México avaló competencia de la Corte en 1988, pero no efectuó reforma constitucional

Presenta PRD iniciativa que corrige vacío legal en torno a jurisdicción de la CIDH

Autoridades podrían enfrentar el problema de cumplir fallos de ésta o de instancias nacionales

ANDREA BECERRIL

La fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República presentó una iniciativa para reformar el artículo 94 constitucional, con el propósito de que el Estado mexicano acepte la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ya que hay un vacío legal en la legislación.

La senadora Leticia Burgos precisó que fue el 8 de diciembre de 1988 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reconocimiento de México a la CIDH, órgano jurisdiccional que tiene como función garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José.

Sin embargo, dicha aceptación se hizo sin la reforma constitucional correspondiente, lo cual provocó un vacío legal, toda vez que el marco jurídico mexicano establece que las resoluciones emitidas por los tribunales federales son definitivas e inatacables.

"Ello significa que si se lleva a la CIDH un caso en el que todos los recursos legales internos fueron agotados y el tribunal internacional resuelve en sentido contrario al fallo de la última instancia legal mexicana, el gobierno federal y sus órganos jurisdiccionales estarían en la disyuntiva de incumplir la sentencia de esa Corte alegando que la Constitución no establece ningún mecanismo para hacerlo."

Hay muchas preguntas al respecto, señaló la senadora Burgos, entre ellas si tendría que violentarse la Carta Magna para cumplir un eventual fallo de la CIDH, y de ser así "Ƒcómo podrá la autoridad interna desconocer lo decidido por el Poder Judicial mexicano y emitir una nueva resolución en sentido contrario?"

ƑLa autoridad tendría que emitir un fallo distinto, con fundamento en la legislación interna, o simplemente sería necesario dar cumplimiento a la resolución de la CIDH?, cuestionó la senadora. Explicó que hasta el momento México no ha recibido ninguna sentencia de esa Corte, sin embargo, ya se presentó una controversia que evidencia el conflicto.

Se trata, explicó, de un amparo indirecto en contra de las autoridades mexicanas por el incumplimiento de una recomendación de la CIDH. La solicitud de amparo de Alfonso Martín del Campo fue desechada en nuestro país, y si el tribunal internacional falla en favor del quejoso surgirá el problema.

De ahí que, manifestó, es necesaria la reforma al artículo 94 de la Constitución para brindar el reconocimiento pleno a la CIDH y cumplir cabalmente los convenios e instrumentos internacionales.