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México D.F. Martes 17 de agosto de 2004 |
Venezuela: derrota de la mediocracia
 La
extraordinaria jornada cívica efectuada en Venezuela el domingo
pasado, en la que, según cifras oficiales avaladas por los observadores
internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y
del Centro Carter, el presidente Hugo Chávez fue ratificado en el
cargo con 58.25 por ciento de los votos, es el triunfo de los simpatizantes
chavistas contra una oposición apoyada sobre todo en los propietarios
de los medios masivos de comunicación, que pretendían derrocarlo
desde hace dos años minando el amplio apoyo popular que lo llevó
al poder y poniendo en su contra a amplios sectores de la clase media.
Los dueños de canales privados de televisión y radio, así
como de diarios nacionales, asumieron las funciones de la oposición
política ante el vacío que dejaron los partidos tradicionales,
AD y COPEI, quienes por décadas mantuvieron un bipartidismo pernicioso
para las mayorías y quedaron prácticamente desarticulados
tras el triunfo de Chávez en las urnas en 1998.
En distintos momentos de la crisis política que
ha enfrentado el gobierno venezolano, esta mediocracia usó todos
los recursos a su alcance para manipular la información y difundir
dentro y fuera del país la imagen de un presidente autoritario,
repudiado por la mayoría de la población, protector de la
guerrilla colombiana e impulsor de una revolución comunista en el
país. Fue crucial la participación de la televisión
privada en las convocatorias a las huelgas petroleras de los tres años
pasados para forzar la renuncia del mandatario -que causaron graves pérdidas
económicas al país- y particularmente asumió un papel
protagónico en el golpe de Estado de abril de 2002, cuando antes
de que se consumaran los hechos se dedicó irresponsablemente a difundir
versiones de que Chávez había sido derrocado, sin contar
con que la manipulación informativa quedaría evidenciada
horas después, cuando, en un hecho inusitado en la historia latinoamericana,
el mandatario fue repuesto en el cargo.
Este domingo, los amplios sectores populares que respaldan
al gobierno chavista se impusieron con su participación masiva en
las urnas y echaron por tierra la imagen de un presidente antidemocrático
y repudiado por la mayoría, así como la confianza de la oposición
en que la consulta sería un mero trámite para sacarlo del
poder. Vale reconocer que también los partidarios de la revocación
del mandato (41.74 por ciento) acudieron masivamente a las urnas para manifestar
su voluntad y dejar sin oportunidad cualquier maniobra fraudulenta que
enturbiara el proceso.
Sin embargo, los impulsores de la revocación del
mandato, cuyos intereses han sido afectados por las reformas de contenido
social impulsadas por el gobierno bolivariano, no se dan por vencidos.
A pesar del aval de la OEA y del Centro Carter a los resultados de la consulta
popular -la más observada en la historia del país- y del
reconocimiento internacional a la participación pacífica
de la ciudadanía en este ejercicio democrático, el canal
Globovisión insiste en la distorsión informativa difundiendo
versiones sin sustento sobre un supuesto fraude electoral e insistiendo
en que en Caracas priva un ambiente de tensión por los resultados
de la consulta.
No debe olvidarse que el referendo fue el mecanismo que
el gobierno y la oposición convinieron para dar una salida pacífica
y democrática a una larga confrontación que ha costado la
vida a decenas de personas, por lo que ambas partes están obligadas
a reconocer los resultados que reconocen la legitimidad de Chávez
y a privilegiar la vía del diálogo para superar la crisis
política. En ese sentido, es un signo positivo el ofrecimiento del
mandatario de diálogo y conciliación a sus adversarios.
Finalmente, los venezolanos dieron a América Latina
y al mundo una lección de democracia que Washington no puede pasar
por alto. Al hacerse eco de la exigencia de la oposición para que
se haga una auditoría a los resultados de la consulta, introduce
un elemento que podría retrasar la reconciliación entre los
venezolanos. Por ello el gobierno estadunidense está obligado, junto
con la comunidad internacional en su conjunto, a respetar la voluntad popular
expresada en las urnas.
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