Demanda al gobernador Ramírez Acuña cumplir recomendaciones de la CNDH

Exige el Congreso de Jalisco destituir al procurador y a jefes policiacos

Repudia actos de incomunicación y tortura cometidos contra jóvenes altrermundistas

JOSE DIAZ BETANCOURT CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 16 de agosto. El Congreso del estado de Jalisco exigirá al gobernador panista Francisco Javier Ramírez Acuña que destituya al procurador general de Justicia, Gerardo Octavio Solís Gómez, y a jefes policiacos como el director de Seguridad Pública del estado, Aldo Bugarín Torres, para cumplir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las vejaciones que el pasado 28 de mayo sufrieron altermundistas durante las manifestaciones contra la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina y el Caribe-Unión Europea.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura estatal, Alberto Maldonado Chavarín, anunció que el organismo a su cargo emitirá ''un oficio al gobernador del estado pidiendo el cumplimiento a las recomendaciones hechas por la CNDH, en cuanto a la revisión y posible destitución de algunos jefes policiacos, y específicamente del procurador del estado, que es quien causó la incomunicación y cometió la tortura'' contra quienes se expresaron en contra de la reunión de mandatarios.

El diputado priísta consideró que los elementos de la policía que recibieron una gratificación económica por su desempeño durante la cumbre deben devolver las recompensas porque "no se justifican". El gobierno de Jalisco y el ayuntamiento de Guadalajara entregaron por separado dichas remuneraciones, por montos de mil a 5 mil pesos, a los uniformados que participaron antes, durante y después de la megamarcha que se realizó la tarde del 28 de mayo.

Maldonado Chavarín indicó que como resultado de la represión ''queda claro que los elementos policiacos carecen de preparación, y se hace evidente la necesidad de contar con un reglamento para el manejo de disturbios''.

''Actuamos apegados a la ley'', sostiene el titular de la SSP local

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Guadalajara, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, anunció que la autoridad local esperará una comunicación oficial de la CNDH para decidir si acepta las recomendaciones, pero acotó: "Tenemos elementos para salir ante la sociedad civil a demostrar que la actuación, cuando menos de un servidor y de la gente de los mandos de la institución, fue con estricto apego a la ley".

Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron resultado de que el 28 de mayo, como en su momento reportó La Jornada, se detuvo a decenas de personas luego de la megamarcha contra la tercera Cumbre de Jefes de Estado, durante la cual hubo disturbios y saqueos. Entre los detenidos figuraron personas que no habían siquiera participado en la movilización.

Un mes después, abogados y representantes de los 45 procesados advirtieron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir su intervención en favor de los detenidos que, aseguraron, fueron torturados.

El 28 de julio pasado, autoridades estatales informaron que 18 consignados permanecían internados en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara, luego de que 27 pagaron su fianza y obtuvieron su libertad bajo caución. De estas personas, 13 están hoy internas en la cárcel de Puente Grande; uno es reincidente en presuntos ilícitos y los demás enfrentan diversos cargos, entre ellos robo calificado, dio a conocer la Secretaría General de Gobierno.

Sobre las denuncias de tortura contra altermundistas, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Carlos Manuel Barba, se dijo incapaz de confirmar si hubo o no vejaciones al momento de las aprehensiones e interrogatorios. "Nosotros constatamos algunas irregularidades, pero a quien corresponde calificarlas es a la CNDH", afirmó la última semana de mayo.

Entrevistado luego de que se conoció en la entidad la resolución del ombudsman nacional, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco dijo que el dictamen en cuestión "confirma los indicios que ya teníamos sobre la violación de los derechos humanos de los jóvenes que se manifestaron el pasado 28 de mayo".

Finalmente dijo que solicitaría al gobierno del estado de Jalisco y a los funcionarios señalados en el documento que "acaten totalmente las recomendaciones ahí emitidas".