Extorsión y protección a bandas de narcos y robacoches, entre los delitos

Proceso contra ex jefe policiaco implica a Estrada Cajigal y antiguo procurador

La DEA documentó asesinatos, desapariciones y múltiples violaciones a derechos humanos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ/II Y ULTIMA

La carrera delictiva de José Agustín Montiel López, ex coordinador de la Policía Ministerial de Morelos (PMM), quien desde el pasado 13 de abril está sujeto a proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de delitos federales, no sólo incluyó protección a narcotraficantes y bandas delictivas, sino también actos de "intimidación y extorsión" contra "delincuentes y denunciantes".

La finalidad de Montiel era obtener dinero y declaraciones inducidas en favor de quienes eran sus protegidos, así como reprimir tanto a las personas que pretendían denunciar las acciones ilícitas en que incurría comúnmente el ex jefe policiaco, como a los detractores del gobernador panista de esa entidad, Sergio Estrada Cajigal.

Documentos oficiales de las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Morelos (PGJM), así como del Poder Judicial Federal (PJF) -de los que posee copia La Jornada-, dan cuenta de varios testimonios de presuntos delincuentes que fueron detenidos entre 2001 y 2002 en la entidad, así como de declaraciones de testigos protegidos que señalan las "ilegalidades" en que incurrían elementos de la PMM por órdenes de Montiel López.

En el caso del comerciante Francisco Javier Mayer Avila -que documentó ayer este diario- existen diversos testimonios de personas que presuntamente fueron vejadas, amenazadas y extorsionadas durante las investigaciones realizadas por la PGJM y por la PMM relativas a una banda de robacohes a la que supuestamente pertenece el ahora procesado.

Parte de la información consta en la causa penal 260/2001, específicamente en el auto de formal prisión que dictó en diciembre de 2001 el secretario de acuerdos José Luis Santamaría Preciado -entonces responsable del juzgado 18 de distrito en materia penal del Reclusorio Norte- en contra de Mayer Avila por su probable responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Aunque la investigación fue en un principio del fuero común (efectuada por el Ministerio Público de Morelos), posteriormente, en noviembre de 2001, la PGR decidió atraerla -a petición de autoridades morelenses- y solicitó el ejercicio de la acción penal con base en la indagatoria ministerial efectuada por la PGJM.

A la fecha el proceso penal que enfrenta Mayer aún no concluye, y antes de que el juzgado 18 emita sentencia (que podría ser condenatoria o absolutoria) deberá analizar "a fondo" todos los antecedentes que derivaron en la aprehensión de Mayer y las pruebas que se presenten durante el juicio.

Montiel, en la mira de la DEA

Otros elementos documentales que demuestran los actos delictivos en que incurría constantemente Montiel López fueron proporcionados a la PGR por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Esa corporación estadunidense documentó, mediante testimonios y pruebas, los denominadores comunes de la PMM cuando estuvo a cargo el ex funcionario y ahora procesado: asesinatos, desapariciones, protección a bandas de delincuentes, aprehensiones arbitrarias y continuas violaciones a los derechos humanos de los detenidos.

El informe elaborado por la DEA fue entregado a la PGR en junio del año pasado, por lo que la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha dispuso integrar la averiguación previa PGR/UEDO/193/2003, con la cual el pasado 7 de abril se solicitó la orden de aprehensión contra Montiel López y Raúl Cortez Galindo, ex coordinador operativo de la PMM y brazo derecho de éste.

Según testimonios de testigos protegidos por la PGR, como el de Idelfonso Ortiz Alatorre, varios elementos de la PMM, el ex procurador morelense Guillermo Tenorio Avila y el gobernador Estrada Cajigal sabían con certeza de la "enorme corrupción" en que estaba inmerso el ex coordinador de la corporación policiaca, actualmente detenido en el penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México.

Caso Mayer

El 30 de mayo de 2002 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo una recomendación a la PGJM, tras documentar que el Ministerio Público de esa entidad no acreditó "de forma fundada y razonada" el motivo por el que fue detenido el comerciante Francisco Javier Mayer Avila, el 11 de diciembre de 2001, por elementos de la PMM.

Ese día Mayer fue aprehendido en la casa de una de sus amigas y, según relató a La Jornada desde el Reclusorio Norte -donde se encuentra detenido desde hace más de dos años, en espera de que concluya el juicio que enfrenta-, en ningún momento le presentaron la orden de captura, además de que contaba con una suspensión provisional que le debió garantizar no ser detenido.

Ante esa violación a sus derechos humanos y a sus garantías constitucionales, Enrique Mayer Avila, hermano del ahora procesado, acudió a la CEDH al día siguiente de la detención para interponer una queja contra la PGJM y la PMM.

El recurso fue admitido y un visitador del organismo acudió con el comerciante para conocer su versión de los hechos.

Esta es parte del relato del quejoso, que consta en los autos del expediente 711/2002-1 de la CEDH: "el primer visitador entrevistó a Francisco Mayer, a quien se encontró detenido en los separos de la PMM. Ahí ratificó la queja, y señaló que había sido detenido aproximadamente a las 10 horas con 30 minutos del 11 de diciembre, encontrándose afuera del domicilio de su amiga, metiéndose a éste y hasta el mismo fue correteado y aprehendido por policías ministeriales, quienes en ese momento no le mostraron orden de aprehensión alguna, sino que ésta fue presentada aproximadamente a la una de la madrugada del día 12 de diciembre, señalando además no estar de acuerdo con ser relacionado con las personas que se mencionan en la orden de detención derivada de una investigación ministerial".

El 29 de abril de 2002, más de cuatro meses después de ocurridos los hechos materia de la queja, la CEDH emitió una recomendación a la PGJM para que "el Ministerio Público acredite en forma fundada y razonada la existencia y concurrencia de los elementos [que derivaron en la detención de Mayer] ministeriales".

Agrega que "se señaló que la referida orden de aprehensión derivaba del cumplimiento de un acuerdo fechado el primero de diciembre de 2001 -sin que se hubiera entregado copia del mismo a la CEDH-. Se concluye, por tanto, que la referida orden de detención y el cumplimiento de la misma es violatoria de los derechos humanos en agravio del quejoso Francisco Mayer Avila, procediendo recomendar (al titular de la PGJM) que realice investigación administrativa en contra de los involucrados y los sancione conforme a la ley".

Inclusive, la PGJM aceptó la recomendación y se comprometió a actuar.

Testimonios inducidos

Entre las aprehensiones presuntamente irregulares que derivaron de la denuncia que Mayer presentó ante la PGJM (el 13 de noviembre de 2001) contra sus deudores, quienes en garantía prendaria le dejaron supuestos autos robados, destaca la de Enrique Flores Tomassi, uno de los principales testigos de cargo por los que ahora se involucra a Mayer con una banda de roba autos.

Según consta en su declaración preparatoria, efectuada en el juzgado 18 de distrito del Reclusorio Norte, Flores Tomassi se negó a ratificar su declaración ministerial bajo el argumento de que había sido inducido por elementos de la PMM para que relatara cuestiones falsas en su exposición sobre los hechos.

En la nueva declaración refirió que fue detenido el 29 de noviembre de 2001 afuera de su negocio y en presencia de sus trabajadores, donde "de repente sentí un fierro en la cabeza y oí un ruido que estaban cortando cartucho diciéndome el policía: 'ahora sí ya te cargó la chingada'. Sin mostrarme orden de captura me esposó una mano a una tela de alambre y se quedó con mis pertenencias y dinero".

Asimismo, agregó: "El oficial traía un carro no oficial, nunca se quiso identificar [...], pidió ayuda por radio y en lo que llegó me dio una patada en los testículos y en la espalda, mientras me decía que si yo decía algo se iba a llevar la chingada a mi familia [...] Después me subió al auto y me puso una bolsa de plástico en la cabeza. Me estuvieron dando varias vueltas por Cuernavaca, diciéndome que yo tenía carros escondidos en las pensiones [y aproximadamente cinco horas después] me llevaron con Agustín Montiel López, diciéndome este señor que me iba a dar la última oportunidad para que yo hablara de una supuesta banda de robacoches, y que de apoyar yo la investigación me iban a ofrecer 2 millones de pesos para que me fuera de Cuernavaca con mi familia, y darme así protección como testigo de cargo".

En la causa penal 260/2001 hay, junto con la anterior, otras declaraciones de supuestos integrantes de una banda organizada de robacoches -a la cual presuntamente perteneció Mayer Avila-, quienes, sin embargo, no se conocen entre sí, además de que la mayoría coincide en señalar en sus declaraciones preparatorias que el proceder de la PMM se caracterizaba por las violaciones a los derechos humanos de los presuntos delincuentes.