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México D.F. Miércoles 22 de septiembre de 2004 |
Momento de confesiones
 Anteayer,
después de dos semanas de embarazoso silencio, la Presidencia de
la República, por medio de un vocero, admitió que el presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela
Güitrón, fue citado a un cónclave realizado en Los Pinos
en abril pasado para, en compañía del presidente Vicente
Fox, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, el procurador
Rafael Macedo de la Concha y la consejera jurídica del Ejecutivo
federal, María Teresa Herrera
Tello, hablar de las modalidades del proceso de desafuero
iniciado por la Procuraduría General de la República (PGR)
contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López
Obrador, por delitos inexistentes. Ayer tocó el turno de confesarse
al propio Azuela Güitrón, quien reconoció que había
sido "convocado" a la residencia oficial para "tocar (sic) temas relacionados
con situaciones derivadas de resoluciones emitidas con anterioridad por
jueces de distrito, confirmadas por tribunales colegiados de circuito,
vinculadas con su exacto cumplimiento".
Ahora, tanto el titular del Poder Judicial como los personeros
del Ejecutivo se empeñan en asegurar que el encuentro no tuvo nada
de malo, que se trata de "una práctica habitual en los estados modernos"
(comunicado de Azuela), que "los poderes tienen la obligación de
reunirse, de platicar" (vocero de Los Pinos), o que es "algo que ocurre
normal y regularmente" y a lo cual "se le quiere dar un tinte específico"
(Creel). No es fácil entender, entonces, que la reunión se
haya celebrado a espaldas de la sociedad ni que se la haya mantenido en
secreto hasta que fue revelada por informaciones periodísticas.
Por lo demás, en los días en que se realizó el cónclave
secreto de Azuela con Fox y sus ayudantes, López Obrador recibía
negativas del Ejecutivo federal a concederle una cita para analizar el
tema del desafuero, con el argumento de que Fox no debía ni quería
tratar asuntos del Ministerio Público, para no afectar la "independencia"
de esa instancia.
Las confesiones de estos días no sólo exhiben,
pues, la doble moral del foxismo y su empecinamiento en emplear las instancias
del poder de manera facciosa para perjudicar a potenciales adversarios
y favorecerse a sí mismo y a su entorno, sino también la
carencia de espíritu institucional, de tacto y de maneras con que
se comporta la actual Presidencia en sus contactos con los otros poderes
de la Unión. Por desgracia, el titular del Judicial se dejó
tratar -según confesión propia- como un subordinado del Ejecutivo
y acudió presto a Los Pinos, no a asegurarse de que el Ejecutivo
federal cumpliera con su "obligación de auxiliar al Poder Judicial
de la Federación en el ejercicio expedito de sus funciones", sino
para asesorar a un grupo gobernante obsesionado hasta el desfiguro por
destruir mediática, política y jurídicamente a quien
considera su principal rival potencial en las elecciones de 2006. De esa
forma, Azuela Güitrón degradó su investidura, causó
un severo daño a la soberanía de la institución que
preside y realizó un aporte incalculable al descrédito de
la justicia en el país.
Por su propio bien y por el del Poder Judicial de la Federación,
el "convocado" de Los Pinos tendría que dejar la titularidad de
la SCJN en manos de otro ministro con mayor visión y entendimiento
republicano. De su lado, el grupo foxista tendría que admitir sus
extravíos, renunciar a organizar nuevas conjuras contra López
Obrador y empezar a construir las condiciones para realizar una entrega
decorosa del poder a quien la sociedad elija en los comicios próximos.
A fin de cuentas, no hay más salida digna para los atolladeros a
los que conducen los errores propios que tener el coraje de reconocerlos
en público y ofrecer disculpas a los agraviados que, en este caso,
son todos los ciudadanos.
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