Luis Carlos Ugalde: se solicitarán $6,191 millones a la Secretaría de Hacienda

Pedirá IFE presupuesto 7.9% menor al actual

ALONSO URRUTIA

Con la premisa de garantizar la preservación de elecciones confiables y creíbles, fortalecer el régimen de partidos políticos y la transparencia en el ejercicio de sus gastos, así como alentar la educación cívica, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer proponer a la Secretaría de Hacienda un presupuesto de 6 mil 191 millones de pesos, lo cual representa una reducción de 7.9 por ciento con respecto al vigente.

Al justificar la propuesta, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, sostuvo que el organismo emprenderá acciones para modernizar su gestión administrativa bajo criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia. En entrevista, comentó que se buscará hacer más con menos, para lo cual, dijo, ya se han aplicado medidas de austeridad, entre ellas la reducción del gasto en telefonía celular, disminución de viáticos y gastos de representación.

Para la consejera electoral Lourdes López, la propuesta presupuestal representa "el primer escalón en el proceso de corrección del rumbo del IFE en materia administrativa, modificación que nos permitirá avanzar consistentemente hacia la consolidación de una institución que responda de manera más eficaz y eficiente a las expectativas de la sociedad, no solamente organizando procesos electorales ordenados y transparentes, sino logrando que la tarea electoral no sea percibida como una carga para los contribuyentes".

Añadió que el redimensionamiento del IFE debe traducirse en una restructuración del gasto que tenga como propósito concretar los procesos de consolidación de áreas prioritarias y fortalecer aquellas que debido a las nuevas exigencias de la función electoral hoy requieren de mayores recursos para cumplir sus funciones a plenitud.

En la propuesta se consideran 2 mil 117.2 millones de pesos para el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas nacionales. De igual forma, se fijan partidas programáticas tendientes a garantizar el proceso de redistritación con miras al arranque del año electoral 2006 -que formalmente se inicia en octubre de 2005-, preservar la confiabilidad del padrón electoral, fijándose como meta un padrón de 69.3 millones de ciudados registrados, y emitir 10.6 millones de credenciales de elector.

Al respecto, el representante del PRD ante el organismo, Saúl Escobar, externó su preocupación porque se canceló, por motivos financieros, la posibilidad de realizar una recredencialización general -debido a que las micas originalmente expedidas ya no tienen espacio para marcar la votación de los siguientes procesos-, y pidió que se emitan criterios para que los estados puedan evitar que esa falta de espacios pueda convertirse en un problema.

Por su parte, el panista Jorge Zermeño hizo énfasis en la integración de 35 mil capacitadores electorales al subrayar que sería deseable que no se duplicaran funciones de capacitación con la Secretaría de Educación Pública. Los consejeros dejaron claro que esa preparación no implicará ninguna erogación por concepto de salarios.

En su intervención, Ugalde destacó que entre las acciones específicas que deberán realizarse el próximo año destaca la redistritación de cara a las elecciones de 2006, pero también la revisión de solicitudes de agrupaciones políticas nacionales que pretenden convertirse en partidos. En este caso, dijo, el IFE realizará una verificación rigurosa del cumplimiento de los requisitos legales, al margen de cualquier consideración política.

Durante la sesión, PRD y PRI plantearon la necesidad de que los partidos políticos sean incorporados a algunas comisiones de trabajo, como la de Proyectos de Resolución y Devolución de Proyectos, para que puedan hacer una defensa.

La propuesta fue de inmediato cuestionada por algunos consejeros, entre ellos Virgilio Andrade, quien señaló que la integración de comisiones se establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dijo que los partidos políticos no son ajenos a la defensa, porque tienen derecho de audiencia. Y consideró que no es pertinente incluirlos en todo el proceso de deliberación.