de erosionar las protecciones de los reporteros. Sandra Baron, directora ejecutiva del Media Law Resource Center, organización especializada en asuntos legales relacionados con medios, consideró en entrevista que este fallo es "un paso hacia atrás" para los medios.

"El hecho de que un tribunal emita una orden de sanción contra un reportero por negarse a identificar una fuente confidencial marca un día difícil para la libertad de la prensa", agregó.

El columnista Novak se ha negado a revelar quién le informó que Plame era una agente de la CIA o si ha recibido orden del tribunal para presentarse a declarar. Después de meses de investigación, fiscales federales dicen que aún no cuentan con información sólida de quién filtró el nombre de Plame y, por tanto, están demandando que los periodistas que fueron informados sobre el nombre de la agente revelen sus fuentes.

Hasta hace poco, los tribunales eran relativamente renuentes a ordenar el encarcelamiento de periodistas que rehusaban revelar sus fuentes, y solo 18 de ellos han sido en-carcelados por esta razón en los últimos 20 años, según datos del Comité de Reporteros por la Libertad.

Pero el año anterior un juez en Illinois emitió un fallo parecido declarando que los periodistas no gozaban de privilegio especial que les otorgara algún derecho de no revelar información ante fiscales federales que obtenían una orden judicial. Dalglish cree que estas protecciones se están minando cada vez más.

"Los tribunales federales recientemente han estado mucho menos dispuestos a ofrecer algún margen a los reporteros cuando se trata de asuntos de privilegio. Anticipo que habrá más periodistas en estas situaciones", dijo la directora ejecutiva del Comité de Reporteros por la Libertad.

Las organizaciones y empresas de me-dios de comunicación en este país generalmente rehúsan que se entreviste a sus periodistas sobre material más allá de lo publicado o trasmitido, pero en un indicio de la creciente presión contra ellos, tanto Russert, de la NBC, como un periodista del Washington Post han reconocido que aceptaron declarar ante los fiscales federales en torno a este caso, aunque argumentaron que no cuentan con información privilegiada y por lo tanto no violarán ningún acuerdo de confidencialidad con sus fuentes.

Para Joel Simon, subdirector del Comité de Protección de Periodistas, estas tendencias son "preocupantes" ya que hasta hace poco la norma era que no se ordenaba a los periodistas revelar fuentes e información confidencial a menos de que otra vía para obtener esos informes se hubiera agotado o donde sólo ellos tenían pruebas definitivas para determinar la culpa o inocencia en un caso legal.

"No estamos seguros de que esta norma se haya cumplido en este caso", declaró Si-mon a La Jornada.

Sin embargo, señaló que a diferencia de países como México y otros, ordenar la cooperación de un periodista sigue siendo "medida de último recurso". Aquí, indicó, un juez debe tomar una determinación para ordenar la comparecencia e interrogatorio de un periodista, mientras que en México y otros países el fiscal tiene ese poder.

Con todo, el "testimonio obligado" en estos casos -en contraste con declaraciones voluntarias- siempre es preocupante para los defensores de los periodistas, señaló. "Este caso nos preocupa por eso. Cuando un periodista es amenazado con la cárcel, es asunto serio", dijo.

Para Dalglish esta situación "es escalofriante, particularmente ahora cuando el go-bierno está promulgando leyes y emitiendo órdenes ejecutivas que limitan el acceso a mucha información oficial que anteriormente era pública".

Agregó que "las fuentes confidenciales se están convirtiendo en casi la única vía para obtener esta información. Si el gobierno ahora amenaza ese flujo, finalmente amenazará la posibilidad de que la opinión pública entienda lo que está ocurriendo en el go-bierno" estadunidense.