Revés en la Suprema Corte a los juzgadores del marido preso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional interpuesta por cinco de los seis magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, quienes pretendían frenar el juicio político en su contra, originado tras su actuación en el caso de Armando Medina Millet, sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de su esposa Flora Ileana Abraham Mafud.

El pleno de ministros consideró por unanimidad que los cinco magistrados demandantes, Ligia Aurora Cortés Ortega, Mercedes Eugenia Pérez Fernández, Ricardo de Jesús Avila Heredia, Mygdalia Rodríguez Arcovedo y Angel Prieto Méndez, carecían de "legitimación activa" para interponer la controversia, por lo que no prosperaba su demanda contra el acuerdo parlamentario del Congreso de Yucatán (23/03/04) que establecía el inicio de juicio político en contra de los juzgadores.

Con esa resolución, los diputados panistas buscan fincarles juicio político con el argumento de que los magistrados trataron de impedir la liberación de Medina Millet.

Los legisladores panistas Jorge Puga Rubio y Jorge Gamboa Wong, miembros de la comisión instructora en el Congreso de Yucatán, podrán continuar el juicio político con el objetivo final de desaforarlos para ejercitar acción penal en su contra.

Sin embargo, para que prospere la acción se requiere de que el Congreso determine por mayoría calificada tal decisión, es decir, que voten por el juicio político al menos 17 de los 25 diputados. Esto no será fácil, pues la bancada del PAN -que estaría en favor del proceso- sólo tiene 13 legisladores, mientras que los 10 del PRI y los dos del PRD se oponen al desafuero.

En 2003, Rubén Bolio Pastrana y Marco Cerón Ruiz, los abogados defensores de Medina Millet, exigieron al Congreso estatal que se fincaran juicios políticos contra los magistrados Angel Prieto Méndez, Ricardo Avila Heredia, Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Mercedes Pérez Fernández y Ligia Cortés Ortega. Los litigantes argumentaron que los ministros locales bloquearon la liberación de su cliente, "al no valorar las pruebas de inocencia".

Los miembros de la anterior 56 Legislatura de Yucatán no tuvieron el tiempo suficiente para resolver el juicio político, y "heredaron" el caso a los actuales diputados, que entraron en funciones el 1º de julio pasado.

Aunque no se contactó a ninguno de los magistrados afectados, fuentes del tribunal superior comentaron que todo parece encaminarse a una situación similar a la ocurrida en Baja California, donde el Poder Legislativo destituyó a magistrados que apelaron a la SCJN, misma que ordenó restablecer a los togados en sus cargos, después de meses de litigio.