Duro golpe a la credibilidad del máximo tribunal, advierten varios ministros

Acudí convocado por Fox; ello no denota sumisión, considera Azuela

La cita con el jefe del Estado mexicano, ''para abordar el acatamiento de una sentencia de amparo''

JESUS ARANDA

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, aceptó ayer que fue convocado ''por el jefe del Estado mexicano'' para abordar el tema relativo al acatamiento de ''una sentencia de amparo'' por la Procuraduría General de la República (PGR), y sin mencionar que el asunto tratado fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ese encuentro ''no denota intromisión o sumisión de un poder a otro, sino el diálogo y la comunicación permanente'' que debe prevalecer para salvaguardar el orden constitucional.

Una vez que terminó la sesión pública de ayer en la Corte, Azuela declaró que se trataba de un asunto ''potencialmente de trascendencia nacional'', y que la presencia del presidente Vicente Fox, de Santiago Creel, secretario de Gobernación, y del titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, en esa reunión (el 6 de abril pasado), se ''justifica'' por la obligación del Poder Ejecutivo federal de auxiliar al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio expedito de sus funciones y que, por tanto, al haber tratado lo relativo al acatamiento de una sentencia de amparo no vulneró de manera alguna la autonomía e independencia de la judicatura federal.

Sin embargo trascendió que la mayoría de ministros que integran el pleno consideran que el escándalo político que envuelve al ministro Azuela representa ''un golpe muy duro a la credibilidad de la Suprema Corte'', reproche que le hicieron el pasado lunes en la sesión privada en la que abordaron el asunto y en la que quedó en claro que la postura dada a conocer ayer por la tarde fue del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, mas no del pleno de ministros, ya que éstos no han tomado parte alguna en el problema.

Es más, el magistrado Juan N. Silva Meza resumió el sentir de los ministros inconformes con la situación que vive el máximo tribunal de justicia del país, al cuestionar a Azuela el impacto que ya ha tenido el problema en la imagen y credibilidad de la Corte y del Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

Se sabe que al menos otros cinco ministros consideran que la situación es una de las más graves que ha enfrentado la actual integración de la Corte, porque los ministros han recibido comentarios críticos de parte de los propios abogados y ''miembros del foro'', quienes incluso les han reprochado que vayan a tirarse por la borda los más de nueve años que le ha tomado a la SCJN ganarse la confianza de la sociedad, porque por primera vez en mucho tiempo está en entredicho la autonomía e independencia de ministros, magistrados y jueces federales.

Respecto a la declaración de Azuela, llama la atención que cuando ésta fue emitida sus compañeros del pleno ya habían abandonado el salón de sesiones, es decir, fue una postura exclusivamente personal donde señaló que en los últimos días la sociedad civil y los medios de comunicación han exteriorizado diversas opiniones sobre el encuentro citado, en el que se tocaron temas relacionados con ''situaciones derivadas de resoluciones emitidas con anterioridad por jueces de distrito, confirmadas por tribunales colegiados de circuito, vinculadas con su exacto cumplimiento''.

Sostuvo que ese tipo de encuentros están previstos constitucional y legalmente, además de constituir una práctica habitual en los estados modernos ''que evidencian la coordinación que debe prevalecer entre los mismos para el fortalecimiento del estado de derecho". Añadió que en su calidad de presidente de la Corte ha sostenido reuniones ''no sólo con el Presidente de la República'', sino con otros personajes políticos y sociales, incluido el propio titular del gobierno capitalino.

Sin embargo, el ministro no hizo alusión alguna al encuentro que sostuvo el pasado lunes con diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), a los que confirmó que en el encuentro citado se trató específicamente el tema del desafuero del jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Como tampoco hizo comentarios sobre el hecho de haberle dicho a Fox que sí existía un proceso judicial por desacato a la suspensión ordenada por un juez en la construcción de la vialidad en el predio El Encino y que, por lo tanto, el Ministerio Público Federal no tenía otra alternativa que iniciar una actuación judicial contra el jefe de Gobierno, pues de lo contrario la representación social habría incurrido a su vez en desacato.

Estos comentarios, que no fueron desmentidos por Azuela, tampoco fueron compartidos por los ministros, ya que existe la certeza de que no es cierto que la Procuraduría General de la República no tuviera otra alternativa que actuar en contra de López Obrador.

Finalmente, aunque el deseo de los diez ministros que integran el pleno es que las palabras de su presidente sirvan para aminorar la tormenta, el alud de artículos, notas y caricaturas aparecidas en los últimos días, con duras críticas a Mariano Azuela y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejan poco lugar para el optimismo.

Acuerdo en Los Pinos, sin que la PGR determinara si existía delito

El encuentro en la residencia oficial de Los Pinos, efectuado el 6 de abril pasado, en el que prácticamente se dio luz verde al proceso de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, tuvo lugar cuando la Procuraduría General de la República (PGR) todavía no determinaba si había o no delito que perseguir por el presunto desacato de una suspensión definitiva de amparo, en el caso del Predio El Encino, en Santa Fe.

Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le aseguró en esa ocasión al Presidente de la República, Vicente Fox Quesada; al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, y al procurador Rafael Macedo de la Concha, que el Ministerio Público federal no tenía alternativa y tenía que iniciar el procedimiento contra López Obrador.

Sin embargo, para aquel entonces el presidente la Corte sólo tenía conocimiento de la decisión del sexto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, del 17 de febrero pasado, en la que confirmó el amparo a favor de la empresa Promotora Internacional Santa Fe, a efecto de que la Procuraduría General de la República resolviera antes del 19 de abril si ejercitaba acción penal en contra del funcionario capitalino.

En víspera de que venciera el plazo, la PGR solicitó una ampliación de 20 días para resolver en definitiva si actuaba legalmente en contra de López Obrador; finalmente, el 17 de mayo, la dependencia federal concluyó que "en atención a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación" y de los datos obtenidos en la investigación, había elementos para acreditar la probable responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal por el delito de violación a la suspensión, previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo.

JESUS ARANDA

Precisiones del presidente de la Suprema Corte de Justicia

Legales, las reuniones entre poderes

En los últimos días la sociedad civil y los medios de comunicación han exteriorizado diversas opiniones acerca de la reunión que en mi carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sostuve con el Presidente de la República, el secretario de Gobernación y el procurador general de la República, el pasado mes de abril. Ante un problema de autoridades del Poder Ejecutivo Federal, relacionado con resoluciones de órganos del Poder Judicial de la Federación, potencialmente de trascendencia nacional, fui convocado por el jefe del Estado Mexicano.

En este sentido ratifico mi compromiso como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de mantener el respeto irrestricto al marco constitucional, legal y ético que rige el ejercicio de mis funciones.

Al respecto considero pertinente precisar que en tal reunión se tocaron temas relacionados con situaciones derivadas de resoluciones emitidas con anterioridad por jueces de distrito, confirmadas por tribunales colegiados de circuito, vinculadas con su exacto cumplimiento. Sin embargo debe destacarse que ni en esa reunión ni en ningún otro momento se ha vulnerado la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, ni los principios éticos que deben regir la conducta de sus integrantes.

Las reuniones entre representantes de los distintos poderes de un Estado para el correcto y eficaz ejercicio de sus atribuciones, son contactos previstos constitucional y legalmente, y constituyen una práctica habitual en los estados modernos, que evidencian la coordinación que debe prevalecer entre los mismos para el fortalecimiento del estado de derecho. En ningún caso implican trasgresión a las obligaciones legales o morales de estos servidores públicos.

Las reuniones, con base en lo que establece la Constitución

Como representante del máximo tribunal del Estado mexicano he sostenido reuniones no sólo con el Presidente de la República y algunos de sus colaboradores, sino también con senadores, diputados federales y locales, titulares de los poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal, servidores públicos locales, dirigentes de partidos políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros.

La presencia de los mencionados funcionarios en la reunión referida, se justifica por la obligación del Poder Ejecutivo federal de auxiliar al Poder Judicial de la Federación en el ejercicio expedito de sus funciones, como se establece claramente en la fracción XII del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, el hecho de abordar el tema relativo al acatamiento de una sentencia de amparo por la Procuraduría General de la República, no denota intromisión o sumisión de un poder a otro, sino el diálogo y comunicación permanente que debe prevalecer entre los mismos, a fin de salvaguardar el orden constitucional del país.

MARIANO AZUELA GÜITRON

Podría plantear al mandatario federal que la PGR se desista de la acusación sobre El Encino

La reunión con Fox crea expectativas ''normales'', afirma López Obrador

Reitera que Mariano Azuela debe explicar lo tratado en el encuentro con el jefe del Ejecutivo Que el titular de la Corte no contribuya a la cultura del sospechosismo, pide

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se mostró ayer contento tras conocer la noticia de la audiencia, la semana próxima, que le concedió el presidente Vicente Fox. ''Vamos a vernos a la cara, a los ojos, a hablar de frente. Vamos a actuar con mucha responsabilidad'', expresó en breve entrevista la tarde de ayer, luego de inaugurar en el antiguo Palacio del Ayuntamiento el Centro de Documentación Francisco Gamoneda.

Aun cuando trató de evitar comentarios sobre la entrevista, al responder primero con una amplia sonrisa a la pregunta de si se sentía contento por la audiencia, el mandatario capitalino se limitó a confirmar que el encuentro tendrá lugar en Los Pinos, el miércoles próximo de las 18:30 a las 19:30. ''Me va a dar la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre temas de la ciudad y de otros asuntos'', expresó.

Antes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador no descartó plantear en la reunión con el jefe del Ejecutivo federal la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) se desista de la acusación en su contra por el presunto desacato en el caso del predio El Encino. Consideró sin embargo que es al titular de dicha dependencia, Rafael Macedo de la Concha, a quien le corresponde promover el desistimiento, bajo el argumento de que el expediente está plagado de irregularidades.

Pidió ''no levantar muchas expectativas de la reunión'' que, dijo, debería ser un encuentro normal, un asunto de rutina, pero dadas las circunstancias que se han ido dando no ha sido así. ''De todas formas, no hay que levantar muchas expectativas; es una plática, una conversación; desde luego cualquiera que sea el tema que se trate nunca está de más la comunicación, el diálogo, y hay que esperarnos a ver qué sucede'', advirtió.

En tanto reiteró que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, debe dar una explicación sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Fox para hablar sobre El Encino; sobre todo para aclarar si se opuso a la intención del Ministerio Público de no solicitar a la Cámara de Diputados su desafuero. ''ƑCuál fue la razón jurídica o política? y Ƒpor qué argumenta que si no procedía la procuraduría en mi contra le iban a fincar responsabilidades al procurador?'', preguntó López Obrador.

Refirió que ha consultado con abogados, quienes le han dicho que es indebido que un juez actúe de esa manera, porque violenta la autonomía e independencia de la autoridad ministerial. Se supone, dijo, que la facultad persecutoria es una función del Ministerio Público.

Asimismo, no descartó plantear en la reunión con el presidente Fox que la PGR se desista de la acusación en su contra por el caso El Encino, aunque consideró que el titular de esta dependencia, Rafael Macedo de la Concha, es quien tiene esa posibilidad, con el fundamento de que el expediente está plagado de irregularidades. Reiteró que el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, debe dar una explicación sobre la reunión que sostuvo con el presidente Fox para hablar sobre el caso de El Encino y para no contribuir a la cultura del ''sospechosismo'' que criticó el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Afirmó que la única vez que se reunió con el magistrado Azuela fue el 23 de octubre del año pasado, para presentar pruebas sobre el caso de Paraje San Juan y, contra las versiones de su buena relación con el ministro Genaro Góngora, aseguró que no ha sostenido reunión alguna con él desde hace dos años.

Recordó incluso que después de salir de la sede de la SCJN se dirigió a uno de los patios, donde ofreció una conferencia de prensa. ''Me acuerdo bien; de entonces a la fecha no he tenido ningún encuentro con Azuela ni con ningún ministro'', dijo.

El 29, el encuentro con el jefe de Gobierno del DF

Contraría al Presidente regresar al DF para recibir ''a no sé quién''

ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADA

Reynosa, Tamps., 21 de septiembre. Apenas unas horas después de que se anunciara oficialmente que el próximo miércoles 29 se realizará la reunión entre el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Vicente Fox Quesada, para el mandatario federal esto ya era motivo de hastío y contrariedad. ''Regresamos en unos momentos más a la ciudad de México, seguramente al debate político allá de si va a recibir el Presidente de la República a no sé quién, si se va a sentar con no sé cuántos, de si va a trabajar por el acuerdo en la Cámara y en el Congreso...''

Parecía con esto que el mandatario ya sentía nostalgia de respirar en la capital del país una ''atmósfera muy diferente'' a la de las ciudades fronterizas que recorrió en estos dos días y donde, dijo, se respira otro aire y se habla de crecimiento, de universidades, de formación de capital humano, de infraestructura, ''en suma, que aquí estamos hablando del futuro del país''.

Frente a esa comparación de ambientes, Fox Quesada dijo confiar en que los políticos estén a la altura de lo que demanda la población, que sepan responder ''a ese gran llamado que nos hace México de llegar a acuerdos, de avanzar, de encontrar soluciones y de construir este país maravilloso que ustedes ya están construyendo aquí, en Reynosa, por lo cual los felicito''.

El encuentro, sin condicionar temas ni agenda: Aguilar

El mandatario habló en clara alusión a su próximo encuentro con López Obrador, cuando estaba a punto de abordar el avión hacia la ciudad de México. Por la mañana, en Ciudad Juárez, el vocero de Los Pinos, Rubén Aguilar, anunció que esta vez sin condicionar temas ni agenda, el encuentro se realizará en Los Pinos el próximo miércoles 29. Así, y luego de largos meses de mantenerse envueltos en una disputa política cuyos términos procesales aún no se resuelven, ambos hablarán a solas -de acuerdo con el formato hasta ahora trazado- durante una hora, a partir de las 18:30 de ese día.

Al dar a conocer la concertación de la cita, Aguilar Valenzuela fue insistente en que el presidente Fox ''está abierto a discutir cualquier tema''. Dijo además que en la oficina de López Obrador ya se aceptaron los términos del encuentro.

De acuerdo con los registros, la última vez que el mandatario capitalino fue recibido en Los Pinos fue el lunes 18 de febrero de 2002, cuando discutieron problemas sobre la seguridad pública en el Distrito Federal y acordaron el nombramiento de Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal.

Para esta vez, Aguilar Valenzuela dijo que si se lograse concertar previamente la agenda del encuentro, ello sin duda daría ''muchísima más eficacia y rentabilidad'' a los términos del diálogo. Enseguida, sin embargo, descartó que el no pactar con antelación los temas pueda ser obstáculo para que la reunión se realice.

Dijo también que la inmediata aceptación del presidente Fox a la solicitud de López Obrador forma parte del compromiso que hiciera el jefe del Ejecutivo federal el pasado primero de septiembre, durante la lectura de su cuarto Informe de gobierno.

''El diálogo político siempre produce. En política es una condición y en la democracia es más que una condición, es un elemento sustantivo para a llegar a acuerdos y consensos. En ese sentido, la posibiloidad de diálogo ayuda a todos. Ayuda a las partes y al país'', convino Aguilar.

Insistió en que cualquier acercamiento que conduzca a los actores, instituciones o personas a avanzar en los temas que resultan claves para el desarrollo dsl país, siempre será bienvenido y siempre habrá de ser constructivo.

Tensión y no enfrentamiento

A pregunta expresa, el vocero presidencial Rubén Aguilar rechazó calificar de ''borrón y cuenta nueva'' o de ''fin del enfrentamiento'', esta cita en Los Pinos. En efecto, ''hay un proceso de carácter jurídico que ha provocado tensión (con la administración capitalina), pero no hay un enfrentamiento; el gobierno no está enfrentado con nadie, no considera a nadie su enemigo''.

Así, según el análisis del vocero presidencial, cuando López Obrador solicitó audiencia el pasado mes de abril, ''lo hizo bajo una condición. De manera puntual solicitó el encuentro para presentrar pruebas de una supuesta acción injusta de la procuraduría (General de la República)''.

Añadió que entonces se le respondió que el diálogo estaba abierto pero sin convertir a la Presidencia de la República en una oficina del Ministerio Público. ''En aquel momento él no aceptó. Ahora está abierto él y nosotros a discutir cualquier tema'', concluyó.

Sigue la polémica por la reunión que sostuvo con Azuela

Fox no guardó el papel de autoridad neutral: Valadés

Impulsan perredistas exhorto para que el ministro informe

RAUL LLANOS, JOSE ANTONIO ROMAN, KARINA AVILES Y JUAN BALBOA

Continúa la polémica por el encuentro entre el titular del Ejecutivo, Vicente Fox, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, efectuado en abril pasado: el senador priísta Enrique Jackson consideró que "sí nos deben una explicación", mientras la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa impulsó un exhorto para que Azuela Güitrón informe sobre los acuerdos a los que llegó con el mandatario.

Sin embargo, para juristas como Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, la reunión entre los titulares de dos poderes autónomos "de ninguna manera compromete" el criterio del magistrado presidente de la Corte, ni condiciona su autonomía, "ni mucho menos su imparcialidad y objetividad".

Por su parte, el PAN pidió "no satanizar" la reunión en que se trató, entre otros temas, el desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Jackson Ramírez dijo que si bien el diálogo entre poderes "es algo natural", se deben conocer los términos en que se abordó el tema del desafuero, mientras que Jesús Ortega, coordinador senatorial del PRD, aceptó que la reunión, en sí, no puede condenarse, pero que resulta preocupante que en ese encuentro se haya llegado a un acuerdo político sobre un tema que sólo corresponde al Poder Judicial.

En la Asamblea Legislativa, la mayoría perredista aprobó el exhorto para que el magistrado presidente explique los términos de su plática en torno a López Obrador con Fox y, durante la sesión ordinaria, impulsó también efectuar un llamado a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se desista de la solicitud de desafuero enviada a la Cámara de Diputados, por considerar que dicha petición está plagada de irregularidades.

Valadés, en tanto, defendió el papel de Azuela Güitrón, pero consideró que Fox no ha guardado el papel de autoridad neutral en el orden político y que, en muchas ocasiones, ha actuado con imparcialidad política. En cambio, advirtió que "es un hecho" que en este momento el Poder Judicial de la Federación se ha convertido en el árbitro por excelencia de la vida institucional, y en muchos casos de la vida política del país, "lo que garantiza su actuación imparcial".

El vocero del PAN, Juan Ignacio Zavala, y el secretario de Acción Política de ese partido, Alejandro Zapata Perogordo, criticaron a López Obrador y defendieron a Fox al advertir que "no participó en ningún complot", y se manifestaron porque las relaciones entre poderes "sean completamente abiertas".

Los diputados priístas que integran ese órgano rechazan que sea pertinente

La sección instructora no citará a declarar a Fox, Creel y Macedo

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Sin dar tiempo a que se efectuara la reunión de la sección instructora programada para hoy, los diputados del PRI en ese órgano legislativo, Rebeca Godínez y Francisco Cuauhtémoc Frías, evidenciaron su rechazo a que se cite a declarar a Vicente Fox, Santiago Creel, Rafael Macedo de la Concha y Alfonso Durazo Montaño, como parte de las pruebas testimoniales de la defensa del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

La postura de ambos legisladores contrastó con los argumentos del presidente de la sección instructora, el perredista Horacio Duarte, quien demandó a los integrantes de ese órgano legislativo actuar apegados a la legalidad, porque "si de antemano se desechan pruebas contundentes, como las que reclama la defensa del jefe de Gobierno, estaremos enviando una señal negativa a la sociedad, que nos calificaría de parciales y, por añadidura, se afectaría la credibilidad".

En medio de esa maraña política, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Gonzalo Yáñez, dio a conocer un análisis en torno a la naturaleza de las actuaciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela. Tras una revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se encontró una violación a los artículos 130 y 131 del citado ordenamiento, lo cual implica delitos contra la administración de la justicia y de responsabilidad administrativa.

Tales preceptos manifiestan que los "ministros de la SCJN, los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán responsables al establecer o fijar la interpretación de los preceptos constitucionales en las resoluciones que dicten, cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe

"Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo u otro poder; inmiscuirse indebidamente en cuestiones del Poder Judicial que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar (...) emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento".

Al comentar sobre la reunión de hoy en la sección instructora, la diputada Rebeca Godínez -quien también es notaria en el estado de México- se refirió con desdén a las pruebas testimoniales presentadas por la defensa del jefe de Gobierno y adelantó su rechazo:

"Yo podría considerarlas impertinentes; no demuestran si hubo o no desobediencia o desacato".

-ƑCon esto se ratificaría que el PRI va a votar en contra?

-No le puedo decir nada más hasta mañana, cuando emitamos nuestra votación. Tengo una posición que pudiera considerar. Nos falta, obviamente, que nos sentemos a platicar y que me convenzan de lo contrario.

En ese tono, su compañero de bancada Cuauhtémoc Frías confirmó que en la sección instructora el PRI no permitirá que se aceptan las pruebas testimoniales del jefe de Gobierno. El legislador coincidió con Godínez y adelantó que el desahogo de pruebas continuará sin las declaraciones de Fox, Creel, Macedo de la Concha y Durazo.

También la secretaria de la sección instructora se pronunció por llevar el proceso de desafuero a Andrés Manuel López Obrador sin presiones: "no se trata de forzarlo. La ley nos da términos, plazos; debe tener un tiempo (el desahogo de pruebas) suficiente".

-Mañana votarán sobre el desahogo de pruebas. ƑNo habrá nadie que se los impida?

-Espero no haya nada que nos impida hacerlo. Cuídenos a los cuatro -integrantes de la sección instructora-; deséenos buena salud... Espero que no haya nada.

-ƑY si la PGR retirara su acusación con relación al predio de El Encino?

-Esa sería ya otra decisión de otro poder que tendría que enfrentar y sacar adelante. Nosotros no tendríamos facultad para seguir adelante si la PGR retirará la petición.

"Hay una acción irregular": Duarte

El perredista Horacio Duarte insistió en plantear la posibilidad de citar a Fox, Creel, Macedo de la Concha y Durazo, como lo demanda la defensa de López Obrador:

"Cada día se configura que el tema está rebasando lo jurídico y ha entrado a lo político. Hay que insistir en que con la reunión de Vicente Fox y Mariano Azuela quedó muy claro que hubo una decisión política de avanzar en ese sentido, no necesariamente en el terreno jurídico. Frente a eso, la sección instructora tendrá que tomar en cuenta esos elementos y circunstancias para cuando emita su dictamen y valore la conveniencia jurídica o política de desaforar al jefe de Gobierno del Distrito Federal".

-ƑSon necesarias las declaraciones que solicita la defensa?

-Los cuestionarios siguen siendo válidos en términos de conocer por qué el Presidente de la República trató el tema con Mariano Azuela, cuando se supone que los jueces tienen independencia y autonomía. Lo que se dio a conocer es que el titular de la Corte se comprometió a buscar que el juez de distrito alargara su decisión. En ese sentido, hay una acción irregular del presidente del Poder Judicial.

Caso de El Encino

Gobernación pide al GDF que aclare nexos con la Corte

ALONSO URRUTIA

El titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda, pasó ayer de los cuestionamientos sin destinatario al emplazamiento abierto al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, sobre los encuentros con el Poder Judicial, y preguntó: "Si él se ha encontrado o no con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los ministros que la integran, Ƒcon quiénes ha tenido esos encuentros?, Ƒquiénes han participado?, Ƒqué temas se han tratado? (...) que lo informe a la opinión pública, ni siquiera a nosotros".

Todas ellas, dijo, son preguntas similares a las que se nos han formulado al gobierno del presidente Vicente Fox. Habría que cuestionar -añadió- si su secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, se ha reunido con los magistrados, porque si vamos a aclarar, que se aclaren todas las cosas, en especial si se ha tratado el caso de El Encino.

En otro orden, Creel Miranda recibió anoche al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, para conformar parte de la agenda que se desahogará este miércoles entre la dirigencia del PRI y el Presidente de la República.

Entrevistado al término de la ceremonia luctuosa de Carlos María de Bustamante -en la cual fue orador principal-, Creel Miranda indicó que en breve se definirán los términos de la reunión que sostendrán Fox y López Obrador. Sin embargo, descartó que las reacciones generadas por la reunión entre el Ejecutivo y el presidente de la SCJN, Mariano Azuela, pudieran incidir en el ambiente del encuentro.

"De nuestra parte hay confianza para que se pueda dar este diálogo de manera directa, abierta. Le vamos a tender la mano con franqueza y de buena fe", expresó Creel.

Poco antes había señalado que los encuentros entre gobernantes y con dirigentes partidistas no son suficientes para la sociedad, sino que es preciso que surjan resultados de los mismos y se alcancen acuerdos. Destacó que para el gobierno federal hay temas fundamentales de los cuales deben emanar consensos: empleo, economía, seguridad pública y reforma político-electoral.

"Deseamos que se considere el paquete de iniciativas que ha enviado el gobierno federal al Congreso, entre las que se cuentan las relacionadas con los derechos humanos o las vinculadas a los 323 acuerdos que surgieron de la Convención Nacional Hacendaria", manifestó.

Finalmente, mencionó que en la próxima visita que hará a México el Dalai Lama se le habrá de dar una recepción en su carácter de líder religioso, como premio Nobel de la Paz. "Me voy a entrevistar con él en el seno del Consejo Interreligioso". Apuntó que él participará como responsable de la relación entre el gobierno y las iglesias, aunque también el Dalai sostendrá encuentros con otras autoridades.

-ƑPor qué no se le recibe como jefe de Estado y sí como líder religioso?

-Porque es un líder religioso, ni más ni menos.