Luis Linares Zapata

Los costos del complot

La operación tuvo que haberles parecido algo cara, así que los progenitores de la trama quisieron ocultar sus laboriosas y previsoras manos. Pero desde el inicio dejaron esparcidas numerosas huellas de sus irresponsables movimientos. Bien supusieron que no saldría gratis la intentona, aunque calcularon los daños con base en supuestos que resultaron frágiles, subestimados o francamente falsos en su totalidad. El primero, y quizá el más importante de sus errores de apreciación, consistió en menospreciar la respuesta del agredido rival. El segundo se ha ido configurando a medida que transcurren los días, pues los golpes asestados, lejos de liquidar las oportunidades políticas del odiado y temido sujeto de sus ocupaciones y preocupaciones, le han acercado nuevas simpatías y, lo peor, han recrudecido las que ya tenía aseguradas. Lo han hecho crecer ante las miradas de muchos y ya aparece como mártir digno de masiva defensa. Tercero, los efectos, que se han esparcido por todo el sistema de convivencia con gran poder disolvente, circulan en busca de los iniciadores para descargar sobre ellos las malas vibras que portan.

El maquinado complot, que lo es en verdad y de magnitud poco convencional, para sacar de la jugada sucesoria de 2006 al jefe de Gobierno, va esparciendo un reguero de consecuencias malignas que todos quieren esquivar, pero que hasta ahora ninguno de sus promotores ha conseguido ni siquiera minimizar. Les ha tocado, más temprano que tarde, en toda su humanidad e imagen y ya muestran de lleno su abierta vulnerabilidad.

Aunque muchos pregoneros insisten en negarlo, el complot, llamado mongol por sus características de ineficacia y tontería supinas, implicaba hasta hace poco tiempo al oficialismo gubernamental con el presidente Fox a la cabeza y al PAN como su brazo de incondicional apoyo, algunos empresarios aliados sobre los que la Procuraduría General de la República (PGR) extiende su manto protector y les devuelve bienes incautados al declararse incapaz de fincar alegato alguno, y al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde Madrazo se mueve a sus anchas. Pero, después del campanazo difusivo que sonó el columnista y director de Milenio Carlos Marín, ha entrado de lleno el mero presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Mariano Azuela, activo discursero que envía sibilinos mensajes envueltos en perifollos retóricos.

La participación del magistrado, confirmada con amplitud, detalles y debida jerarquía, pone en propia boca una salida obligada hacia el juicio de procedencia que debía ser iniciado por el Ministerio Público de inmediato y contra López Obrador mismo. No contra cualquiera de los funcionarios menores involucrados en la supuesta falta administrativa, dictada por el juez noveno por la cuestión del predio El Encino, sino precisa y exactamente contra la cabeza del Gobierno del Distrito Federal. De no proceder, el procurador Macedo de la Concha en persona podría quedar sujeto a las mismas penalidades que se proponían llevar a cabo contra Obrador, se aseguró con autoridad plena.

El estribillo "no había de otra", repetido hasta el cansancio para ver si queda adherido y sellar el destino del político tabasqueño, a la vez que funciona como disculpa del proceder de aquellos que lo empujan, oculta la falta de rigor legal y de argumentos políticos para sostener lo que para muchos sería deseable: el desafuero y la posterior inhabilitación del madrugador jefe de Gobierno.

La experiencia muestra a las claras que sí había de otra. Los cientos, los miles de casos similares en los que la PGR ha decidido rechazar la procedencia del proceso penal avalan esa salida alterna.

Si la pretensión del magistrado Azuela era no permitir más violaciones o desacatos a la "majestad del derecho" y de los jueces, pues que proponga la modificación del Código Penal vigente y auxilie a tipificar, sin equívocos, el delito y las penas que en este respecto pudieran aplicarse. De querer inaugurar, a partir de la indiscreta reunión palaciega, una nueva época, ya sea porque se está cansado de la desobediencia de los funcionarios, se le tiene simple inquina al personaje en cuestión o por cualquier otra altruista, mezquina o sabia razón, Azuela equivocó no sólo el lugar, los tiempos y la compañía de los reunidos en pequeño comité, sino que dio información errada a la alternativa solicitada por Fox. El juez aparece, entonces, como el origen que de-sató el follón que nos hace perder tanto tiempo a todos, crispa el ámbito público y castiga a sus actores.

El proceso desatado a partir de la petición del juicio de procedencia contra López Obrador ha llegado a tal grado de dañina complejidad que los involucrados, sean el mismo Presidente de la República, el secretario y precandidato Creel, el PAN y ahora el ministro Azuela, así como las instituciones que representan, resienten un golpeteo feroz que merma y hace aparecer frágiles sus figuras públicas. La Cámara de Diputados no se salva de recibir críticas, denuestos y presiones. Las diversas fracciones diseñan rutas para esquivar, en lo posible, las repercusiones que les acarrean sus dichos y posturas. Conjuntos de legisladores priístas adelantan deslindes respecto de las intenciones (sospechadas al menos) de sus líderes formales. De poco servirá a Madrazo insistir en que no habrá línea, que cada diputado de su fracción tomará la propia decisión que, apegada a derecho, le dicte su conciencia. No hay tal derecho al que apegarse en este perverso proceso para el desafuero del jefe de Gobierno, tal como ha quedado precisado en el imaginario colectivo. Espacio político en el cual se ha llevado a cabo el real juicio y en el que Obrador lleva holgada ventaja.