La mayoría panista conforma la comisión instructora; rechazo de PRI y PRD

Por segundo año, buscarán diputados yucatecos enjuiciar a cinco magistrados

Los ministros están acusados de negar la libertad al empresario Medina Millet

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 30 de agosto. Con el voto mayoritario de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) y la negativa de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), esta tarde se aprobó la creación de la Comisión Instructora que buscará, por segundo año consecutivo, fincar juicio político a cinco magistrados del Poder Judicial de la entidad, presuntamente acusados de negar la libertad al empresario Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por asesinar a su esposa Flora Abraham Mafud, en 1995.

Sin embargo, para que el juicio proceda se requiere del voto en favor de al menos 17 de los 25 diputados de la Legislatura 57 que entraron en funciones el primero de julio pasado. En total son 13 legisladores del PAN, 10 del PRI y dos del PRD.

La instancia legislativa quedó conformada por los panistas Jorge Puga Rubio y Joaquín Díaz Mena y el diputado perredista Alejandro Cuevas Mena, a pesar de su negativa.

Ante los cuestionamientos a la bancada del sol azteca, que horas antes externó su repudio, el diputado Eduardo Sobrino Sierra afirmó: "Nos obligaron", en alusión al mayoriteo blanquiazul. Esta situación despertó suspicacias en la fracción priísta respecto del eventual sometimiento del sol azteca en las siguientes votaciones.

Sobrino Sierra es considerado el autor intelectual de la alianza del PRD con el PAN para apoyar, en 2001, a Patricio Patrón Laviada, candidato a la gubernatura del blanquiazul.

Sin embargo, aunque esté lista la comisión instructora, ésta no puede emitir dictamen alguno hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolutivo final, debido a que el año pasado los cinco magistrados recurrieron a la Corte para evitar ser enjuiciados por la entonces 56 Legislatura local.

Los magistrados que están en la mira de los actuales legisladores son Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Mercedes Pérez Fernández, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Ligia Cortés Ortega, denunciados por la parte defensora del presidiario Medina Millet, la cual alega "bloqueo" de los funcionarios para concederle la libertad al ex empresario.

Medina Millet fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinar de un balazo en el pecho -el 15 de noviembre de 1995- a su esposa, Flora Abraham Mafud, integrante de una familia de origen libanés de fuerte influencia económica. La versión del inculpado es que ella se suicidó en la recámara conyugal y que cuando escuchó el disparo intentó auxiliarla.

El caso no sólo enfrentó a la elite social yucateca, sino a los políticos, dado que él, a pesar de no contar con la fortaleza económica de antaño, forma parte de la llamada casta divina, mientras ella era integrante de una de las familias de la casta beduina. Los panistas tomaron partido por Medina Millet y los priístas por la familia de la afectada.

El gobernador panista Patricio Patrón Laviada también se involucró en este caso, y hace tres años, durante su campaña rumbo a la gubernatura, se entrevistó con el reo y le prometió que haría todo lo posible por conseguir su libertad.

En 2002 la Procuraduría General de Justicia del Estado reabrió el caso, a pesar de que ya estaba juzgado en primera instancia, dos años antes, con la sentencia de la juez Leticia Cobá Magaña.