Una docena de compañías ofrece productos para que los trabajadores adquieran un seguro que garantice una pensión mínima al momento de retiro, adicional a la que ya cotiza en las Afore. Es una opción que ha tenido un crecimiento limitado en cuanto a su aceptación entre el público, mientras crece el debate sobre la viabilidad financiera de los planes de jubilación existentes

Rebeca Sánchez Fernández

A partir de las reformas a la Ley del Seguro Social que entraron en vigor el primero de julio de 1997, los trabajadores mexicanos pueden contratar la compañía aseguradora que elijan para que pague sus pensiones, incluyendo las que corresponden a su retiro, cesantía o vejez.

Sin embargo, tras siete años de esa reforma las aseguradoras han ganado una mínima parte del mercado de pensiones, de tal suerte que mientras el sistema de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) rige los fondos de retiro de 32 millones de trabajadores, las aseguradoras operan apenas 132 mil pensiones, que incluyen no sólo las de cesantía y retiro, sino también las de incapacidad, invalidez, maternidad, orfandad y educativas, entre otras.

El artículo162 de la Ley del Seguro Social establece que "para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez o retiro, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de mil 250 cotizaciones semanales".

En caso de no reunir las semanas cotizadas podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere la pensión.

El artículo 164 de esa ley establece que los trabajadores que cumplan con ambos requisitos podrán optar por una de dos alternativas: 1. contratar con alguna compañía de seguros pública, social o privada una renta vitalicia que se actualizará anualmente, de acuerdo con la inflación, o 2. mantener el saldo de su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a éste retiros programados.

Al cierre de 2003 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) había emitido 132 mil 414 resoluciones en favor de igual número de trabajadores para que eligieran la compañía de seguros que pagará su pensión y a la cual el instituto debe transferir los recursos correspondientes, según revelan datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

A la fecha, 12 compañías han sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda, con la aprobación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para cubrir pensiones por incapacidad, invalidez, muerte y jubilación, alcanzando este rubro, en marzo último, apenas 1.8 por ciento de la cartera total de los seguros, contra 2.7 por ciento que representaba en el mismo mes de 2003, según cifras de la asociación de aseguradoras.

La Ley del Seguro Social establece que un trabajador activo que sufra invalidez o riesgo de trabajo que lo incapacite permanentemente para trabajar, podrá elegir una aseguradora que se encargue de pagarle mensualmente su pensión.

Para ambos casos las aseguradoras ofrecen renta vitalicia para el pensionado o un seguro de sobrevivencia, que permite a los beneficiarios recibir dicha pensión después de la muerte del titular, pero que para buscar la preferencia del trabajador ofrecen beneficios adicionales, que según la CNSF no representan costos para el trabajador.

El artículo 171 de la ley del IMSS señala que es obligación del gobierno federal hacer una aportación complementaria en caso de que los recursos acumulados por el trabajador en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, que le asegure el disfrute de una pensión garantizada y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios.

Mientras las aseguradoras manejan casi 132 mil 500 pensiones en sus diversas modalidades de incapacidad, invalidez, cesantía y retiro, las Afore siguen concentrando ese "mercado".

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) las Afore manejan 32 millones 367 mil 888 cuentas, por 403 mil 590 millones 700 mil pesos, provenientes de las aportaciones del trabajador, el patrón y el gobierno. A esta masa se suman 2 mil 212 millones 100 mil pesos por aportaciones voluntarias.

Las aseguradoras elaboran verdaderos "trajes a la medida" de los trabajadores, por lo que todos son distintos y varían según cada compañía; pueden ser en pesos, en dólares o en unidades de valor adquisitivo, una suerte de unidad de inversión (UDI), que pretende proteger el ahorro ante la inflación.

La compañía Metlife Pensiones recomienda que el plan se elabore en dólares o en unidades de valor adquisitivo y explica, por ejemplo, que si una persona que hoy vive con 8 mil pesos mensuales y desea un plan de retiro que dentro de 20 años le dé esa cantidad, debe aportar cada año a su fondo 4 mil 515 dólares, que equivalen a 49 mil 850 pesos. Los pagos pueden ser anuales, semestrales o trimestrales.

Si su plan es a 10 años, con la misma cuota de retiro mensual de 8 mil pesos o su equivalente en dólares, debe aportar cada año a su fondo sencillamente el doble del primer caso, es decir 9 mil 30 dólares, el equivalente a 103 mil 32 pesos.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) advierte en el estudio La situación demográfica de México 2003 que la escasez en la cobertura de los sistemas de seguridad social y de pensiones y jubilaciones en México plantea el reto de generar empleos que permitan el ahorro para el retiro oportuno y digno, así como de ofrecer opciones laborales a las personas envejecidas que deseen continuar activos, y de garantizar la sustentabilidad financiera de los sistemas de seguridad social y de salud.

Advierte que será necesario que los mercados de bienes y servicios, así como el mercado laboral y financiero se adapten al nuevo perfil de las demandas sociales, de una población que aumenta su esperanza de vida y que, de acuerdo con el Conapo, pasará de 73.6 años en el quinquenio 1995-2000, a 78.86 años en el 2020-2025, y a 79.51 años entre 2025 y 2030§