Arturo Alcalde Justiniani

Reforma laboral, verdades a medias

Al margen de los procedimientos legislativos y con el cobijo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el PRI y el PAN han negociando un conjunto de reformas a la Ley Federal del Trabajo que serían aprobadas en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Para ello han decidido instrumentar una política de medios que les permita ganar la batalla de la imagen. En esta estrategia la clave está en plantear verdades a medias, confiando en que la mercadotecnia oculte los efectos de las reformas propuestas. Se busca transitar el mismo camino utilizado en la aprobación de las reformas a la Ley del Seguro Social. Urgen al cambio porque los empresarios consideran que esta es su última oportunidad en el sexenio.

Esta negociación se centra en dos tipos de concesiones. Por un lado, el PRI accede a las peticiones empresariales en las formas de contratación temporal, flexibilidad en las jornadas, reducción de obligaciones y una protección especial frente a emplazamientos a huelga y posibilidades de cambio del sindicato escogido por la empresa. Por el otro, el PAN está conforme con mantener el control corporativo sindical vigente, de manera que los líderes no sufran la menor afectación al estatus de privilegio que han gozado por muchos años. Obviamente esta negociación nada tiene que ver con una modernización del mundo laboral, por lo que se ha convenido en una activa estrategia de medios para obtener apoyo en la opinión pública y en aquellos legisladores que, inexpertos en la materia, hagan suyos los mensajes que se les transmiten.

La estrategia informativa planteada tiende a presentar en primer lugar la iniciativa como si fuera producto de un acuerdo de los sectores productivos. No se dice que fueron esencialmente abogados de la Confederación Patronal de la República Mexicana y funcionarios de la STPS quienes la redactaron. Lo cierto es que desde un inicio se descalificó al PRD para justificar su exclusión de las negociaciones encubiertas, imputándole un eterno carácter opositor. Para evitar los detalles de la reforma y sus graves omisiones se ha rehuido el contacto con la academia y los foros públicos. La consigna ha sido hablar de la misma en términos muy generales, para evitar la valoración cabal de los cambios.

En segundo lugar, la propuesta de Abascal se presenta como defensora de los derechos humanos. Para ello, se afirma que existen nuevas medidas contra la discriminación y de protección a las mujeres embarazadas, utilizando conceptos vagos como "el compromiso de respeto a la dignidad humana". La verdad es que son simples declaraciones sin instrumentación concreta y muy ajenas a la realidad cotidiana, frente a la cual las autoridades se han hecho ojo de hormiga.

En tercer lugar, la iniciativa se presenta como una propuesta modernizadora que tiende a favorecer la productividad y la reducción de cargas burocráticas. Para ello se insiste en cambios menores, como la ubicación de los días festivos, la supuesta profesionalización y nuevas responsabilidades de los funcionarios públicos en la materia. La verdad es que no existen elementos importantes de modernización, tan sólo se atienden reclamos patronales para reducir sus obligaciones y diezmar las pocas garantías de que hoy gozan los trabajadores en materia de despido y en el desahogo de los procesos de justicia laboral. Se propone la creación de nuevos contratos temporales, sin ningún tipo de equilibrio, y con el engaño del disfrute de más días de descanso se faculta al patrón para violentar las garantías de jornada máxima de trabajo, propiciando la cancelación del pago de horas extras.

En cuarto lugar se afirma que el proyecto promueve la libertad sindical y la seguridad jurídica al impedir que sindicatos "falsos" emplacen a huelga o detenten la titularidad de los contratos colectivos sin contar con trabajadores afiliados. Con cinismo se insiste en que se busca acabar con los sindicatos fantasma y con la violencia mediante el voto secreto en los recuentos sindicales. La verdad es que todas las medidas tendientes a la democratización y a buscar la autenticidad en los procesos de representación de la contratación colectiva fueron rechazados. El proyecto de Abascal limita aún más la libertad sindical mediante mecanismos administrativos que ejercerán discrecionalmente las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la propia STPS. Si no se cuenta con un certificado especial, ningún sindicato legítimo podrá acceder al ejercicio del derecho de huelga y a la firma y titularidad de los contratos colectivos de trabajo. Por lo que serán inexistentes los recuentos con el voto secreto prometido. Obviamente, se ha acordado rechazar toda forma de transparencia sindical, voto secreto en la elección de dirigentes, rendición de cuentas y la existencia de un órgano de justicia imparcial, que resulta esencial para una auténtica modernización.

La línea de decir verdades a medias obliga a esconder las propuestas que durante muchos años académicos, especialistas y actores del mundo del trabajo, incluyendo pequeños y medianos empresarios, han sugerido para transitar hacia un modelo laboral responsable, sustentado en la concertación auténtica y en los profundos cambios que ha sufrido el mercado de trabajo. Frente a la estrategia de engañarnos con verdades a medias urge aclarar las verdades completas.