Necesidad impostergable, aprobar una ley sobre bioseguridad: agroindustriales

Exigen Greenpeace y grupos campesinos etiquetar los productos transgénicos

Grandes empresarios y tiendas departamentales, contra la medida; encarecería alimentos, aducen

MATILDE PEREZ U.

Al intensificarse la discusión en torno a la producción y consumo de los organismos genéticamente modificados (OGM), Greenpeace inició una campaña entre sindicatos, organizaciones campesinas y civiles para exigir la etiquetación de aquellos. En el seno de la Cámara de Diputados, PRI y PRD mantienen posturas encontradas en torno a la aprobación de la ley de bioseguridad, mientras agroindustriales apuntaron que la aprobación de dicha ley "es una necesidad impostergable".

Arely Carreón, responsable de las campañas de consumidores y de ingeniería genética de Greenpeace, insistió en la urgencia de que se etiqueten los productos genéticamente modificados destinados al consumo, pues en el país hay 25 tipos de transgénicos y en el maíz importado hay 45 por ciento de elementos transgénicos, pero "los comemos sin saberlo".

En la campaña ¿Sabes lo que comes?, Greenpeace destaca que los ciudadanos tienen derecho a saber y a decidir si quieren o no comer productos transgénicos; "esa decisión no la deben tomar ni las empresas ni los gobiernos sino los ciudadanos", apunta.

Carreón explicó que los transgénicos no se pueden reconocer a simple vista; por eso "no es posible identificar si en los alimentos que adquirimos en los supermercados hay elementos transgénicos, por ello la demanda de que el etiquetado sea obligatorio".

Hace dos décadas, recordó, los biotecnólogos empezaron a identificar genes y algunas características que se relacionan con ellos y a experimentar; los primeros OGM costaron 6 mil millones de dólares debido a que fueron los primeros ensayos de sacar un gen de un organismo para llevarlo a otro ser vivo, logrando trasladar una característica nueva que jamás habría llegado allí en forma natural.

La biotecnología, abundó, logró superar la barrera entre los reinos vegetal y animal, como los casos del maíz Bt y el jitomate que para resistir el frío fue modificado con un gen de un pez. A partir de entonces las grandes empresas trasnacionales financian investigaciones para patentar los organismos y cobrar por su uso; 90 por ciento del mercado lo controla la compañía Monsanto, la cual ya patentó la soya.

"El problema es qué pasa con un bien común como son las semillas, pues se transforman en una mercancía controlada por grandes empresas. Se dice que ellas acabarán con el hambre en el mundo -el mismo argumento se expuso durante la revolución verde- y superarán las barreras ambientales como suelos empobrecidos, salinos, con poca humedad, climas extremos. Sin embargo, las investigaciones están orientadas a hacer semillas resistentes a los agroquímicos."

En el ámbito internacional, mencionó, también hay campañas para detener los cultivos de transgénicos hasta que las regulaciones internacionalmente acordadas se hayan puesto en práctica y existan claros beneficios para los consumidores, agricultores, campesinos y medio ambiente. Hasta el momento, cerca de dos tercios de los cultivos de transgénicos se concentran en Estados Unidos y sólo 10 por ciento en otros países; entre los agricultores que se han sumado a dichas acciones están los tailandeses, ya que su economía se ha afectado por la introducción de papaya transgénica no autorizada y por el temor a la contaminación a sus campos de cultivo.

Por su parte, pueblos indígenas nahuas y totonacas de la sierra norte de Puebla demandaron a la Cámara de Diputados efectuar una consulta pública que incluya a los campesinos pobres, en torno a la ley de bioseguridad. "Nosotros desconocemos los mecanismos de negociación y los intereses que puedan tener el gobierno y los empresarios con respecto a los organismos genéticamente modificados que pueden estar afectando a nuestras semillas y a nuestro pueblo", asentaron en un escrito que enviaron a los legisladores.

"La introducción de semillas transgénicas amenaza nuestras raíces como pueblo indígena y enferma nuestros corazones junto con nuestros maíces nativos", afirman en su escrito. A los diputados les pidieron que dentro de la ley de bioseguridad abran un apartado especial para el maíz, cultivo que "merece respeto y tratamiento especial porque es el sustento y da sentido a la vida de los pueblos indígenas; no queremos depender de las semillas de laboratorio ni de las empresas agrícolas nacionales y trasnacionales que están poniendo en peligro y sacrifican al maíz nativo".

En cambio, para los agroindustriales el desarrollo de la biotecnología agrícola es uno de los "detonadores del desarrollo sustentable de la industria agroalimentaria (...) Existe evidencia científica contundente que permite garantizar la seguridad de los OGM (...), y por ello recientemente la Unión Europea decidió aprobar 17 variedades de maíz genéticamente modificado".

En un escrito que en septiembre pasado entregaron a los legisladores, los representantes de la Concamin, Consejo Nacional Agropecuario, Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, Cámara Nacional de Maíz Industrializado, Agro Bio México, Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios de México y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos se pronunciaron en contra del etiquetado de los transgénicos.

"El etiquetado no aportaría información relevante para el consumidor y sí lo alertaría sobre un supuesto riesgo carente de todo fundamento. Es una acción promovida por algunas organizaciones que se han propuesto instrumentar una campaña de miedo hacia la biotecnología y los OGM sin ninguna base o sustento científico", asentaron.

Agregaron que dicho etiquetado elevaría 30 por ciento el costo final de varios alimentos básicos y otros productos. Insistieron en que la ley de bioseguridad, como fue aprobada por mayoría en el Senado, garantiza que la industria cuente con un marco regulatorio claro y genera certidumbre para las inversiones en investigación, adopción de tecnología y aplicación de técnicas específicas que beneficiarían al medio ambiente, ya que disminuiría el uso de fertilizantes y plaguicidas.

En esta discusión, los diputados del sector campesino de la CNC se han inclinado más por la postura de los agroindustriales, mientras los del PRD se pronuncian por una consulta pública campesina y por modificar la ley de bioseguridad, para que incluya el etiquetado de los productos transgénicos y posiblemente un apartado especial para proteger al maíz.