Martha Zamarripa*

El secuestro de Nuevo León

Más de 20 empresarios regiomontanos sufrieron un intento de secuestro en lo que va del año, aunque lo ocultan ante la opinión pública. Comparten dos características: mucho dinero y poca o ninguna escolta; confían su seguridad a que los secuestros eran poco usuales en Nuevo León, y a que su chofer operaba de guarura.

Aprovechando el descuido, esos empresarios fueron víctimas de secuestradores que estuvieron cerca de su objetivo. Aunque la lista permanece celosamente oculta, algunos nombres se han filtrado.

El caso más sonado, de Mauricio Fernández Garza, heredero de la familia Garza Sada, ex candidato a la gubernatura y ex alcalde, lo negó el interesado. No sólo Mauricio sufrió el secuestro fallido. También una de sus hijas. Francisco González Sánchez, dueño de Multi-medios Estrellas de Oro, que edita los periódicos y revista Milenio, posee cientos de estaciones de radio y decenas de canales de televisión, acostumbra andar solo. Lo sigue un vehículo con dos escoltas. Sufrió un intento de secuestro. Otro ex alcalde del municipio de San Pedro vivió la misma experiencia. También el empresario llantero Roberto Garza Villarreal.

De estos intentos y los secuestros efectuados nadie habla en público. Hay hermetismo absoluto. El gobernador Natividad González Parás; el secretario de Seguridad, José Domingo Ramírez, y el procurador, Luis Carlos Treviño los niegan. Dicen: no hay ni siquiera "intentos", mucho menos secuestros. Los ayuda que las víctimas y sus familias tampoco hablen y el delito pueda permanecer más o menos oculto.

Javier Alvarado Quiroga, dueño de Pinturas Doal, secuestrado desde febrero, apareció sin vida el 28 de junio. Oficial-mente se manejó de asesinato calificado cometido por un deudor que "sólo" lo mató, pero nunca lo secuestró. Se sabe que pidió rescate de 5 millones de dólares, que su familia estaba dispuesta a pagar si demostraban que vivía.

No todos los industriales se descuidaron. Empresarios de Alfa, Vitro, Cemex, Femsa se "rearmaron" y actualizaron equipos de seguridad con lo más sofisticado del mercado, ante el surgimiento de secuestros y al advertirse relajamiento en el combate al crimen organizado y tibia respuesta del reinstalado gobierno priísta.

Otro experto asegura que empresarios como Lorenzo Zambrano, Eugenio Garza Lagüera, José Antonio El Diablo Fernán-dez, Adrián Sada, cuentan con información sobre posibles plagiarios, que lejos están de poseer los mandos policiacos.

Provistos de equipos de alta tecnología, su extensa base de datos permite detectar la presencia de sospechosos; no es raro que soliciten a las autoridades que, bajo pretexto de una infracción de tránsito u otro delito menor, investiguen individuos o vehículos sospechosos.

Durante el gobierno panista de Fernando Canales, aunque los empresarios no dejaron de protegerse, relajaron la vigilancia ante la creencia de que los delitos eran ejecuciones y ajustes de cuentas entre narcotraficantes, que no tocaban la sociedad civil. Hoy es distinto. A la llegada del gobernador Natividad González Parás y del alcalde de Monterrey, Ricardo Canavati, los delitos no se circunscriben entre cárteles. Afectan población civil y, por primera vez en mucho tiempo, al sector empresarial.

El incremento en los delitos comenzó con asaltos. En mayo por primera ocasión ocurrió un asalto a mano armada en EMWA, lujosa joyería del centro comercial Valle Oriente. Varias personas fueron tomadas como rehenes, mientras los guardias del mall cerraban accesos a paramédicos y policía. Cuando los heridos yacían en el piso, y la policía era relegada a espectadora, los ladrones huyeron. Aun-que la policía tenía videos de los asaltantes, sólo arrestó a los guardias de seguridad privada que cerraron el centro comercial. Dos semanas después, otro asalto similar se cometió en la Relojería Suiza de Plaza Fiesta San Agustín, en San Pedro Garza García. Los ladrones se retiraron tranquilamente.

Además de esta modalidad de robo en centros comerciales muy vigilados, se incrementaron los asaltos bancarios, que llegaron a siete en un solo día de mayo y en los primeros seis meses de 2004 aumentaron 150 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

Pedro Pablo Treviño, director de la policía regia, culpa a la banca de dejar sin vigilancia las instituciones bancarias, afectando a los clientes. Sin embargo, llama la atención el descuido de autoridades estatales y locales para armar adecuadamente a sus cuerpos policiacos.

La percepción es que Nuevo León dejó de ser entidad segura y, aunque los empresarios puedan hasta cierto punto comprar su seguridad, no sucede igual con la población.

Lo que al parecer González Parás y el alcalde Canavati no advierten es que si entregan Nuevo León a la delincuencia organizada, será difícil encontrar el camino de regreso, si es que lo hay.

*Periodista regiomontana. En 2001 recibió el Reconocimiento al trabajo a favor a los derechos humanos desde los medios de comunicación