Entregó estudio a la SCJN para evitar que se atribuya desacato a Salazar Adame

La ley impide satisfacer demandas de los ejidatarios de Tultepec: Reforma Agraria

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) está imposibilitada jurídica y materialmente para entregar las mil 936 hectáreas que reclaman los ejidatarios de San Pedro Tultepec, estado de México, aseguró el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gilberto Hershberger Reyes.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del Registro Agrario Nacional no descartó que a los ejidatarios se les otorgue en propiedad 272 hectáreas y el resto de los terrenos sean pagados bajo determinación judicial.

Lo anterior tras entregar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) documentos con los cuales pretende acreditar que la dependencia federal siempre estuvo dispuesta a cumplir con lo ordenado por el décimo tribunal colegiado en materia administrativa, y evitar con ello que el máximo tribunal del país ordene la destitución y consignación del titular de la SRA, Florencio Salazar Adame, quien fue señalado como responsable de desacato a un mandamiento judicial.

Pese a que el subsecretario mencionó una y otra vez que la SRA manifestó formalmente ante los jueces y magistrados que atendió el asunto y demostró en todo momento su disposición a cumplir las sentencias judiciales, no mostró documentos que acreditaran que la dependencia así lo haría, únicamente hizo alusión a los oficios 14581, de fecha 27 de abril; 18103, del 20 de julio; 14580, del 27 de abril, y el 18102, del 20 de julio, todos supuestamente elaborados este año y entregados tanto al juzgado de origen como al tribunal.

Asimismo, refirió durante la conferencia realizada en la sede de la SCJN que durante los pasados cuatro o cinco meses la SRA desarrolló un estudio con el cual se demuestra que la institución no tiene la capacidad de entregar las tierras demandadas por los ejidatarios de Tultepec, porque se sobreponen a las que hoy ocupan otros cinco ejidos como son los de Capulhuac, San Miguel Chapultepec, San Sebastián y San Pedro Tlaltizapán.

Ante esta situación, la SCJN deberá determinar, primero, si Salazar Adame incurrió o no en desacato, y luego, en caso de que reconozca la imposibilidad de cumplir con la orden del décimo tribunal colegiado en materia administrativa, turnará el expediente al juzgado de origen para se elaboren los avalúos correspondientes y se ordene a la SRA el pago correspondiente.

Entre las pruebas entregadas a la SCJN está un estudio, el cual supuestamente se concluyó apenas el lunes pasado y en él están contenidos todos los elementos para demostrar que es imposible entregar las mil 936 hectáreas a los ejidatarios de San Pedro Tultepec, y sólo es viable la entrega de 272 hectáreas.

Un dato que sobresalió en la conferencia de prensa fue que el mismo día que se turnó el caso a la SCJN para resolviera si es procedente la destitución de Florencio Salazar Adame, se culminó el estudio, según lo declarado por el subsecretario Hershberger Reyes.

Supuestamente, en el documento entregado en la oficialía de partes de la SCJN se puntualiza que se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a la sentencia del décimo tribunal, además de todos los documentos que amparan que es imposible ejecutar la resolución presidencial que dotó de tierras al ejido de Tultepec.