Castro Lozano los contrató para litigio sobre restaurante

Investigan contrato irregular de la Cámara con despachos

ENRIQUE MENDEZ

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados determinó presentar un recurso ante el Consejo de la Judicatura Federal para reclamar la decisión de un juez de distrito que ordenó el embargo precautorio de la planta baja del edificio E de San Lázaro, que se utiliza para el servicio de restaurante, el cual por el litigio con el anterior concesionario, Especialistas en Alta Cocina (antes Wings), se mantiene cerrado desde hace más de nueve meses.

Asimismo, el grupo de diputados que investiga las irregularidades en el caso acordó exigir a la secretaría general el contrato de prestación de servicios celebrado entre los despachos Vázquez Cardoso y Chávez Nader, y el ex presidente de la mesa directiva de la Cámara, Juan de Dios Castro Lozano, por un millón 300 mil pesos, cuando en San Lázaro hay un área jurídica que debió llevar el asunto.

Durante varias horas, la Junta de Coordinación discutió el tema y acordó asumir la recomendación del grupo de trabajo, respecto a que en el juicio ordinario civil 50/2004 entre el anterior concesionario y la Cámara se exija a aquél fijar una garantía por el otorgamiento judicial para asegurar los bienes del recinto legislativo y que, al mismo tiempo, se le fije una contragarantía a la Cámara para levantar las medidas precautorias que impiden la apertura del restaurante Los Cristales.

También se decidió presentar ante el juez que concedió la suspensión, en el juicio de amparo promovido por Wings, una solicitud para que defina los alcances del fallo en favor de la empresa "para hacer valer que ésta es una razón social inexistente" y que no está prestando el servicio y suministro de alimentos a la Cámara.

Luego de la reunión -en la que también se agenda una nueva entrevista de los coordinadores parlamentarios con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda-, el vicecoordinador del PT, Pedro Vázquez, informó de la queja que se presentará al Consejo de la Judicatura, pues explicó que el embargo precautorio viola el artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso, el cual establece que "ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus cámaras, ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios".

El legislador petista reconoció que en tanto continúa el litigio, "el restaurante seguirá cerrado varios meses, hasta que se resuelva el asunto, en favor de los intereses de la Cámara, por supuesto".

-ƑEl cierre del restaurante representa una pérdida económica para la Cámara?

-No, sólo la inversión, el pago de un despacho externo que autorizó Juan de Dios Castro, que representó un millón 300 mil pesos de asesoría y defensa legal.