Alude a su calidad de juez de la Corte Interamericana

Declina García Ramírez opinar sobre el 10 de junio

ALONSO URRUTIA

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez -a quien algunas organizaciones no gubernamentales ligan con el ex presidente Luis Echeverría-, rechazó hablar sobre la polémica relacionada con la prescripción del genocidio en el proceso vinculado al 10 de junio de 1971. "No soy la persona adecuada para opinar, justamente por ser juez de la Corte, y un magistrado no debe pronunciarse si no es en su sentencia."

De visita en el Senado, adonde acudió a ofrecer una conferencia magistral sobre la evolución de la Corte, García Ramírez reconoció que el caso eventualmente podría llegar a ese organismo. Añadió que ''ni asumo defensas que no se me han ofrecido ni adopto resoluciones antes de que los temas se planteen en la Corte''.

-ƑAfectados en los hechos del 10 de junio o la guerra sucia podrían acudir a la Corte?

-Quedará a discreción de los afectados, pero primero acudirían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego podría llegar a la Corte.

En la actualidad, comentó, únicamente hay un expediente relacionado con México ventilándose en esa instancia. Se trata de un caso de supuesta tortura que habría determinado una condena a una alta pena de prisión.

Por otro lado, durante su conferencia, el jurista consideró que México requiere promover reformas que permitan adecuar su sistema jurídico con las resoluciones judiciales de los tribunales internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que no surjan conflictos entre ambos ordenamientos al aplicar una resolución, sostuvo el presidente del organismo. Actualmente no existe ese puente suficiente, lo que podría provocar interpretaciones distintas, dijo.

García Ramírez esbozó algunas reformas que consideró necesarias para el sistema jurídico mexicano en el ámbito de derechos humanos. Tras destacar una adecuación al marco legal que reduzca un debate e interpretaciones distintas sobre la aplicación de resoluciones de tribunales internacionales, el jurista destacó la necesidad de reformar la Constitución en materia de amparo.

Parece indispensable -señaló- una reforma constitucional que permita al juicio de amparo ejercer la tutela de los derechos que no figuran en la Constitución y sí en los tratados internacionales. Apuntó que ya existe una iniciativa en el Senado y que la propuesta del Poder Ejecutivo sobre derechos humanos recientemente enviada a esa instancia también considera esta reforma, como también incorpora la supresión definitiva de la pena de muerte, lo cual también estimó indispensable.

Asimismo, el ex procurador general de la República señaló que otras modificaciones legales que requiere el país se relacionan con la expulsión de extranjeros mediante la aplicación del artículo 33 constitucional. Explicó que en la actualidad, al aplicar dicha disposición, en México no se ofrece ninguna garantía de audiencia a los que podrían ser afectados, a pesar de que es un aspecto que ya consideran todos los tratados internacionales.