ESTADO Y PATRONES SE DESENTIENDEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

En la madrugada del 5 de agosto, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista aprobaron en el Senado reformas a la Ley del Seguro Social, que afectan al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del Instituto. Con cambios, se prohíbe que las aportaciones obrero-patronales sean empleadas para financiar el retiro de los trabajadores del IMSS. No queda claro que ese sistema de retiro sea el causante de la crisis que afecta al organismo, ni que los cambios vayan a revertirla.

Roberto González Amador

La reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aprobada en los primeros días de agosto en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso, deja dos lecciones en el campo de las relaciones laborales en el país. La primera es que el sentido de los cambios impulsados por el gobierno apunta a relevar a la parte patronal de cualquier responsabilidad en el financiamiento de los fondos de retiro. Y, la segunda, que tal como están ahora, los planes de jubilación en entidades públicas no son sostenibles en el tiempo y requieren ser adecuados. En un contexto más amplio, quedó demostrado que las jubilaciones y pensiones no alcanzan, porque el salario se ha deteriorado, el empleo informal ­y, por tanto, que no aporta a la seguridad social­ es el que más crece y, en suma, porque todo ello refleja la precarización del trabajo.

Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboral que participa en el equipo jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, comenta: "La tesis que está detrás de la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) es reducir la responsabilidad del Estado y de los patrones en la seguridad social". Argumenta: estos cambios deben ser vistos en un contexto más amplio que tiene consecuencias para todos los trabajadores del país.

Para el abogado laboral, también asesor de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), el sentido más relevante de la reforma al RJP de los trabajadores del IMSS es que se transfiere a los empleados la carga de financiar la pensión. En contrapartida, se releva al Estado y al patrón de su parte en esa responsabilidad. "Este es el punto, eximir al patrón de sus responsabilidades", resume. Según el experto, los cambios en el ámbito laboral promovidos desde el actual gobierno van en ese sentido, y por ello cobra relevancia la reforma aprobada en el IMSS.

"La idea que tienen es flexibilizar las formas de contratación, es decir, reducir la estabilidad en el empleo; lograr que en los juicios procesales sea el trabajador quien deba aportar las pruebas de descargo; flexibilizar la jornada de trabajo, lo que representa un mayor desgaste físico al trabajador". Todo esto, añade, busca consolidar un modelo. "Están ganando incluso la batalla del lenguaje, porque como promueven 'flexibilizar', entonces quienes se oponen estarían en favor de la rigidez", señala.

Arturo Alcalde dice que hay que insistir, en todo este debate, en la vinculación entre el tema de las pensiones y el ámbito laboral, así como en lo que llama "el tercer pilar": la propuesta de reforma a la contratación colectiva. "Lo que se está imponiendo es una línea anticientífica, basada en el discurso hueco de la Confederación Patronal de la República Mexicana que no entiende que el problema del trabajo no se resuelve con bajar salarios, sino con mejorar la competitividad, para lo que se necesita, también, mayor inversión. Pero esto es algo que no estudian."

En los países desarrollados, abunda, existen centros de estudio del trabajo, que aportan soluciones en materia de competitividad, pensiones, etcétera. Pero el gobierno actual es antintelectual, ni en sueños se le ocurre promover el estudio de los temas para buscar soluciones.

Proceso amplio

Desde un ámbito de experiencia profesional diferente, Ricardo García Sainz, ex director general del IMSS y ex secretario de Programación y Presupuesto, considera que el reciente cambio al RJP es parte de un proceso más amplio, que inició en 1997, cuando fue creado el sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que puso fin al régimen de pensiones solidarias en el país para impulsar otro de aportaciones individuales.

En 1997, recuerda García Sainz, el gobierno de Ernesto Zedillo afirmó que, completada la reforma de las Afore, se dotaría al IMSS de recursos suficientes para cubrir los diferentes componentes del seguro de enfermedades y maternidad. Esta oferta, asegura, resultó falsa. Lo único que ocurrió fue liberar al sector privado de parte de sus contribuciones (un tercio del total), que fueron absorbidas por el erario federal.

El gobierno asumió, de esa manera, una carga presupuestal de 40 mil millones de pesos al año, por las obligaciones de las que desligó a los patrones. Una cantidad similar fue absorbida por el Estado, como parte del costo de transición de un sistema a otro, lo que permitió liberar recursos para las Afore. Y, por si no bastara, el gobierno federal, en los últimos siete años, no ha cubierto los 14 mil millones de pesos anuales que corresponden a los servicios médicos a pensionados.

Con esas cifras puestas sobre la mesa, García Sainz se pregunta dónde están las causas de descapitalización del IMSS. "Por eso afirmo que la reforma aprobada a principios de agosto es estéril, no arregla los problemas financieros del Seguro Social. Reto a cualquiera a que me ofrezca un argumento de que la reforma contribuye a mejorar la posición financiera del seguro. El objetivo es otro."

Es difícil, dice, analizar esa reforma, "porque es absurda", porque sus efectos, si los hay, no se verán hasta dentro de 30 años y no contribuye en nada a mejorar los problemas que se presentarán de aquí a 10 años. "Lo único que tiene esa reforma es que invade el ámbito natural de las relaciones obrero-patronales, que es sustituido torpemente por una acción legislativa".

García Sainz, considera que el RJP de los trabajadores del IMSS debe ser "tocado" con efectos inmediatos. El camino más adecuado, considera, es establecer mínimos de edad, y no sólo de tiempo de servicio, para el retiro. No es viable que una persona trabaje 30 años, se retire a los 50 y perciba una pensión por otros 30 años. Otro requerimiento es revisar las bases de cálculo, para que la pensión sea otorgada en relación con las percepciones de los últimos dos o tres años. También que las pensiones sean actualizadas con base en la inflación y no en el incremento al salario de los trabajadores activos. También, que las contribuciones al Infonavit sean mejor transferidas a los fondos de pensión.

"No es popular decirlo, pero los sistemas de pensiones en entidades como el Seguro Social, Pemex, Luz y Fuerza, CFE y las universidades, deben ser revisadas para hacerlos viables. Sólo que no tiene que hacerse de la manera tan cuestionada y sin sentido como en los recientes cambios en la Ley del Seguro Social", señala  §