Pobladores toman palacio

Edil de Marquelia desconoce a la policía comunitaria

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Marquelia, Qro., 3 de septiembre. Después de que unos 150 habitantes de cinco comunidades de este municipio tomaron la sede del ayuntamiento para exigir respeto a la policía comunitaria y la renuncia del alcalde René González Justo, éste acusó a los miembros del cuerpo de seguridad civil de realizar funciones "fuera de su competencia legal".

La noche del jueves los manifestantes, encabezados por los comisarios de Zoyatlán, Arturo Bahena Ponce, y de Capulín Chocolate, Magdaleno Ramos, ocuparon el palacio municipal de Marquelia, localidad ubicada en la región de la Costa Chica y que creada por el Congreso del estado, hace dos años. En la protesta también participaron comuneros de Cruz Verde, Tepantitlán, Loma del Romero y de la propia cabecera municipal.

''La policía comunitaria no puede ser reconocida por el ayuntamiento porque no obedece a las autoridades municipales. Tiene responsabilidades propias. Los delincuentes o no delincuentes que llegan a detener son trasladados inmediatamente a San Luis Acatlán y allí, en juicios sumarios, les aplican penas corporales que van desde trabajo comunitario hasta una supuesta reducación, como ellos la llaman, sin que el acusado tenga derecho a defenderse", argumentó González Justo.

Además, el presidente municipal de Marquelia explicó que en las localidades de la Costa Chica la policía comunitaria ''ha excedido sus funciones''.

''Se creó (la policía comunitaria) para atacar los delitos de asalto, violaciones, abigeato y crímenes, y efectivamente bajó considerablemente la delincuencia en su área de influencia, pero como ya se acabaron esos problemas, pues no hay gran cosa qué hacer y están ampliando su radio de acción a otros ámbitos, como son los conflictos religiosos en Capulín Chocolate y los agrarios en Zoyatlán'', expuso.

Incluso, el edil acusó a los elementos de ese cuerpo de seguridad de cometer "graves violaciones a los derechos humanos", ya que, "no sueltan al presunto delincuente si antes no firma un documento en el que se compromete a no presentar ninguna denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos".

Citó el caso del ex alcalde de San Luis Acatlán, Jesús Huerta Mora, acusado de desviar recursos públicos, quien fue detenido y juzgado por la policía comunitaria, y obligado a hacer trabajos forzados durante seis meses. Para ser liberado, recordó, ''tuvo que darles 35 mil pesos y firmar un documento''.

Demandan presupuesto

Los inconformes acusaron al edil González Justo de desviar recursos por un monto de 400 mil pesos y pidieron su renuncia. Asimismo exigieron la destitución del comisario Miguel Duque de la Cruz y el reconocimiento, en su lugar, a Reyes Rosario, "como fue la decisión de la asamblea general".

También los habitantes de las cinco comunidades de Marquelia pidieron al presidente municipal otorgue a la policía comunitaria credenciales de identificación para sus elementos, así como 20 por ciento del presupuesto para seguridad pública.