Si no caen peces gordos al menos tendrán menor margen de impunidad, sostiene

Anuncia Barrio iniciativa para acotar la corrupción de funcionarios públicos

Buscarán que inculpados puedan salir libres bajo fianza; el marco legal, complicado y formalista

ENRIQUE MENDEZ

El ex secretario de la Contraloría y coordinador de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Barrio Terrazas, anunció que presentará hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y, en los próximos días, otra de modificaciones al Código Penal para reforzar las medidas contra la corrupción de los funcionarios públicos y para que, si no caen peces gordos, "al menos haya menores espacios para la impunidad".

En conferencia de prensa, reconoció que muchas de las denuncias que él presentó como contralor federal ante el Ministerio Público no procedieron, por la vaguedad de los conceptos establecidos en las leyes, argumentó, lo cual le ha permitido a funcionarios públicos que cometen actos de corrupción evadir su responsabilidad.

La intención ahora es que la corrupción cometida por funcionarios públicos se considere un delito grave, para que no puedan salir libres bajo fianza y enfrenten los procesos en la calle, y no en la cárcel.

"El marco legal, como está, la verdad hace muy difícil sancionar a servidores públicos que cometen delitos, fundamentalmente de corrupción, y esto ha hecho que el país se mantenga como una especie de paraíso para los corruptos. Y tiene mucho que ver con un marco legal muy complicado, demasiado formalista, con una serie de requisitos que dificultan la aplicación de sanciones", sostuvo.

La propuesta plantea, en general, tres vertientes: suprimir la definición de "grave" y "ejercicio indebido del servicio público" en la descripción de los ilícitos; cambiar la definición de "delitos cometidos por servidores públicos" por "delitos contra la función pública", y eliminar los requisitos establecidos en el artículo 224 para determinar el enriquecimiento ilícito.

Barrio explicó que en la ley vigente se exige que para probar el enriquecimiento ilícito se determine que la diferencia entre el patrimonio y el ingreso de los funcionarios proviene de actos ilícitos. "Probar eso resulta sencillamente imposible porque, por ejemplo, Ƒcómo le probamos a un jefe policiaco con un salario de 9 mil pesos, que sus residencias y sus autos nuevos los compró con dinero ilícito?".

Eso se acabó, dijo, y la propuesta que presentará plantea que comete enriquecimiento ilícito el funcionario cuyo patrimonio no se corresponde con sus ingresos. "Probar que vino de fuentes lícitas será su responsabilidad; les pondremos a ellos la carga del a prueba".

Adelantó que en su propuesta de reforma al Código Penal se incluirá una ampliación de las penas carcelarias, además de que en el caso de los trabajadores de confianza se les aplique hasta una mitad mayor al tiempo de prisión previsto en la ley.

"Aunque incluso dentro de la bancada del PAN hay una gran polémica, y hay quien opina que no debería considerarse un delito grave la corrupción, yo soy de los que consideran que sí, que debe castigarse con mucha más severidad y rigor el delito patrimonial que pueda cometer un servidor público, que el que cometa un particular, porque además del daño material, hay un daño social y moral, y la sanción debe ser grave", expuso.