Fadlala Akabani Hneide

Seguridad pública

Mucho se ha hablado sobre los problemas derivados de la inseguridad, pero poco se ha dicho sobre las causas que la generan.

Este es un problema que a nivel mundial se ha convertido en el talón de Aquiles de los estados. Baste señalar que el índice de delitos se ha incrementado, pues de 330 millones cometidos en 1975, tal cantidad ascendió a 400 millones en 1980 y a 500 millones en 1990, según cifras de la ONU.

Esta y otra serie de reflexiones fueron planteadas el pasado 17 de agosto en la presentación del libro Prevención del delito: asignatura pendiente, de Pedro José Peñalosa, cuyo acto fue organizado por la delegación Benito Juárez. Cabe subrayar que este tema significa en realidad un reclamo social ante la ineficiencia mostrada por el Estado en su conjunto para proteger la integridad física y patrimonial de los mexicanos.

El texto aludido se enmarca dentro de una importante e innovadora corriente de pensamiento, la cual centra su propuesta principal en el impulso de acciones que combatan la inseguridad desde una perspectiva profundamente social. Sostiene que deben implementarse un conjunto de medidas preventivas que abatan de raíz el problema.

Propone la creación del Consejo Nacional de Prevención Social del Delito, el cual de manera colegiada podría regular la participación interinstitucional en acciones de prevención y procuración de justicia. Subraya que este esfuerzo debe ir más allá del paradigma meramente presupuestal y carcelario para enfrentar el delito, proponiendo programas no penales de carácter educativo.

Cabe indicar que si México ha incrementado sus niveles de inseguridad, ello se debe a que el modelo estatal centralizador priorizó el crecimiento económico y la concentración de la riqueza en unos cuantos polos de atracción, quedando marginadas numerosas regiones y poblaciones del país. El empleo generado resultó insuficiente ante la industrialización dependiente del exterior, el deterioro agrícola y la explosión demográfica, los ingresos se contrajeron a partir de las crisis recesivas y, por ende, los niveles de bienestar social descendieron. De esta forma, se crearon dos Méxicos: el de altos ingresos, que cuenta con servicios públicos y actividad productiva suficientes, mientras que por otra parte se gestó un territorio pobre, en donde ha imperado el desempleo, la desactivación económica y el rompimiento del tejido social. Así, la delincuencia encontró un terreno fértil para desarrollarse, que oscila entre la descomposición social, la corrupción, ineficiencia e incluso contubernio de cuerpos policiacos.

Una política de mejoramiento de los sistemas de seguridad pública tendrá que pasar necesariamente por la aplicación de medidas descentralizadoras en el ámbito económico, político y social, tanto público como privado, las cuales devuelvan a las distintas regiones y microrregiones del país sus capacidades productivas reales y potenciales. Este hecho generaría empleo suficiente, bienestar social y, por ende, una disminución de la delincuencia.

Si tales medidas fueran acompañadas de profundos cambios en la organización administrativa institucional, las acciones de mejoramiento de los sistemas de seguridad serían integrales. Recuérdese que la nueva gestión pública implementada en numerosos países desarrollados basa sus acciones en el trabajo de equipo; la desconcentración administrativa y, por tanto, en la delegación de funciones y responsabilidades a instituciones pequeñas de gobierno cercanas a la comunidad, pues son las que conocen en toda su dimensión los problemas de su entorno inmediato. En efecto, hoy día la administración moderna es descentralizada y pretende impulsar las tomas de decisión grupales en oposición a los mandatos tradicionales, verticales y unipersonales del jefe en cuestión y, sobre todo, centra sus labores en la promoción de la gestión social que involucra a la ciudadanía y la compromete haciéndola corresponsable de los proyectos que la afectan directamente.

En el caso de la ciudad de México, son diversas las dependencias que operan en un sentido descentralizador con la finalidad de lograr una mejora administrativa para alcanzar la calidad total del servicio que prestan. La delegación Benito Juárez realiza actualmente acciones preventivas tendientes a fortalecer una sólida cultura de la legalidad. Tal hecho representa un contenedor social ante el crecimiento de grupos nocivos en esta capital. Actualmente trabaja estrechamente con 44 instituciones relacionadas con el área de seguridad pública propiamente dicha y con organismos vinculados a ella, tales como salud, integración familiar, adicciones y desarrollo humano en general. Al mismo tiempo capacita cotidianamente a líderes vecinales que fungen como multiplicadores de orientación y asesoría al público en general. Aunque cabe indicar que dicho esfuerzo no deja de ser aislado, falta mucho por hacer en el plano interinstitucional.

Por lo demás, si a nivel nacional ya se reformó la Constitución desde 1999, dotando a los municipios de mayor poder para prestar el servicio de seguridad pública, Ƒpor qué no generalizar a las delegaciones tal atribución con la finalidad de descentralizar y hacer eficiente tal función? Podrían retomarse en breve propuestas ciudadanas al respecto, quienes cuentan con una experiencia y riqueza testimonial infinita.

A la par de la descentralización de funciones, se tiene que fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión, todo ello con el propósito de convertir los problemas de inseguridad en un motor de la organización social, lo cual redundará sin duda en una vida digna del habitante del Distrito Federal.