El gobierno ha alentado por más de una década la participación privada en los servicios educativos. Ella no sólo está relacionada con la rentabilidad económica, sino también con los dividendos políticos. Hoy, tres de cada 10 universitarios cursa sus estudios en escuelas privadas.

Georgina Howard

A principios de agosto, a punto de iniciar el ciclo escolar, Banamex-Citigroup, el principal grupo financiero del país, lanzó al mercado una tarjeta de débito para universitarios, buscando captar a los estudiantes en escuelas particulares. ¿Negocio osado en un país con reducido poder de compra? Quizá no tanto. Las últimas cifras oficiales revelan que tres de cada 10 estudiantes de educación superior están en una institución privada, en las que las colegiaturas van de 40 mil a 60 mil pesos semestrales.

Es creciente la participación del sector privado en la educación. Aumenta al tiempo que las instituciones públicas se desempeñan en medio de la estrechez financiera, las limitaciones presupuestales y los sueldos reducidos para sus profesores. Para algunos grupos, incluso extranjeros que han avanzado en instalar planteles aquí, es una abierta posibilidad de hacer negocio en un mercado que, de acuerdo con especialistas, es rentable en términos económicos, pero también por su presencia política.

Los números son claros: Adrián Garay, investigador de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior documenta que en 1975 las escuelas privadas atendían 11.7 por ciento de la matrícula de licenciatura. Un cuarto de siglo después creció a 30 por ciento. La mayor expansión ocurrió entre 1982 y 1997, asegura.

Visto en conjunto, el sector privado maneja instituciones a las que acuden 40 de cada 100 estudiantes, desde prescolar hasta posgrado. Estimaciones privadas calculan que antes de 2010 esa proporción subirá a 50 por ciento.

El campo donde la presencia privada es creciente es el de la educación superior. A la fecha, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene registro de que hay en el país 2 millones 300 mil jóvenes cursando educación superior. Detalla que 30 por ciento de ellos lo hace en una institución privada.

Como ocurre en otros campos, como el de la medicina, el costo de la instrucción privada es una barrera para la mayoría de la población en edad de estudiar. Pero no es el único factor. Enrique Cruz Gómez, director de la carrera de administración y mecánica, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, explica que en el país sólo una quinta parte de los jóvenes tiene la posibilidad de cursar estudios superiores, fracción que ­de acuerdo con Cruz Gómez­ es inferior al de un país como Costa Rica.

Para algunos investigadores, no todo está relacionado con el dinero. Desde 1990 viene aplicándose un pacto entre gobierno y empresarios, en el que éstos obtuvieron del primero compromisos para fomentar la educación como servicio prestado por la iniciativa privada.

De las poco más de 2 mil instituciones con rango de universidades registradas en el país, mil 100 tienen participación de capital privado. Pero más allá de los estereotipos, es un hecho que buen número de ellas ­¿quién puede decir la última palabra?­ ofrecen programas educativos alejados de una verdadera formación profesional, sin estándares de calidad e incluso incapaces de proporcionar una adecuada capacitación para el trabajo.

Uno de los mayores rezagos que enfrenta la economía mexicana es en el terreno de la regulación. Pueden transcurrir meses antes de que un empresario llegue a cumplir con todas las regulaciones y trámites para abrir un negocio. Pero en educación se requieren en promedio 60 días para que un interesado pueda obtener los permisos necesarios para iniciar operaciones como prestador de servicios educativos.

La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior revela que del total de programas de universidades privadas, 60 por ciento opera con reconocimiento otorgado por una instancia estatal y el resto con autorización federal de la SEP.

Para Cruz Gómez, la educación privada sí es rentable y deja dividendos para aquellas instituciones que no están conformadas como asociaciones civiles. Es el caso del Tec de Monterrey que opera con un modelo corporativo y cuenta con 30 planteles en todo el país. La cabeza de la institución es Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, la cuarta empresa cementera del mundo.

En este caso, explica, las ganancias se reinvierten en las mismas instalaciones, como establece el consejo de administración, formado por varios empresarios y académicos. Las colegiaturas en el Tec de Monterrey ­institución que mantiene a 3 por ciento de la matrícula nacional en educación superior­ se definen tomando como base un estudio económico en el que se miden los impactos inflacionarios, las cuotas de la competencia, los salarios de los profesores y las inversiones en infraestructura.

"No todos los planteles privados tienen ganancias", asegura José Manuel Velasco, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Distrito Federal. Algunos planteles son administrados por asociaciones civiles, que tienen como obligación reinvertir sus dividendos. Otras están registradas fiscalmente como sociedades civiles y, en el caso, reparten dividendos entre sus socios  §