|
Editorial
Debido a la cerrazón de las autoridades
militares, el caso de los soldados dados de baja del ejército mexicano
por ser portadores del VIH llegó finalmente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La Secretaría de la Defensa
se ha rehusado a afrontar de manera responsable este grave problema de
salud que afecta de manera particular a sus integrantes. Primero se negó
a reconocer la existencia del problema entre sus filas. Posteriormente,
cuando resultó imposible ocultar la epidemia dando de baja de manera
ilegal a los soldados infectados, se negó a reportar el número
de casos diagnosticados a las autorides de Salud, como marca la Ley. Finalmente,
logró reformar su ley de seguridad social para legitimar las expulsiones
de militares seropositivos.
Sólo la tenaz defensa llevada a cabo en los tribunales
por el representante legal de los militares afectados, quien obtuvo un
fallo favorable que puede calificarse de histórico en uno de los
tribunales, ha logrado ventilar los casos y situarlos en su justa dimensión
como actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos. Gracias
a los resultados de este trabajo, hasta la CNDH ha tenido que variar en
algo su actitud de avalar las bajas de soldados seropositivos. En días
pasados emitió una recomendación dirigida al Secretario de
Marina por aplicar la prueba del VIH sin el consentimiento de un oficial
que resultó positivo a dicha prueba, aunque nada dice sobre la violación
de sus derechos laborales, ya que el marino fue dado de baja.
No se puede dar una salida a medias al problema. Aceptar
que la Secretaría de Salud sea la encargada de la atención
de los militares y marinos dados de baja por su seropositivdad, como propone
el gobierno federal, significa aceptar la discriminación de que
son objeto. La única salida aceptable es reformar la oprobiosa ley
de seguridad social de las Fuerrzas Armadas para evitar que se siga discriminando
a los militares VIH positivos. |