Luis Linares Zapata

Energía y fisco

Las reformas llamadas estructurales de energía están íntimamente relacionadas con la fiscal que se ha pretendido, sin éxito alguno, llevar a cabo para la hacienda pública. Al trabarse en su interrelación, el resultado ha sido desastroso para ambos sectores: ni se han incrementado los ingresos públicos ni se han podido desarrollar sanamente las empresas de electricidad, gas y petróleo, tal como hubiera sido conveniente o deseable. El resultado, como todo lo que se improvisa, queda a medio camino o se intenta concretar con fondos insuficientes, termina en un híbrido mal formado que en poco beneficiará a la colectividad. Proyectos archivados para tiempos mejores, planes inacabados, deuda creciente, balances poco presentables ante la comunidad financiera, reservas en decadencia, plantas generadoras que son retiradas sin necesidad ante la sobreoferta de los agentes independientes, regiones potencialmente productoras de gas o aceite que no se investigan o explotan como fuera conveniente, apagones sin aparente causa y subsidios indebidos o mal canalizados son algunos de los renglones que saltan a la atención de cualquier observador medianamente enterado de esos menesteres.

Las dos tendencias que plantean salidas siguen en un dilatado, estéril forcejeo sin que se avizore salida factible, acordada y visionaria que pueda cimentar, de manera vigorosa, el crecimiento que se exige ante aquellos encargados de las decisiones. Por un lado insisten los proponentes del oficialismo en reformas que, en resumen, siempre terminan en la privatización tanto de la CFE como de Pemex. Privatización que implica, sin alternativa, la extranjerización de esas empresas ante la ausencia de capital o de capacidad organizativa del empresariado nacional para hacerse cargo de ello. Por el otro, se agrupan los que se han atrincherado en la defensa de los energéticos como un tesoro a conservar bajo el exclusivo dominio de la nación.

El complemento de la pugna se extiende -por intrínseca lógica del pensamiento, intereses personales, posiciones partidarias o por las arraigadas visiones que animan a esos grupos- a proponer diversas soluciones al financiamiento gubernamental que es indispensable para una u otra alternativa. Unos lo quieren cimentar en forma extensiva en el impuesto al consumo (IVA) y ponen el acento, con euforia sin redención alguna, en hacer valer tan regresivo gravamen, a los alimentos y las medicinas. Los otros, que también sostienen la soberanía energética, rechazan ese IVA generalizado, pues lo consideran un atentado contra el bolsillo de los que menos tienen. Estos aceptan, a regañadientes, diseñar formas alternas de allegarse recursos que terminan en misceláneas indescifrables de muy limitados efectos recaudatorios. Y, como producto final del desencuentro, se obtiene el estancamiento económico, desavenencias partidarias y un ambiente de encono y frustración. Malo para los mexicanos y para los políticos.

Un gobierno que no tenga en sus arcas recursos que lleguen, cuando menos, a 25 o 30 por ciento del PIB extraídos de manera sana, es decir, vía fiscal, no podrá financiar sus actividades con la eficacia requerida por una planta productiva extensa y por una sociedad con grandes carencias y expectativas de mejor calidad de vida. Empresas energéticas que no retengan y empleen parte sustantiva de sus ingresos (digamos un 50 por ciento de ellos) tampoco podrán enfrentar los retos de su desarrollo. Si ambos objetivos se combinaran el futuro nacional cambiaría con una rapidez que envidiarían tirios y troyanos sin necesidad de recurrir al capital trasnacional ,sino como se haría ante un útil complemento. Mientras esto toma forma y realidad, habrá de conformarse con el hecho de ser una nación de mantenidos por la confluencia de las remesas extranjeras y la expoliación, sin mucho sentido, de los pozos de aceite y gas.

El presupuesto para 2005 y la ley de ingresos que integran el paquete económico no contemplan una situación diversa de la ya conocida y experimentada con anterioridad.

Se visualiza así un ejercicio plagado de insuficiencias programáticas, con amenazas adicionales de recortes, sin enfrentar, con fondos suficientes, los problemas básicos. Se tienen que aceptar, como barrera difícil de franquear, los pagos de enormes deudas contraídas por errores garrafales de los dirigentes pasados. En la propuesta oficial, cuando mucho, se intentan paliar los efectos terribles de una pobreza que se extiende y profundiza al tiempo que los gobernadores, diputados o munícipes se arrebatan los despojos petroleros con los que puedan empujar, en el mejor de los casos, manoseados proyectos personales. Haberes que, por lo demás, siempre se les discuten y ocultan sin que por ello cejen de insistir en sus solicitudes por subsidios crecientes, vía electricidad barata, para sus angustiados votantes. Por lo que se avizora del próximo futuro, no habrá cambio alguno. A lo más que puede aspirar Pemex es a rescatar una pizcacha de los excedentes que obtiene por los altos precios externos del petróleo o a seguir recargándose, junto con la CFE, en los onerosos Pidiregas. Y por el lado de los impuestos, vuelta de nuevo a los desacuerdos, a pesar de la pomposa Convención Hacendaria.

Tal parece que el destino siempre alcanza para golpear por partida doble a los que pasan por la vida como timoratos e ineptos.