León Bendesky

País maltrecho

México es un país maltrecho. Esto no se reconoce abiertamente y no se actúa en consecuencia. Por el contrario, persiste fuerte discrepancia entre las condiciones concretas de existencia de la mayoría de la gente, de los trabajadores y de las empresas, y la imagen que de sí mismos tienen quienes han gobernado durante los últimos 20 años.

Esta discordancia es muy patente en el caso del actual gobierno, tal como se confirmó en el pasado informe sobre el estado de la administración pública.

Cada vez se recurre más a la noción de gobernabilidad como una condición que se plantea necesaria para alcanzar los fines propuestos de crecimiento económico, aumento del empleo y el ingreso, reducción de la pobreza y más competitividad. Esta visión ha guiado las reformas desde mediados de 1980. Y las reformas no han sido menores, pues han alterado significativamente el modo en que funciona la economía y sus efectos sobre el conjunto de la sociedad. La trayectoria ha sido cuando menos errática y luego de un periodo tan largo se ha quedado muy lejos de las metas fijadas. En esto no debe haber complacencias, los beneficios parciales no provocan un mejoramiento colectivo.

Hoy la gobernabilidad no aparece, entonces, como una propuesta de acuerdos generales, de amplia aceptación y capaz de mover al país en una dirección definida. Por el contrario, se ha desgastado su contenido y se expresa como un recurso de quienes gobiernan para hacer lo que proponen con la menor resistencia posible.

En cambio, parece que hay mayor resistencia mientras más se empuja. La cuestión es que esa resistencia tampoco marca aún un rumbo claro que constituya una alternativa definida. Y, al propio tiempo, el gobierno tiene formas diversas de seguir adelantando sus posiciones, principalmente mediante la gestión fiscal.

Este gobierno escogió la forma de hacerlo y lo ha declarado abiertamente, incluso en el reciente informe rendido en el Congreso, al plantear las virtudes del acuerdo alcanzado en torno al Fobaproa. La opción para el manejo de los recursos fiscales ha sido el acuerdo con los bancos, con quienes acabaron vendiéndolos y quienes los compraron luego de la crisis de 1995. De ahí, de los rescates envueltos en técnicas financieras, se ha montado la gestión fiscal que hizo la administración de Ernesto Zedillo y ahora la del presidente Fox.

Esta es una parte, pero relevante, del proceso por el cual se está creando una crisis fiscal de enormes proporciones, cuyas repercusiones adversas se muestran por todas partes. Conviene señalar algunas: el debilitamiento de la seguridad social y de la salud pública, el desperdicio de la riqueza petrolera, el atraso de la infraestructura física, el rezago social. Y entre tanto se sigue insistiendo en las virtudes de la política de reducidos déficit fiscales que inclusive se quiere llevar a cero en el último año de este gobierno.

La gobernabilidad, tal como la define el propio gobierno, no es asequible en estas condiciones y se aleja cada vez más con riesgos muy grandes para la frágil cohesión que tiene esta sociedad. "Después de mí, el diluvio", parece ser el signo de la política. El resultado no puede ser otro que acabar con un país maltrecho.

Y del lado de la oposición, Ƒqué se puede esperar? La credibilidad de los partidos está mermada y los liderazgos individuales o de grupos no están suficientemente consolidados para arrastrar un proyecto político amplio. El entorno de las instituciones y de la ley, al que se apela de modo permanente, es débil y genera poca confianza, aunque conviene a muchos.

En el Congreso recae la representatividad de los intereses de la población, tal y como surge del sistema vigente validado por el régimen electoral al que queremos llamar democracia. Esa representatividad está muy cuestionada por sí misma. Y los gritos y desaires en un acto protocolario y cada vez más inservible, como es el informe de gobierno, son una forma no sólo absurda, sino inútil de ejercer la oposición; no sirve de nada más que para el protagonismo adolescente de quienes lo hacen. No es un instrumento útil de la política, no de aquella que necesita la mayoría de la población.

Los descontentos de diversos grupos sociales son común denominador de lo que ocurre en el país, pero no convergen en una visión que pueda compartirse y que abra caminos hacia 2006 y más adelante. Esa es una consecuencia también de la manera en que se están provocando las pugnas sociales. Muchos ganan aun de esta condición, lo que sólo augura mayor desgaste social. Esta opción es la más probable, marcará el último tercio de este gobierno. Las reformas que se siguen proponiendo enfrentarán las mismas resistencias, pero el caso es que en todas se avanza de modo soterrado, sea en el campo fiscal, el de la energía y en el laboral.