California: doblegan migrantes a supermercados

Varias cadenas pagarán 22.4 mdd por evadir prestaciones a cientos de indocumentados

TANIA MOLINA RAMIREZ

Trabajadores de limpieza, en su gran mayoría inmigrantes mexicanos indocumentados, ganaron una demanda colectiva contra las cadenas de supermercados estadunidenses Von's, Albertson's, Ralph's y Safeway, así como contra la compañía de limpieza Building One Service Solutions, las cuales deberán desembolsar 22 millones 400 mil dólares. Esto ocurrió días antes de efectuarse el juicio programado para el 29 de junio, en el cual se condenó a las firmas por evadir durante casi 10 años los pagos del salario mínimo y horas extras, así como por no otorgar descansos y equipos de seguridad.

Luego de descontar los gastos, el monto a ser repartido entre mil y 2 mil trabajadores asciende a 14 millones 185 mil dólares. Si bien la compensación va a depender del tiempo de trabajo y las horas extras no pagadas, en promedio cada ex empleado recibirá unos 7 mil dólares.

"Es una victoria para los trabajadores", dice Javier Amaro, coordinador de investigaciones del Maintenance Cooperation Trust Fund (MCTF), organización californiana dedicada a supervisar las condiciones laborales de los trabajadores de limpieza. El desenlace es histórico tanto por el número de trabajadores involucrados como por el monto que las compañías accedieron a pagar, explica Amaro.

La acusación en la demanda "Juan Flores et al versus Albertson's Inc." (con el número CV 01-0515 PS) fue "haber aplicado un esquema para evadir sus obligaciones legales con los salarios de trabajadores de limpieza y sus prestaciones a través de contratos indirectos en los que participaban intermediarios, mientras mantenían el control del trabajo llevado a cabo en los supermercados", señaló la corte federal de distrito de Los Angeles.

El caso, que abarca a trabajadores que laboraron para las empresas entre enero de 1994 y el mismo mes de 2003, fue llevado por un amplio grupo de bufetes, organizaciones y abogados: Hadsell & Stormer; Bahan & Associates, Traber & Voorhees y Talamantes/Villegas/Carrera, LLP, Mexican American Legal Defense & Educational Fund y Marvin Krakow y Robert Newman.

Esta semana estará en México un grupo que representa al administrador de reclamos (compañía neutral encargada de confirmar la validez de las quejas de los demandantes) con el fin de contactar a trabajadores involucrados (más de 90 por ciento de los empleados que asean los supermercados en California son mexicanos sin papeles) y explicarles las tres opciones que tienen: "Tramitar un reclamo, objetar el arreglo o no hacer nada". Sólo si entregan su reclamo recibirán la compensación; los trabajadores que quieran tramitarlo pueden llamar a la ciudad de Puebla al teléfono (222) 246 0211 y preguntar por Javier Amaro.

El 1Ɔ de noviembre es el límite para recibir reclamos. Se espera que el juez emita su aprobación al arreglo el 6 de diciembre.

La primera vez que un grupo visitó el país en relación con el caso fue en marzo pasado, cuando una abogada y activistas recorrieron Puebla, Hidalgo y el DF en busca de los trabajadores (suplemento Masiosare, 14/03/04). En aquella ocasión, La Jornada constató las reacciones: "A ver si al fin se hace un poco de justicia"; "ya sabemos que vamos a que nos exploten"; "nos van a correr si participamos"; "a lo mejor es para saber de nuestros familiares que están allá y luego deportarlos". Pese al miedo, todos terminaron dando sus datos.

"Es un caso muy difícil, contaba la abogada Jennifer A. Reisch, del bufete Bahan & Associates, quien participó en la primera visita. "Los inmigrantes se mudan, muchos no saben leer, la mayoría tiene miedo de la migra."

Los abogados de los obreros calculan que unos 2 mil califican para sumarse a esta demanda. Tras la pasada visita a México y una campaña de difusión en California, han localizado a 940 trabajadores (200 en México, la mayoría en la mixteca baja poblana).

Sólo en los lugares donde la organización por los derechos laborales de los inmigrantes es fuerte -como en Los Angeles y sus alrededores-, la situación de los trabajadores de limpieza ha mejorado en cierta medida ("checan tarjeta, les pagan el mínimo", cuenta Amaro).

En otros sitios, los trabajadores de limpieza siguen en situación de explotación. Las empresas de limpieza simplemente se han trasladado a estados donde la organización no sea tan fuerte. Entidades como "Oregon, Michigan, Texas, Washington y Arizona se rigen bajo la ley de la selva", cuenta Amaro.

Mike Sullivan, ex dueño de la contratista Building One (declarada en bancarrota y una de las demandadas en este caso), compró las cuentas de esta empresa con el nuevo nombre de Horizon National Services y ahora opera en otras partes con las mismas prácticas, denuncia Amaro.

Sin embargo, el arreglo con los supermercados y la reciente victoria de cientos de trabajadores de limpieza inmigrantes sobre un contratista de la cadena de tiendas Target (caso en el que también participó el MCTF) son esperanzadores.

Lo más alentador, concluye Amaro, es que sienta precedente en dos sentidos, el legal: las empresas usaron en sus argumentos el caso Hoffman (donde se dijo que trabajadores indocumentados no tienen derecho a exigir el pago de salarios devengados), pero el juez no aceptó el argumento. Por otro lado, "este caso dará más confianza a los trabajadores, para que no teman represalias (hasta la deportación) por participar y para que exijan cada vez más el respeto de sus derechos laborales".