Luis Hernández Navarro

El fracaso de la descentralización educativa

En agosto de 2003 miles de maestros guerrerenses no pudieron cobrar su quincena. Los bancos rebotaron, por falta de fondos, los cheques de diez por ciento de los mentores. La Secretaría de Educación Pública de la entidad se declaró en quiebra financiera. Tenía un déficit presupuestal de mil 790 millones de pesos.

El gobierno del estado declaró el 19 de septiembre un plan de austeridad y racionalidad. Aunque unas 7 mil 500 escuelas sufrían ya la carencia de recursos para mobiliario, mantenimiento e impermeabilización, fueron víctimas de nuevos sufrimientos. Para ahorrar energía comenzó a apagarse la luz de las aulas a las 3:30 de la tarde. Cerca de 6 mil 500 plazas asignadas se quedaron sin techo presupuestal de la Federación. La contratación de nuevos maestros se canceló. La relación laboral con el magisterio prácticamente se suspendió.

La descentralización educativa en Guerrero es un fracaso. Lo mismo sucede en otras entidades de la República. El abandono financiero de la Federación hacia los estados ha provocado un déficit presupuestal en las secretarías de educación de muchos de ellos. En Chiapas el déficit en octubre del año pasado era de más de mil millones de pesos, y en Michoacán, de 981 millones.

Alrededor de 87 por ciento de los planteles del país destinados a la educación pública primaria no tienen apoyo material o financiero suficiente, y deben ser sostenidos por cooperaciones de los padres de familia. Por todo el territorio nacional florecen el contratismo, la congelación de plazas, el retiro voluntario, el pago con tarjeta de débito, la retención de salarios, los ceses injustificados, la polivalencia en las llamadas escuelas de tiempo completo y la precarización del trabajo docente.

Hace 12 años se acordó la descentralización educativa. Para evitar el rechazo del magisterio que se había opuesto a la iniciativa desde 1979 se recurrió al gatopardismo lingüístico: se le bautizó como Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMED).

La descentralización educativa fue una de las obsesiones centrales de las políticas educativas durante casi tres sexenios. La presión de los organismos financieros multilaterales no fue ajena a este deseo. El diagnóstico oficial asoció el bajo nivel educativo con un sistema centralizado de impartición de la instrucción pública, hasta el punto de equiparar automáticamente transferencia de facultades, competencias y recursos con mejoramiento pedagógico.

La fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la práctica de un sindicalismo viciado permitió al organismo gremial ocupar espacios educativos, contar con un verdadero ejército de aviadores a cuenta de la nómina oficial y masificar la corrupción, entorpeciendo y desvirtuando la misión del magisterio. La federalización fue vista por los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como un instrumento para librarse de esos lastres.

El ANMED dejó fuera al Distrito Federal por dos consideraciones básicas. Primero, porque desde 1989 la disidencia magisterial democrática de la ciudad de México tenía enorme fuerza y beligerancia, y la inclusión de la entidad en el acuerdo amenazaba con provocar un conflicto de enormes dimensiones. Segundo, porque el DF no era -ni es- un estado más. No cuenta con las facultades y competencias de los 31 estados de la República. De hecho, en aquellos años sus autoridades eran designadas y no electas. Es, además, la sede de los poderes centrales.

La iniciativa no fue una propuesta de los estados, sino del gobierno federal. No respondía a las necesidades de las entidades, sino a la visión del centro. Esto se reflejó en su aterrizaje. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Educación (Comunicado 7, La Jornada, 24 de abril de 1999) lo que se puso en práctica realmente fue "descentralización centralizadora", conducida con lógica centralista e inequitativa, en la que la Federación nunca pretendió perder el control del proceso educativo. Se trató de una medida más administrativa que pedagógica. A final de cuentas se exigió a los gobiernos locales que hicieran con menos dinero lo que la SEP con más recursos nunca pudo realizar.

Los resultados están a la vista. De entrada, los privilegios de la burocracia sindical del SNTE no sólo no disminuyeron, sino se incrementaron, como muestra el creciente poder político de Elba Esther Gordillo. El ANMEB ofreció a los trabajadores de la educación homologar salarialmente al alza, en un plazo de 12 meses, a quienes provienen del sistema federal y a quienes trabajan para el gobierno estatal. Por supuesto, eso no sucedió, sino que, por el contrario, las diferencias de prestaciones entre los mentores del país, dentro del mismo estado y fuera de él, han aumentado dramáticamente.

A 12 años de distancia la federalización sigue sin concluirse en la inmensa mayoría del país. Subsisten en las entidades dos subsistemas educativos, el federalizado y el estatal. Por supuesto, los contenidos educativos regionales que se han implementado son muy limitados. Se transfirieron los problemas, no las soluciones.

La modificación al 122 constitucional que pretende aprobar la alianza de PRI, PAN y PVEM ignora el fracaso de la descentralización educativa. Y, en el colmo de la irresponsabilidad legislativa, se exige a los capitalinos pagar por partida doble el costo de la educación pública sin que se le transfiera el servicio.

Las movilizaciones de los maestros de provincia hacia la ciudad de México se han hecho recurrentes. La federalización de la enseñanza básica es, en mucho, responsable de ellas. Pero esas protestas no son nada, al lado de las que se anuncian con la reforma al 122 constitucional. Si lo que los legisladores pretenden es hacer crecer la ira magisterial -junto a la de los capitalinos-, lo están haciendo muy bien.