Exigen enjuiciar a Manlio Fabio Beltrones y Joel Ayala

Piden a fiscalía revisar la negativa de consignación de ex funcionarios

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Ex miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS) presentaron ayer un recurso de revisión en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado respecto de la determinación del fiscal Ignacio Carrillo Prieto de no solicitar el ejercicio de la acción penal contra el diputado priísta Manlio Fabio Beltrones, el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, y otros funcionarios del gobierno del presidente José López Portillo, quienes fueron acusados de incurrir en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones, tortura y ejercicio indebido de la función pública.

Mediante un breve escrito solicitaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) que el asunto sea analizado por un Ministerio Público federal ajeno a la fiscalía, aunque advirtieron: "no confiamos en que la PGR actúe con imparcialidad, pero decidimos agotar todas las instancias legales para que se haga justicia".

José Antonio Vital Galicia, Ana Martínez y Leopoldo Delgado Camacho, denunciantes y ex líderes del sección 14 del SNTS, fueron recibidos ayer en las oficinas de la fiscalía por el agente ministerial Héctor Palacios Amaro, quien les indicó que en las próximas dos semanas sería analizado el escrito.

El pasado 16 de agosto la fiscalía determinó que tres de los actos ilícitos presuntamente cometidos en 1978 en perjuicio de ex trabajadores de la Secretaría de Salud -quienes denunciaron a los ex servidores públicos el 9 de septiembre de 2003- ya están prescritos, mientras que un cuarto delito no se pudo comprobar.

Se trata de los hechos que derivaron en la averiguación previa PGR/303/2003, luego de que los quejosos denunciaron que en 1978 agentes de la Brigada Blanca (grupo paramilitar que dependía de la Secretaría de Gobernación) arrestaron y torturaron a integrantes de la sección 14 del SNTS que realizaban una huelga en demanda de mejores condiciones laborales.

En entrevista, Vital Galicia consideró que los delitos imputados a los presuntos responsables "son considerados por la legislación vigente de lesa humanidad y por ello son imprescriptibles", y refirió que la PGR está obligada a citar a los denunciados y a desahogar las pruebas que constan en más de 900 hojas, "la mayoría de las cuales no han sido tomadas en cuenta".

Finalmente indicó que aún tienen el camino del amparo, "que podría ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación", aunque antes tendrían que esperar a que lo revise un juez de distrito y tres magistrados de circuito.