Desechan la propuesta de crear un fondo general para la educación en los 31 estados

Cobran PRI y PAN la factura al PRD por las tomas de la tribuna

Confirman priístas que Montiel y Chuayffet negociaron para impulsar la reforma al artículo 122

ENRIQUE MENDEZ

Sin argumentos, los grupos parlamentarios de PRI y PAN en la Cámara de Diputados rechazaron ayer la propuesta presentada por el PRD, de constituir un fondo general para la educación en los 31 estados y el Distrito Federal, y no sólo en cuatro entidades, como pretende imponerse en la reforma al artículo 122 constitucional, cuyo dictamen se votará hoy en el pleno camaral.

El planteamiento de la bancada perredista, que se complementó con un exhorto al presidente Vicente Fox a que suscriba cuanto antes el acuerdo de descentralización educativa con el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, se desechó ayer en la Junta de Coordinación Política, espacio donde el tricolor advirtió que el proyecto se presentó en forma tardía.

Sin embargo, el punto central de la negativa se explica por la revancha -exigida por priístas- ante la toma de la tribuna, la semana pasada, por asambleístas y diputados federales, cuando, según el diputado Wintilo Vega Murillo, los perredistas no se apegaron a la ley orgánica y utilizaron ''la violencia y el chantaje''.

Hoy se presentará moción suspensiva

Pablo Gómez Alvarez, coordinador de los diputados del PRD, informó que al reanudarse hoy la sesión -suspendida el pasado jueves- presentarán una moción suspensiva al dictamen que establece descontar unos 9 mil millones de pesos a las finanzas del Distrito Federal, de los cuales más de 3 mil millones se transferirían directamente al estado de México, donde el próximo año habrá elecciones para gobernador.

Inclusive, en la dirigencia del Revolucionario Institucional, y entre diputados de ese partido, se confirmó que la negociación para impulsar la reforma se formalizó entre el gobernador Arturo Montiel y el coordinador parlamentario, Emilio Chuayffet, quienes establecieron un pacto con miras a la renovación del Ejecutivo mexiquense, donde la intención es que el candidato sea el presidente del Congreso local, Enrique Peña, y de las intenciones del legislador por presidir el tricolor a partir del próximo año.

De hecho, entre los cuatro diputados que suscribieron la iniciativa están Rebeca Godínez y Bravo, integrante de la sección instructora que lleva los procesos de juicio de desafuero contra René Bejarano y López Obrador, y Marco Antonio Gutiérrez, uno de los operadores de Chuayffet en la cámara.

Ayer, luego de que la dirigencia, senadores, diputados y funcionarios del PRD se reunieron en el salón Heberto Castillo de San Lázaro, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, sostuvo que más allá del monto del recorte a la capital que implicará la reforma, el hecho es que detrás de ésta ''hay una intencionalidad política''.

Así, la negociación que ofreció ayer al PRD a priístas y panistas fue infructuosa, pues además esas bancadas recomendaron a los legisladores del sol azteca presentar su propuesta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

''Ese es el anuncio de que van a planchar, de que van sin miramientos a la votación, y de que no hay visos de que acepten una propuesta alternativa'', lamentó el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Gonzalo Yáñez, quien a su vez había presentado otra propuesta para constituir un fondo educativo para todos los estados, y no sólo para cuatro.

Para priístas y panistas, la distribución de recursos se cumple con la adición al artículo 122, e inclusive Wintilo Vega insistió en que ''es un asunto de equidad para todos los estados'', cuando por ejemplo Guanajuato, de donde él es originario, no recibirá un solo peso.

Se amplía la negociación

Reunidos por la mañana en las oficinas perredistas en San Lázaro, la cúpula partidista, senadores y diputados acordaron ir a una negociación con PAN, PRI y la Secretaría de Gobernación y, ante la inminencia del rechazo en esas instancias, los representantes en el Senado de la República informaron que sostendrán conversaciones con la bancada del PRI en Xicoténcatl, donde el ánimo es distinto al que priva en el Palacio Legislativo.

También se acordó presentar una sola posición para evitar que alguno de los legisladores actúe de forma personal, y enfrentar el debate en tribuna sin que se desvíe el tema de que la reforma constituye una agresión a las finanzas de la ciudad, ''un verdadero robo a los fondos fiscales del Distrito Federal, y que el botín se reparta para subsidiar el gasto, no necesariamente educativo, de cuatro estados''.

Así, informó Pablo Gómez, el Partido de la Revolución Democrática no responderá ''a las acusaciones y a los ataques que nos van a lanzar, especialmente contra el jefe de Gobierno, que es ya el blanco preferido de algunos opositores en la ciudad de México, y mucho menos ataques personales. Queremos dar ese debate en condiciones en las que le tema sea el asunto que vamos a tratar (el dictamen), y no otros''.

Sostuvo que ante la inminente aprobación del proyecto, el sol azteca ganará el debate y panistas y priístas, con el respaldo de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y Convergencia, sólo van por el mayoriteo. ''Nosotros presentaremos la moción suspensiva; ojalá no la rechacen. Muchos diputados del PRI, que argumentan que a todos los estados les va a tocar, no se han dado cuenta de que no les tocará nada a ninguna de sus entidades. Los engañaron y están comprometidos a votar algo que dicen que los beneficiará, pero no es así en lo absoluto.''

Asimismo, el dirigente perredista en el Distrito Federal, Agustín Guerrero, confirmó que habrá una movilización que partirá de la explanada de la delegación Venustiano Carranza al recinto legislativo. También se realizará un mitin, al término del cual los manifestantes se retirarán, ''para que no se levanten suspicacias''.

Mientras, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, envió ayer un oficio al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, donde solicita el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar el resguardo del Palacio Legislativo. A la solicitud respondió afirmativamente, poco después, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez.

La iniciativa se presentó en 2003 y los resultados de la convención este año, señala

López Obrador desmiente que haya sido pactada en la CNH la reforma al 122

Resalta que existe plena unidad entre PRI y PAN con respecto a la política económica

BERTHA TERESA RAMIREZ

El estado de México sería el más beneficiado del "botín" que diputados de PRI y PAN le quieren quitar a la capital de la República, señaló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Sostuvo que la reforma al artículo 122 constitucional "no es más que un enjuague" entre esos partidos para despojar a la ciudad de México de 9 mil millones de pesos.

Tras vaticinar que muy probablemente los legisladores que impulsan la reforma van a imponerse hoy en la Cámara de Diputados, porque "ya se asociaron", dijo que el PRI y el PAN engañan a la gente "dando la 'pelea' en lo electoral, algo que se da sólo hasta cierto punto, ya que, por ejemplo, hay silencio en Veracruz. Ahí huele a que ya se pusieron de acuerdo, y hay silencio en otros casos. Entonces, se pelean en lo electoral, pero cuando se trata de la política económica son uno solo".

Confirmó que que si la reforma al artículo 122 afecta las finanzas de la capital recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Indicó que los abogados del gobierno local analizan todas las posibilidades jurídicas a las que se pueda recurrir en defensa de los intereses de los habitantes de la ciudad, pues "no se puede permitir un atraco por esa cantidad de recursos".

López Obrador planteó que en su afán de perjudicarlo los diputados priístas y panistas afectan a la mayoría de la población de la ciudad de México, "que no tiene por qué recibir ningún daño ni ser afectada. Si tienen problemas conmigo, pues que sea conmigo, pero qué culpa tienen los habitantes del Distrito Federal".

Calificó de mentiras las aseveraciones del secretario de Gobernación, Santiago Creel, de que la reforma al artículo 122 es resultado de un acuerdo de la Convención Nacional Hacendaria (CNH).

Puntualizó que ésta se rige por varios principios: "uno de ellos es que no se puede afectar a ninguna entidad, otro es que todos los acuerdos que se dan en su seno se tienen que dar por consenso, y ni modo que íbamos a estar de acuerdo en que nos quitaran 9 mil millones de pesos, o sea, con un poquito de luz en la frente podemos imaginarnos que nosotros no íbamos a avalar nada que fuese en contra de los intereses de la ciudad".

Subrayó que la iniciativa en cuestión fue presentada por los legisladores en diciembre de 2003 y los resultados de la CNH se dieron en junio de este año, por lo que cuestionó el argumento de que las modificaciones al artículo 122 hayan sido parte de un acuerdo de la convención. "No, esto es un enjuague entre el PRI y el PAN para perjudicar al Distrito Federal", insistió.

Consideró que es una "aberración notable" que en la reforma los legisladores pretendan reconocer constitucionalmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"Cuándo se había visto que en la Constitución se hiciera mención a un sindicato; que la Constitución, que es la ley de leyes, haga mención al SNTE. ƑQué pasaría, nada más por decir algo, si el SNTE cambia de nombre y ya no se llama SNTE, sino, vamos a poner que sea CNTE? Entonces hay que cambiar la ley. ƑQué es eso? Además, Ƒdónde queda el artículo 123, la libertad de asociación?", agregó.

Por otra parte, insistió en que el PAN, por medio de la Fundación Adolfo Christlieb, ha reconocido que el Gobierno del Distrito Federal ha insistido en que el gobierno federal le entregue los servicios educativos, pero éste no aceptó por presiones de la dirigencia del SNTE.

Dirigentes empresariales demandan "juego limpio"

La efervescencia en San Lázaro no afectará inversiones, asegura la IP

ANTONIO CASTELLANOS

El sector privado condenó los actos de violencia ocurridos en la Cámara de Diputados, pero sostuvo que no amedrentarán a los inversionistas ni afectarán el empleo. Sin embargo, advirtió que si persisten esas acciones el desarrollo económico se verá afectado, por lo que es necesario un "juego limpio" en el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa hablaron José Luis Barraza, del Consejo Coordinador Empresarial; Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y los líderes de la Concamin y de la Concanaco, León Halkin y Raúl Alejandro Padilla, respectivamente, quienes llamaron a la unidad nacional y al fortalecimiento de las instituciones.

Barraza, quien encabezó la reunión, afirmó: "No debemos permitir que pequeños grupos pretendan descarrilar irresponsablemente al país", pero nunca quiso identificar a partido político alguno ni a sus dirigentes. "Lo único que podemos decir es que la autoridad a la que corresponda debe aplicar la ley para sancionar a los responsables", exigió.

Añadió que pese a las manifestaciones que "a todas luces" intentan alterar el rumbo de la nación, la representación empresarial ha decidido ratificar de manera categórica su más firme compromiso con México.

"No habrá daño a las empresas porque contamos con bases sólidas y un manejo responsable de la política económica nacional que nos permiten gozar de una suerte de blindaje que proporciona el sustento necesario para seguir adelante con nuestros negocios. Esto es una baja en la inflación y en las tasas de interés", añadió.

Por su parte, Claudio X. González, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, declaró: "Estamos contra el populismo y las medidas autoritarias". Subrayó que los empresarios votarán en 2006 por el candidato que se comprometa con el estado de derecho, con la creación de empleos y que dé seguridad a los inversionistas, "pero siempre respetaremos la voluntad popular".

Barraza señaló que el cumplimiento de las leyes debe ser práctica común, especialmente entre quienes tienen la responsabilidad de aprobar las normas jurídicas que rigen la vida del país. "Al no erradicarse las prácticas de impunidad como las que hemos observado, se corre el riesgo de que esa forma de actuar se constituya peligrosamente en un proceder normal en la vida de los mexicanos. Aceptar ese camino podría conducir al país a cauces que no son los adecuados", advirtió.

La declaración conjunta de los empresarios fue presentada por el presidente del CCE, José Luis Barraza, quien destacó que, gracias a la estabilidad de que goza el país en materia económica y financiera, los mercados no han mostrado nerviosismo o volatilidad por estos actos.

Dijo que los proyectos de inversión continuarán a pesar de los escándalos políticos, "porque estamos decididos a seguir arriesgando nuestro patrimonio en México". Pero aclaró: "También estamos decididos a defender nuestros espacios y a sumarnos a la sociedad de una manera amplia y participativa".

Manifestó que los empresarios estarán vigilantes "y seremos participativos, porque estamos seguros de que hay muchos legisladores serios y responsables. Por ello no cejaremos en nuestra labor de acercamiento y cabildeo con las diversas fuerzas políticas del país, por vías civilizadas y de diálogo franco. Estamos convencidos de que ese debe ser el camino de una nación verdaderamente democrática".

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, afirmó que nada ha detenido la inversión nacional ni extranjera. "Los flujos de capitales siguen llegando de manera importante; lo único que puedo asegurar es que este año el crecimiento del producto interno bruto será superior a 4 por ciento, y eso sólo se puede lograr con inversiones.

"El panorama para 2005 es todavía mejor, pero todos los sectores deben entender que se deben aprobar las reformas necesarias para poder avanzar, como han hecho otros países. Los capitales han llegado de Europa, Asia y Estados Unidos, pero se pueden incrementar si la seguridad para los recursos es mayor", precisó.

Los empresarios coincidieron en que nada de lo ocurrido en el Congreso asusta a los inversionistas, pero indicaron que se requiere que haya "juego limpio" para poder fortalecer el crecimiento económico en lo que resta del gobierno foxista.

Legisladores federales del PRD desairan la convocatoria

Frenar reforma al 122, demandan diputados capitalinos en Los Pinos

RAUL LLANOS SAMANIEGO Y GABRIELA ROMERO SANCHEZ

En demanda de que se frene la reforma al artículo 122 constitucional, 18 diputados de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acudieron ayer a la residencia oficial de Los Pinos.

Encabezados por el coordinador de bancada, Carlos Reyes Gámiz, y el vicecoordinador, Alfredo Hernández Raigosa, los legisladores del sol azteca entregaron una solicitud de audiencia con el presidente Vicente Fox, además de un texto en el que precisan y argumentan las afectaciones económicas que tendrían los programas y acciones que desarrolla el gobierno de esta ciudad en caso de prosperar esa modificación a la Carta Magna.

Aun cuando se había anunciado la asistencia de varios diputados federales, éstos decidieron cancelar su participación en la protesta; la única que acudió a la convocatoria fue Marcela González, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Cerca de las 8:30 de la mañana, a bordo de un autobús ejecutivo, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática arribaron al cruce de Parque Lira y Constituyentes, uno de los accesos principales a Los Pinos.

Ya ante el personal de seguridad, los diputados locales perredistas manifestaron su intención de entregar un documento sobre el 122, dirigido al mandatario federal. A su encuentro acudieron Benigno Aladro Fernández, coordinador de la Red Federal de Servicios a la Ciudadanía, y Rodolfo Dorador, coordinador de Agenda y Audiencias de la Presidencia de la República.

La propuesta que se les ofreció es que entraran 10 diputados y los atendería Emilio Goicoechea, secretario particular del presidente Fox, pero ahí empezó el estira y afloja; mientras unos pedían que ingresaran todos, otros consideraban adecuado que pasara el grupo reducido. A fin de cuentas rechazaron la oferta y dejaron el documento a los funcionarios federales.

Los legisladores seguirán hoy con sus acciones de protesta, con la participación de algunos diputados e integrantes de diversas organizaciones sociales en una marcha este mediodía; además acudirán a la sede del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y a las principales cámaras empresariales, para dar a conocer sus argumentos sobre descentralización educativa.

Señalan especialistas ''iniciativas mal trabajadas, poco claras y arbitrarias''

Intereses políticos pueden llevar a la educación pública a un callejón sin salida

Ilegítimo, imponer al gobierno capitalino al sindicato magisterial como único interlocutor

LAURA POY SOLANO

La educación pública en México no puede ser ''rehén de intereses políticos'' que la llevan a un callejón sin salida con iniciativas ''mal trabajadas, poco claras y arbitrarias'' en las que no existe ninguna capacidad de negociación ni se dan las condiciones para establecer un proceso de diálogo, afirmó Carlos Ornelas Navarro, especialista en descentralización educativa e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Agregó que es ''ilegítimo y arbitrario'' que se pretenda imponer al Gobierno del Distrito Federal, como ''único interlocutor válido en materia laboral, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin generar las condiciones para establecer una negociación equilibrada, situación que ha llevado a varios gobiernos locales a la bancarrota por su incapacidad para enfrentar con éxito las demandas de las secciones sindicales estatales, que cuentan con negociadores profesionales y de amplia trayectoria''.

La federalización de los servicios educativos, proceso en el cual se ha invertido más de una década, indicó, sólo ''depuró'' la centralización de la política educativa nacional creando un ''centralismo burocrático en el que la autoridad educativa federal mantiene bajo su control qué y cómo se enseña, el contenido de los libros de texto gratuitos y las modificaciones a la currícula escolar'', con lo que se homologó la normatividad del sistema educativo nacional, ''pero no se realizó una verdadera descentralización de los servicios educativos'', lo que generó que muchos estados que aún mantienen fuertes lazos con el poder central ''prefieran nadar de a muertito y no ejercer todas sus atribuciones para no tener mayores confrontaciones con el SNTE''.

El especialista señaló que a diferencia del proceso de negociación que derivó en la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en mayo de 1992, ''el contexto político que hizo posible la firma de ese acuerdo era completamente distinto, pues a diferencia del contexto actual hace una década prácticamente no existía ningún gobernador de oposición, y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari simplemente instruyó a los gobernadores sobre el sentido del acuerdo''.

El contraste, insistió el académico, es que hoy enfrentamos una ''grave polarización de todas las fuerzas políticas, sin capacidad de negociación, sin un árbitro que pueda distender el ambiente de confrontación, lo que hace aún más complejo encontrar una salida que beneficie tanto al sistema educativo como al equilibrio en los recursos públicos destinados a la educación''.

Al respecto, Andrés Lozano, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional y coordinador del área de Política Educativa de esa institución, afirmó que si bien la federalización de los servicios educativos ''es una medida apropiada y necesaria, ésta sólo puede aplicarse después de un proceso de consulta y análisis en el que se evalúe la viabilidad y el impacto de la descentralización educativa en el Distrito Federal, pues de lo contrario el debate sólo se centrará en los recursos y no en una visión completa de la enorme complejidad del sistema educativo en la capital del país''.

La descentralización, agregó, ''no puede darse simple y llanamente por decreto, sin un proceso claro en el que participen tanto el gobierno federal como capitalino, pero también la sociedad civil y el gremio magisterial''.

Es ''extraño'', aseguró, que con un discurso de igualdad y federalismo se pretenda dar un trato ''tan desigual al Distrito Federal, sin considerar que al resto de las entidades del país tuvieron acceso a los recursos y el tiempo para asumir sus responsabilidades en los servicios de educación básica, sin imponerlo de un día para otro''.

Reforma al 122

Confía el SNTE en que la capital no resulte afectada

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, se manifestó ayer porque la población capitalina no resulte afectada con la disminución de las participaciones a las que, conforme a criterios de equidad que sustentan el pacto federal, tiene derecho ''la capital de todos los mexicanos''.

Al encabezar una ceremonia donde la Secretaría de Educación Pública basificó a más de dos mil docentes de las secciones sindicales 9, 10 y 11 del Distrito Federal, Ochoa afirmó que por encima de ''disputas'' políticas entre los niveles de gobierno y partidos, los trabajadores de ese gremio seguirán ''exigiendo que no se afecte el derecho educativo de la niñez y la juventud del Distrito Federal; no se dañe la calidad de los servicios, ni se vulneren los derechos del magisterio y de los trabajadores''.

Aseveró que el debate generado a causa de la iniciativa promovida por el PAN y el PRI para la reforma al artículo 122 constitucional -la cual podría discutirse este martes en la Cámara de Diputados- ''ha sido aprovechado por algunos actores y especialistas para ubicar, de manera infundada,'' al SNTE como un ''obstáculo'' en ese proceso.

Por el contrario, dijo, el sindicato ''impulsa, vigila y evalúa'' la descentralización educativa, mas ''no cejará en su lucha para que la educación pública, laica, gratuita, obligatoria, equitativa y de calidad adquiera el rango de genuina política de Estado y se le asigne al Sistema Educativo Nacional un financiamiento creciente y suficiente, independientemente de que se transfieran o no los servicios educativos del Distrito Federal''.

Las declaraciones se dieron a conocer por la tarde a través de un boletín, debido a que la ceremonia donde Ochoa habló ante autoridades federales del sector educativo e invitados fue a puerta cerrada.

Golpea el Ejecutivo al pueblo de la capital, advierte

Se busca imponer el charrismo sindical de Gordillo: CNTE

GABRIELA ROMERO SANCHEZ Y RAUL LLANOS SAMANIEGO

Representantes de ocho secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron en contra de la modificación al artículo 122 constitucional -que hoy se discutirá en la Cámara de Diputados-, en especial por la redacción del tercero transitorio, mediante el cual se pretende imponer al ''charrismo sindical'' encabezado por Elba Esther Gordillo, como interlocutor del magisterio del Distrito Federal.

Jaime Alcázar, de la sección 9 de la CNTE, subrayó que en la actualidad el gobierno federal ''golpea, económica y políticamente al pueblo del Distrito Federal, sin reparar que en su intento de transferir las responsabilidades de financiamiento al gobierno capitalino, desatendiéndose de su obligación de aportar el presupuesto correspondiente, afecta al Sistema Educativo Nacional, particularmente al de la ciudad de México''.

Aseveró que los maestros y las maestras de la CNTE se oponen a la reforma del 122 por considerarla anticonstitucional, al ''plantear el recorte del presupuesto educativo y la imposición del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)''.

En conferencia de prensa realizada en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jaime Alcázar anunció el inicio de una campaña de firmas entre los maestros y padres de familia para exigir la cancelación de la reforma.

De igual manera, explicó, se tendrá una reunión con las secciones 10 y 11 del Distrito Federal para unificar a cerca de 200 mil trabajadores de la educación y definir una acción conjunta. ''Estamos hablando con los padres de familia para que se sumen a la protesta, porque consideramos que no sólo se afectará a la educación, sino a todos los programas sociales.''

Tributo feudal

En la carta que ha empezado a circular entre los padres de familia para su firma, se advierte: ''Consideramos que esta reforma afectará gravemente a los habitantes de la ciudad de México, pues de manera facciosa se pretende aplicar un tributo feudal sin transferir los servicios educativos al Gobierno del Distrito Federal, que significa el recorte de 9 mil millones de pesos a su presupuesto total, que se verá obligado a recortar programas sociales como becas, desayunos, libros de texto y mantenimiento a las escuelas, entre otros''.

Remarca que además se ''pretende imponer a los trabajadores de la educación del Distrito Federal la representación de los charros del SNTE, que no han defendido los derechos laborales y han avalado sistemáticamente una política federal lesiva''.

Acudirán desde temprana hora a San Lázaro

Marcharán trabajadores del GDF contra reformas al 122

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Los 39 dirigentes seccionales del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) marcharán a la Cámara de Diputados y realizarán una manifestación de protesta ante la intención de los legisladores del PRI y PAN de modificar el artículo 122 constitucional y con ello recortar 9 mil millones de pesos a las finanzas públicas locales.

Así lo precisó ayer el vicepresidente de esa organización sindical, Emilio Fernández Allende, quien precisó que había la intención de trabajadores de la Sección 1 de Limpia de acudir al recinto de San Lázaro y tirar basura, pero desistieron de ello ante el llamado de las autoridades capitalinas a evitar caer en ese tipo de acciones.

El también diputado local del PRD mencionó que de darse el recorte presupuestal derivado de la descentralización educativa, varios servicios de esta ciudad se verán afectados, entre ellos el de limpia, pues se contará con menos recursos para adquirir camiones separadores de residuos sólidos e infraestructura para su tratamiento.

Por ello, dijo, "acudiremos desde temprana hora al Congreso de la Unión para externar nuestra inconformidad con los legisladores federales priístas y panistas y exhortarlos a dar marcha atrás a ese dictamen de reformas, pues a los únicos que perjudicarán son a los habitantes de esta ciudad".

Comentó que la tarde de ayer se reunieron los dirigentes de las 39 secciones y acordaron manifestarse, pero sin caer en actos que pudieran tomarse como provocaciones; incluso mencionó que la intención es estar un rato afuera de la Cámara de Diputados y posteriormente acudir a las oficinas del gremio, en Antonio Caso, donde se realizará una asamblea con miras al relevo de la dirigencia en el SUTGDF.