Jaime Martínez Veloz

Sistema de abusos y costumbres

La coyuntura política nacional es crecientemente compleja; las coordenadas que permitían comprenderla hasta antes de 2000 ya no son representativas de la realidad, porque hay un flujo permanente de acontecimientos enteramente nuevos e impensables hasta hace apenas poco tiempo.

Pareciera que la vida nacional hoy se rige por el sistema de abusos y costumbres, muy contrario al respetable sistema de usos y costumbres de los pueblos indígenas, tan criticado por los paladines de la "democracia electoral" durante los diálogos de San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal. Zedillo estaba en contra de una supuesta balcanización, pero en favor de la bancanización de México, mediante el oprobioso Fobaproa. No era error de ortografía, sino un abuso del poder en contra de la nación.

Los cuatro años más recientes han sido intensos hasta el agobio para la clase política, mientras para la sociedad han estado llenos de desilusión, resentimiento y un ya nada disimulado repudio.

Estos sentimientos sociales han sido estimulados por acontecimientos escandalosos en su forma, preocupantes porque son síntomas del desarreglo y la descomposición, y alarmantes porque su evolución anuncia un cisma. La ilegalidad y el abuso son ya toda una categoría institucionalizada en la vida nacional "democrática"; no hay un solo segmento que no esté infectado por sus esporas y en sentido vertical está presente en todos los niveles: desde el más modesto ciudadano hasta el Presidente de la República.

La modalidad novedosa es que la ilegalidad ya no sólo es el acto punible que fraguan secretamente en la sombra conspiradores que conocen cuán largos pueden ser los brazos de la ley. Impunidad para delinquir, para asesinar, para secuestrar, para traficar droga, armas e indocumentados. Bancos, aeropuertos y negocios ilícitos saquean y sangran la economía nacional. Las trasnacionales se introducen en México, al igual que el salitre y la humedad, para apoderarse del sector energético con la complicidad del gobierno federal, de Acción Nacional y de grupos priístas afines.

Lo mismo circula la ilegalidad que la omisión de las autoridades ante delitos cometidos en plena flagrancia, por temor a ser calificadas de represoras. Ilegalidad con careta de procuración de justicia son algunas actuaciones de las procuradurías de justicia de Oaxaca y el Distrito Federal: en la primera, la muerte de un disidente a golpes, por cuenta de priístas plenamente identificados, es una omisión inaceptable que responde a instrucciones directas del gobernador de ese estado; en la segunda, es penosa la actuación de Bernardo Bátiz en los casos de corrupción en varias delegaciones y en el Gobierno del Distrito Federal, al no haber un solo funcionario corrupto detenido. Se han contentado con peces chicos. Al mismo tiempo, Cabal Peniche, El Divino y Lankenau forman parte del jet set mexicano y se pasean por el país cobijados por la impunidad, que es tal que inclusive se han atrevido a exigir ser resarcidos de las "pérdidas" ocasionadas por sus pillerías.

En Tijuana, Jorge Hank y el PAN se pitorrean de la legalidad y violentan los topes de campaña. La única ley que conocen es la de "aquí sólo mis chicharrones truenan". Compran y cooptan todo lo comprable, mediante un novedoso "sistema de abusos y costumbres". Mientras tanto, la cifra de ejecutados durante el presente año en Baja California se acerca a 300, disputando así la primacía con otras entidades señaladas como "violentas".

Autoridades y políticos recurren cada vez más a la ilegalidad de la omisión si ello incrementa su popularidad. Hoy la encuesta se ha vuelto un becerro de oro con habilidades de oráculo que los políticos adoran porque decide quién tiene posibilidades de obtener una precandidatura presidencial para 2006. Todo se subordina a la popularidad: aplicación de la ley, responsabilidades y obligaciones públicas, ética política, lealtades y compromisos; la quimera de la popularidad es el nuevo sistema de coordenadas con que los políticos se posicionan en el escenario, y es la primera consideración que todo funcionario toma en cuenta para decidir el tipo de actuación que tendrá o para empezar a maquinar los pretextos de su omisión.

En todos los aspirantes sólo se conoce un anhelo central: ser presidente o presidenta de la República, pero ninguno ha explicado por qué y para qué quiere serlo. Todos están de acuerdo con un frente, alianza o coalición nacional, siempre que el candidato sea el aspirante promovente de la misma. El programa, el método de selección y el proyecto de país son irrelevantes: lo único que importa es seguir al partido o al redentor en turno. La mayor popularidad posible para la autopromoción y el mayor descrédito posible contra los adversarios son las reglas de oro de quienes apelan al reconocimiento y apoyo de una sociedad fatigada y escéptica de todos, cuya inteligencia y dignidad se menosprecian de modo reiterado cada vez que no le explican qué uso darían a ese poder político, de conseguirlo.

Ya en 2000 se demostró que la alternancia democrática, legal y transparente era posible luego de 70 años de autoritarismo; en 2004 hay indicadores preocupantes de que ese avance puede revertirse.

Cada uno de nosotros tenemos una tarea en el nuevo escenario nacional; ojalá que cada cual asuma con responsabilidad lo que le corresponde y se ubique en su justa dimensión para terminar con el perverso y lacerante sistema de abusos y costumbres, que hoy contamina todos los estratos y segmentos de la sociedad mexicana.

El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra.

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