Demandan evaluar el impacto social, cultural y ambiental de ese plan hidroeléctrico

Exigen ONG respetar los derechos de opositores al proyecto de La Parota

ROSA ROJAS

Una docena de organizaciones no gubernamentales que integran Espacio DESC (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), en un escrito dirigido al presidente Vicente Fox y al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, demandaron que cesen las violaciones a los derechos fundamentales que sufren ejidatarios y comuneros de 22 poblados de ese estado, donde se construirá la presa hidroeléctrica de La Parota.

Exigieron que el impacto social, cultural y ambiental del proyecto se evalúe por expertos independientes aceptados por las comunidades.

En el escrito, dirigido también al Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al relator especial de Vivienda Adecuada de la Comisión de Derechos Humanos, ambos de Naciones Unidas, las organizaciones solicitaron que, en caso de que dicha evaluación confirme un impacto violatorio a los derechos humanos, se cancele definitivamente ese proyecto.

Demandaron suspender actos de intimidación, persecución y criminalización contra quienes realizan la defensa legal de tierras y viviendas. Subrayaron que dicha obra afectará a 25 mil personas de los municipios guerrerenses de Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Chilpancingo y Tecuanapan, pues serán inundadas cuatro comunidades, 15 ejidos y una propiedad privada.

En Cacahuatepec, municipio de Acapulco, serán inundados tres de 47 poblados; "sin embargo, los 44 restantes serán seriamente afectados por la falta de agua y posterior salinidad de sus tierras, lo que impactará gravemente sus derechos a la alimentación, salud y medio ambiente, entre otros", señalaron.

Añadieron que ejidatarios y comuneros "están sufriendo violaciones a sus derechos fundamentales", pues, "sin consultar adecuadamente a las comunidades y ejidos que serán afectados por dicha obra", se han iniciado trabajos de prospección en la zona, con el objeto de iniciar la construcción de la hidroeléctrica.

Tampoco se ha informado debidamente respecto de las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la construcción de la presa, lo que, afirmaron, viola los derechos a la libre determinación y a la participación en torno a las decisiones que los afectan, ambos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.

Agregaron que como resultado de dicho proyecto -el cual forma parte del sistema de Interconexión Energética para Centroamérica, inscrito en el Plan Puebla-Panamá- se inundarán unas 17 mil 300 hectáreas, por lo que el agua cubrirá tanto los poblados señalados como las tierras que les permiten subsistir.

Ello llevará a que el gobierno desaloje a miles de personas de sus tierras, lo que se traduciría en la destrucción de sus viviendas, medios de subsistencia alimentaria, centros de salud y escuelas, así como en la drástica transformación del medio ambiente en que habitan.

Las organizaciones pidieron al gobierno que realice los procedimientos adecuados de consulta a las comunidades y ejidos involucrados y, en tanto no lo haga, se abstengan de ingresar maquinaria y equipo en el lugar donde se tiene proyectado construir la presa, para evitar confrontaciones que pongan en riesgo la tranquilidad de los pobladores.

Partidarios de la obra piden facilidades

Por otra parte, autoridades ejidales de Cacahuatepec pidieron a 80 comuneros inconformes que permitan el paso de maquinaria y equipo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que realiza estudios para la construcción de La Parota, y exigieron al Partido de la Revolución Democrática no entrometerse en los asuntos comunales, "politizando el problema".

El presidente de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Crescencio Jerónimo Aparicio, pidió a los inconformes respetar los acuerdos de la asamblea realizada el 25 de abril pasado, en la cual, aseguró, 7 mil 285 comuneros acordaron permitir a la CFE la realización de los estudios respectivos.