Luis Javier Garrido

El desayuno

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se halla una vez más en entredicho, ahora por las manipulaciones de Vicente Fox al hacer intervenir como un subordinado suyo al ministro Mariano Azuela Güitrón en el caso del predio El Encino y del juicio de procedencia al jefe de Gobierno de la capital, pero en el gobierno federal no parecen haber entendido la gravedad de lo que acontece.

1. El más reciente escándalo suscitado por Fox, al conocerse que se reunió hace casi seis meses con Azuela para planear el famoso "desafuero", hecho que negó Santiago Creel en Canal 40 (14 de septiembre) y reconoció el procurador Macedo un día después, abre una nueva crisis de credibilidad del régimen foxista, pues afecta directamente el principio de la división de poderes y la tesis de que el país transita hacia otra forma de vida institucional.

2. El desayuno organizado por Fox y Creel con Mariano Azuela (presidente de la Suprema Corte) para planear el juicio de procedencia contra Andrés Manuel López Obrador a fin de inhabilitarlo como candidato presidencial se efectuó en Los Pinos el miércoles 7 de abril, en plena Semana Santa, cuando ya habían fracasado las dos primeras tentativas de Fox contra el que veía como un obstáculo para sus ambiciones: el caso del Paraje San Juan y el affaire Ahumada, según reveló Carlos Marín en su columna (Milenio Diario, 13 y 14 de septiembre), y estuvieron también el procurador Rafael Macedo de la Concha y la abogada de la presidencia María Teresa Herrera, quienes, lejos de velar por el respeto al orden jurídico, como es su obligación, se prestaron a que se urdiera una nueva conjura para torcer los principios legales del país.

3. El nuevo escándalo generado por las ambiciones futuristas de la pareja presidencial tiene toda la razón de ser porque los tejemanejes de Fox y de Azuela afectan gravemente el principio fundamental de la división de poderes. El aspecto más grave lo constituye no sólo el hecho de que el titular del Ejecutivo, descuidando sus responsabilidades, se haya dedicado durante meses a una serie de maniobras ilegítimas e ilegales judicializando la política para tratar de imponer a su sucesor o sucesora en 2006, lo que ya se sabía, sino que un ministro de la Corte, quien funge además como su presidente, asuma las funciones de ayudante del Ejecutivo, y además en una iniciativa en la que se busca tergiversar la ley, quebrantando de esta manera el principio de la división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución, violando los fundamentos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de esta suerte politizando a la judicatura.

4. Los gobiernos priístas se caracterizaron durante décadas por la tendencia del Ejecutivo de subordinar a la Suprema Corte, y el gobierno foxista, que a pesar de su propaganda, aparece cada vez más como prolongación del supuesto "antiguo régimen", está demostrando en los hechos que en este terreno las cosas no han cambiado: que la tendencia presidencialista es la misma, así como la obsecuencia y docilidad de algunos de los señores ministros. Y así no puede existir una autonomía de los poderes ni un Estado de derecho.

5. La actuación de Azuela había sido ya objeto de viva inquietud en la judicatura y de innumerables críticas de analistas en los medios, aun sin conocer los detalles de su involucramiento en las acciones ilícitas del gobierno, porque en los últimos meses se dedicó sin recato a hacer en discursos o declaraciones, y hasta publicando un desplegado, una serie de pronunciamientos políticos de apoyo a la tentativa de Fox de hacerle un juicio de procedencia al jefe de Gobierno a fin de quitarle la protección constitucional y poder llevarlo a los tribunales para inhabilitarlo políticamente, la que no tenía más que un objetivo: influir de manera ilegal en la decisión de la Cámara de Diputados y ulteriormente en la posible intervención de un juez.

6. La gravedad del asunto no radica tan sólo en el hecho de que Fox y Azuela han buscado manipular la impartición de justicia, sino en que con su falta de respeto a las leyes, que dicen guardar, están afectando las instituciones. El ministro Azuela, al menos desde sus declaraciones y desplegado del 19 de mayo en los que pretendió, semanas después del desayuno, que ahora se conoce, que el caso de El Encino mostraba claros responsables, hasta sus discursos ante el pleno del 6 y 8 de septiembre, en los cuales acusó veladamente al jefe de Gobierno de pretender situarse por encima de la ley, violó el orden legal de México. Y lo más significativo es que lo hizo en un asunto en el que la PGR no ha presentado ante ningún juez acusación penal contra nadie, del cual no podía estar bien enterado y en el que se inmiscuyó como actor político.

7. El presidente de la Corte, según establece la Ley Orgánica en su artículo 14, fracción I, además de llevar la administración de este alto tribunal, lo debe representar, y Azuela no parece haberlo hecho con la legalidad y la integridad que se requería, incurriendo en graves responsabilidades al tratar de ayudar a Fox en el caso El Encino, asesorándolo y llevando a cabo durante meses una campaña contra el jefe de Gobierno, y es por eso que tanto juristas y analistas y diversas organizaciones políticas han demandado su renuncia inmediata para que no siga desprestigiando al Poder Judicial federal.

8. Los ministros incurren en causas de responsabilidad, conforme al artículo 131 de esta ley, cuando realizan conductas que atentan "contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder" (fracción I), o al "inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competen a otros órganos del Poder Judicial de la Federación" (fracción II), así como al "no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores" (fracción VII), y no cabe duda de que éste es el caso de Azuela.

9. La Corte es hoy un almácigo de abogados conservadores, pero a eso se suma que algunos están trasgrediendo el orden legal. El abogado Azuela es nieto de Mariano Azuela, el ilustre novelista de Lagos de Moreno. El autor de Los de abajo tuvo dos hijos: uno liberal, Salvador Azuela Rivera, quien fue catedrático de la UNAM, y otro conservador, Mariano Azuela Rivera, a su vez senador por el PRI y ministro de la Suprema Corte en 1951-1957 y 1960-1972, quien cumplió con dignidad su encargo, pero este Mariano Azuela Güitrón, o Marianito, como se le llama, ministro desde 1983 no ha dado un "traspié", como dicen algunos, sino que ha comprometido el orden legal del país.

10. Los juristas del siglo XIX buscaron con afán que la Suprema Corte no se politizara, pero hoy el gobierno foxista la ha hecho entrar de manera abierta en la política, y esto es más grave de lo que muchos suponen.