ƑHomicidio o suicidio en Yucatán?

Conflicto entre poderes, dinero e influencias se entreveran en el caso Medina-Abraham

EDUARDO R. HUCHIM/ I

Merida, Yucatan, septiembre de 2004. Yucatán vive hoy en una gran división: grupos sociales, medios de comunicación, partidos, poderes e incluso segmentos de la Iglesia católica miran con visiones encontradas una muerte que saltó de la nota roja al escándalo social y al escenario político.

El caso Medina-Abraham ha hecho aflorar viejos resabios sociales, además de provocar conflictos que han derivado en el enfrentamiento entre poderes, al grado de que el Legislativo, con la simpatía del Ejecutivo, inició un juicio político contra cinco de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes a su vez han interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese motivo.

El Senado de la República, al que aquí se han cuestionado atribuciones para intervenir en el caso, constituyó un grupo de trabajo transitorio para que conociera del conflicto entre poderes. En consecuencia, en octubre de 2003 la comisión rindió un informe que sirvió de base para que el Senado conminara al gobernador y a los diputados locales a que "en lo sucesivo se conduzcan con respeto y ánimo de colaboración con el Poder Judicial" de Yucatán.

El caso Medina-Abraham está actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo atrajo a solicitud del tribunal colegiado que conoció del polémico asunto, el cual de este modo ha atravesado ya todas las instancias jurisdiccionales del estado y de la Federación.

Todo comenzó el 15 de noviembre de 1995, con la muerte violenta de Flora Ileana Abraham Mafud, única hija -sus cuatro hermanos son varones- en una de las más ricas familias yucatecas de origen libanés. Según la versión oficial, la joven de 25 años de edad fue asesinada por su esposo Armando Medina Millet en medio de una disputa. La pareja, cuyos integrantes aún no vivían juntos, se había casado por lo civil a principios de ese mes y lo haría religiosamente el 2 de diciembre siguiente. La parte acusadora sostuvo que esta boda, la religiosa, se había suspendido por decisión de Flora Ileana y que ése fue uno de los motivos del crimen.

Según la versión del acusado -quien purga una condena de 20 años en el reclusorio de Mérida-, su joven esposa se suicidó de un balazo en el corazón. La razón fue que atravesaba por un periodo de depresión y había ingerido tranquilizantes y otras drogas.

Aquí hay quienes creen a pie juntillas en la versión del homicidio y otros tienen igual convicción respecto del suicidio. Ambas partes argumentan, contrargumentan, discuten, se pelean. El resultado es la división social. Lo que prácticamente todos aceptan es que en el caso han estado presentes las influencias y el dinero de la familia Abraham.

Lo que siguió a la tragedia fue una complicada maraña de hechos y omisiones que trataré de resumir en este reportaje.

Los viejos resabios

Los inmigrantes de origen árabe (siriolibaneses, para mayor precisión) llegaron a Yucatán en condiciones socioeconómicas muy difíciles. Los ancianos los recuerdan cuando vendían ropa en abonos de puerta en puerta y luego en improvisadas y pequeñas tiendas en Mérida y en otras poblaciones de la península de Yucatán.

De hecho, la familia de la hoy fallecida Flora Ileana empezó así su prosperidad, vendiendo ropa en Halachó, pequeña población ubicada en la frontera con Campeche, junto con otros inmigrantes como Nicolás Hadad y Tufic Elías. El esfuerzo de don Másad, el patriarca de los Abraham, y luego de sus hijos Asís, Salim y William, hizo progresar a la familia, que hoy es propietaria de una vasta red de empresas, en la que descuella una cadena de supermercados.

Los inmigrantes árabes pudieron prosperar y algunos hacerse ricos en Yucatán, pero fue larga y penosa su inserción en la sociedad yucateca, sobre todo en los estratos elitistas. Esta entidad, como muchas otras del país, no ha sido ajena a la discriminación -más antes que ahora-, como pueden testimoniarlo muchos descendientes de quienes aún hoy asombran al mundo por su prodigiosa cultura prehispánica: los mayas.

La discriminación no es sólo hacia esa etnia, sino se extiende a los inmigrantes y a quienes viven en el altiplano, los huaches. A mediados de siglo xx, por ejemplo, era común que muchos yucatecos se refirieran despectivamente a los inmigrantes siriolibaneses como "turcos comecebolla". (Por cierto, hoy la comida árabe es muy apreciada en Yucatán y entre los restaurantes más concurridos figuran varios con esa especialidad, si bien algunos platillos son denominados de manera ligeramente distinta a otras ciudades. Ejemplo: lo que aquí se conoce como kibi, en la ciudad de México se denomina kepe.)

Muchos siriolibaneses lograron hacer fortuna mediante actividades comerciales e industriales e incluso con un juego de azar conocido como "la bolita", que compite con los sorteos de la Lotería Nacional y de Pronósticos y que, si bien está al margen de la ley, es fuente de ocupación para cientos de yucatecos. También se dieron, con la creación del Centro Libanés, un espacio propio para el deporte y los festejos colectivos que rivaliza con el Club Campestre, donde tiene el suyo la elite yucateca de origen no inmigrante.

La casta beduina

Andando el tiempo, en la segunda mitad del siglo pasado, con la declinación de la industria henequenera sobrevino el declive económico de muchos ricos peninsulares, mientras los caudales de muchos yucatecos de origen libanés se multiplicaron. Surgió la casta beduina, en obvia contraposición a la casta divina emanada de los henequenales y la explotación de los campesinos henequeneros (cito estas caracterizaciones con la exclusiva intención de describir sucintamente un fenómeno social).

Por interés o no, los hijos, nietos y bisnietos de aquellos inmigrantes empezaron a entreverarse, mediante el matrimonio, con los yucatecos de origen no inmigrante. En muchos casos, unos aportaron abolengo, y otros, caudales.

Este es el contexto social en el que se da la unión entre Armando y Flora Ileana. El primero, ingeniero civil y socio mayoritario de una empresa constructora, logró que el Tribunal Eclesiástico Diocesano de Yucatán anulara un matrimonio religioso anterior, y al iniciarse este drama tenía 38 años de edad. La segunda, licenciada en administración de empresas, pertenecía a una acaudalada familia de origen libanés y no guardaba una relación armónica con sus padres, quienes, por supuesto, no coinciden con esta percepción.

Denuncia por homicidio

Dos semanas después de los hechos, el 29 de noviembre de 1995, Asís Abraham Dáguer interpuso una denuncia por homicidio y obtuvo la coadyuvancia del caso y la autorización para que investigadores y peritos estadunidenses participaran en las indagaciones.

Estos peritos fueron descritos así por quienes los contrataron: Tommy J. Harr, especialista en investigaciones e interrogatorios criminales; Luis M. Hernández, investigador en criminalística, especialista en homicidios; Neal H. Parchen, especialista en escenas de crimen, criminalística y laboratorios en criminalística; George W. Simmons, especialista en balística criminal, y Dominick J. di Maio, patólogo, especialista en medicina forense.

Para estos peritos, el coadyuvante solicitó "las facilidades y elementos necesarios para el desempeño de su encargo, entre las que se encuentran, en forma enunciativa mas no limitativa, la visita al lugar de los hechos, brindarles el acceso para los estudios y análisis en las evidencias recogidas, al igual que al vehículo en que fue transportada del lugar de los hechos hasta la Clínica de Mérida mi hija, así como también a las armas, ropas, zapatos y demás objetos y evidencias, e inclusive se otorgue en su oportunidad la autorización necesaria para la exhumación del cadáver, así como cualquier otra prueba permitida por la ley para el conocimiento de la verdad".

Conclusión: homicidio

La conclusión de los mencionados peritos, hecha suya por las autoridades yucatecas, es que la muerte de Flora Ilena había sido homicidio, y una de las principales pruebas era que el disparo mortal se había producido a una distancia mayor de 60 centímetros.

La coadyuvancia, que designó como representante al abogado Edwin Enrique Andrade Espadas, obtuvo toda la colaboración de la Procuraduría de Justicia de Yucatán, entonces encabezada por el procurador Jorge Lizcano Esperón. Este habría de ser sustituido por José Manuel Echeverría Bastarrachea, quien siguió la ruta de investigación que había iniciado su antecesor. Ambos procuradores lo fueron durante el gobierno del recientemente fallecido Víctor Cervera Pacheco, y sus indagaciones fueron acompañadas de un torrente de irregularidades que, como se verá en las siguientes entregas, han sido reconocidas incluso por quienes las cometieron.

Cuando en 2001 gana las elecciones el actual gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, la procuraduría reabre la investigación e intenta corregir algunas de las irregularidades en que incurrió la administración anterior en la investigación del caso Medina-Abraham, lo cual es interpretado como ilegalidad por los acusadores y genera el conflicto político y la confrontación entre poderes.

(Para la realización de este reportaje busqué por diversos conductos, con insistencia, a algún miembro de la familia Abraham, para hablar sobre el caso. Uno de sus abogados, Luis Silveira Cuevas, me dijo telefónicamente que los miembros de esa familia no estaban en esta ciudad, pero que los hermanos Sergio y Roberto Abraham Mafud harían contacto conmigo en la ciudad de México para una entrevista. Nunca lo hicieron. De todos modos, en próximas entregas de este reportaje estarán los argumentos que fundamentaron la acusación de homicidio.)