El PT en la Cámara plantea cambios para que se apruebe la iniciativa popular

Presentan propuesta para que el Ejecutivo pueda ser sometido a juicio político

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó ayer ante el pleno una iniciativa de reformas a los artículos 74, 86, 110 y 11 de la Constitución que busca facultar a la Cámara para que pueda recibir la renuncia del Presidente de la República e incluirlo como sujeto de juicio político y objeto de declaración de procedencia, en caso de una denuncia penal por delitos graves.

En tribuna, el priísta Hugo Rodríguez Díaz explicó que la reforma también implicaría dar facultades a la Cámara para que pueda calificar y aprobar la renuncia del jefe del Ejecutivo, pero sólo por mayoría calificada de sus 500 integrantes.

La propuesta del tricolor también implica modificaciones a los artículos 25 y 44 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito de que dicha legislación se adecue a las reformas constitucionales ya aprobadas por el Congreso.

También durante la sesión ordinaria, el Partido de Trabajo planteó cambios a los artículos 35 y 71 constitucionales para hacer posible la iniciativa popular, lo cual permitiría a cualquier ciudadano presentar proyectos de ley, propuesta que el grupo parlamentario petista ya cabildea con la bancada del Partido Revolucionario Institucional.

Asimismo, el vicecoordinador de la bancada, Oscar González, propuso reformas a los artículos 23, 34 y 36 de la Ley Orgánica del Congreso, para que la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública continúe siendo del presidente de la Cámara, pero que ésta pueda ser únicamente ejercida previa solicitud a la Junta de Coordinación Política.

Por su parte, el diputado de Convergencia Jesús González Schmall presentó una propuesta de enmienda al artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales para evitar que, como en otras áreas estratégicas, grupos extranjeros se apoderen de la infraestructura de los servicios aéreos nacionales.

El proyecto plantea que ninguna empresa en la que se utilicen fondos públicos del Estado esté exenta de auditorías fiscales y de la supervisión de los recursos por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Los priístas, en tanto, presentaron ante el pleno iniciativas de reformas a los artículos 20 y 128 del Código Federal de Procedimientos Penales que buscan desaparecer la figura de "persona de confianza", para evitar que el Ministerio Público se escude en esa prerrogativa con el objetivo de convalidar una declaración presuntamente obtenida por tortura o "métodos reprobables".