Fuentes judiciales señalan que podría permanecer mes y medio en La Palma

El gobierno federal intenta que Ponce no sea trasladado a un penal del DF

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Mientras la defensa de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, presentó ayer parte de las pruebas con las que busca acreditar que el inculpado no es responsable del delito de lavado de dinero que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) -por el cual fue detenido el pasado sábado y trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México-, fuentes judiciales indicaron que el ex funcionario podría permanecer en ese centro penitenciario por lo menos mes y medio.

Los informantes revelaron que hasta el cierre de esta edición ningún representante de la Agencia Federal de Investigación (AFI) había acudido al juzgado 15 de distrito con sede en el Reclusorio Sur -donde continúa vigente una orden de aprehensión contra Ponce por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita- para notificar oficialmente al titular de ese órgano jurisdiccional, Ranulfo Castillo Mendoza, que el indiciado ya fue aprehendido.

Para las fuentes consultadas, el hecho de que la PGR aún no haya notificado al juzgado 15 de distrito tiene que ver con la oposición del gobierno federal a que Ponce Meléndez sea trasladado del penal de La Palma a un reclusorio del Distrito Federal.

Además, las mismas fuentes no descartaron que la acusación por lavado de dinero, radicada en un juzgado de la capital del país desde principios de septiembre pasado, será resuelta -mediante exhortos judiciales- en el juzgado primero de distrito de Toluca, estado de México, que giró la segunda orden de captura contra el ex funcionario capitalino el pasado 6 de octubre.

Las versiones recabadas ayer comprueban lo que este diario publicó el pasado 6 de octubre -que no fue desmentido- acerca de que la PGR buscaba -mediante herramientas jurídicas y encuentros persuasivos con autoridades judiciales- que fuera un juzgado federal con sede en un penal de máxima seguridad, no un juzgado ubicado en alguno de los reclusorios que se localizan en el Distrito Federal, los cuales son administrados por las autoridades capitalinas, el que determine si el ex funcionario es culpable o inocente del delito de lavado de dinero.

Además, aunque ayer el procurador de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que "no hay nada oculto" en la aprehensión y reclusión de Ponce en el penal de La Palma, una fuente gubernamental aseguró desde la semana pasada a La Jornada que para la PGR era prioritario evitar que el ex secretario de Finanzas quedara a disposición de un centro carcelario dirigido por autoridades capitalinas.

Según el informante, el argumento oficial es que Ponce Meléndez debe ser considerado "un delincuente con la suficiente capacidad económica para corromper a cualquier autoridad" y por ello debe permanecer en un penal de máxima seguridad.

Por su parte, el abogado Juan Enrique Soto Fernández externó que confía en obtener el próximo viernes un auto de libertad para su cliente. "Por eso presentamos desde ayer el primer paquete de pruebas que se irán desahogando en el transcurso de la semana", mismas que están encaminadas a demostrar que la PGR no tiene manera de acreditar que el dinero que Ponce Meléndez gastó en Las Vegas era de procedencia ilícita.

En caso de que el juzgado primero de distrito decrete el auto de formal prisión contra el ex secretario de Finanzas, su defensa interpondría un recurso de apelación ante un tribunal unitario, al tiempo que presentaría otros dos recursos: un incidente de libertad por desvanecimiento de datos y una solicitud de incompetencia, con el argumento de que corresponde a un juez federal de la ciudad de México resolver el eventual proceso contra Ponce Meléndez por lavado de dinero.

El litigante dijo estar convencido de que ganará los dos amparos que solicitó contra las órdenes de aprehensión que se han obsequiado en contra de Ponce, porque "mi cliente nunca cometió fraude ni ha operado recursos de procedencia ilícita".